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Tres detenidos durante las protestas contra la nueva ley del aborto

Alberto Ruiz-Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón

La reforma limita el aborto al riesgo para la salud de la madre y a la violación, y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de interrumpir su embarazo

«No habrá pena alguna, ni privativa de libertad, ni de multa, ni siquiera con carácter subsidiario, para las mujeres que aborten, a diferencia de lo que ocurre en la legislación actual», dice Gallardón

Tres personas fueron detenidas ayer durante una concentración que congregó a unas 300 personas, según fuentes policiales, ante la sede del Ministerio de Justicia después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la reforma de la ley del aborto.

La Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada sustituirá a la actual legislación que permite la libre interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reforma establece dos supuestos para la despenalización del aborto: que sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer o que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo contra la libertad o la integridad sexual de la mujer. Las mujeres podrán abortar en los casos de violación hasta las doce semanas y con denuncia previa de la agresión sexual y cuando exista riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, que deberá ser acreditado por dos especialistas, hasta la semana 22.

«Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina de hasta tres sentencias del Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida del no nacido de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección», ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que defiende la reforma afirmando que con esta norma se «recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985» entre la protección del nasciturus y los derechos de las gestantes. Además, resalta que la reforma «libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal», al tiempo que obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de interrumpir su embarazo.

La reforma establece que cualquier discapacidad o anomalía del feto o el embrión no supone «en sí misma una disminución de los derechos de protección del no nacido«. Para poder abortar en estos casos, la anomalía deberá causar un daño psíquico o físico en la mujer y tendrá que quedar probado en un informe médico al que deberá acompañar otra acreditación médica de la malformación del feto incompatible con la vida.

La reforma mantiene los requisitos generales existentes para interrumpir el embarazo e incorpora cuatro nuevos:

– Que el aborto sea necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma.

– Que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo, no irreversible pero si importante y duradero para su salud tanto física como psíquica.

– Que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías con un informe motivado, emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente que deberán ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde se vaya a producir. Si existe peligro para la mujer en un caso de urgencia no será necesario este informe. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida se precisa un informe sobre la madre, más otro informe sobre el feto.

– La interrupción del embarazo sólo podrá practicarse más allá de las 22 semanas en el caso de que exista un peligro vital para la madre o se derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes.

El anteproyecto regula también la objeción de conciencia de los profesionales. Gallardón, que ha aclarado que la reforma no ha causado divergencias en el seno del Ejecutivo, ha explicado que la reforma prevé penas para los médicos que realicen abortos fuera de los supuestos establecidos, que serán de uno a tres años de cárcel para los facultativos que los practiquen con consentimiento de la mujer, y de 4 a ocho años de prisión si se hace bajo amenaza o engaño.

La reforma de la ley del Aborto ha provocado el rechazo de la oposición y de numerosos colectivos que ven una «involución» de 30 años, mientras que las asociaciones provida creen que se ha dado un paso adelante en la defensa de la vida. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha cargado desde su cuenta de facebook contra la reforma y se ha comprometido a defender la «libertad de las mujeres» y a «recuperarla cuanto antes si el PP cumple su amenaza». En su opinión, la reforma es consecuencia de «la presión de los sectores ultraconservadores cercanos al PP». Por su parte, Elena Valenciano ha anunciado que apelará a la «conciencia y sensibilidad de las 76 diputadas del PP» para tumbar este anteproyecto de ley, y reclama el aborto libre.

Desde el Partido Popular, la secretaria nacional de Educación e Igualdad de los populares, Sandra Moneo, asegura que «la conciencia de las mujeres del PP está muy tranquila porque con la ley presentada por el Gobierno se defiende a la mujer y al no nacido«. Y Cayo Lara, de IU, ha advertido de que «dará la batalla si esta contrarreforma sigue adelante». Para Lara «la reforma supone una involución de 30 años en los derechos de la mujer».