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Tras el 9 de mayo el Supremo validará las restricciones

Moncloa

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, han anunciado las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

Definitivamente, el Gobierno no prorrogará el actual estado de alarma como pedían algunos presidentes autonómicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que permitirá a los gobiernos autonómicos acudir al Tribunal Supremo para que decida sobre la validez de los recursos judiciales que se presenten contra las restricciones de movilidad decretadas en sus territorios a partir de que expire el estado de alarma el 9 de mayo.

El actual estado de alarma se aprobó el 25 de octubre de 2020 y fue prorrogado en octubre del año pasado hasta las 00:00 horas del próximo 9 de mayo.

Durante todo este tiempo las restricciones impuestas en unas regiones y otras han estado bajo el paraguas de este estado de alarma nacional.

A su término, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende ‘facilitar’ a los gobiernos autonómicos una vía única para interponer recursos de casación ante el Supremo cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) tumben aquellas de sus medidas que impliquen limitación o restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es importante recordar que el pasado verano, tras el fin del primer estado de alarma, algunas medidas decretadas en algunas regiones eran tumbadas por los TSJ respectivos mientras las mismas restricciones entraban en vigor en otras Comunidades Autónomas sin oposición de la Justicia. Esto originó grandes diferencias entre los habitantes de unas regiones y otras. Por este motivo la mayoría de los presidentes autonómicos han estado reclamando un ‘plan b’ para después del estado de alarma.

Sin embargo, el Gobierno considera, a pesar de las críticas de los presidentes regionales, que con la Ley de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hay marco jurídico suficiente para hacer frente a la crisis sanitaria a partir del próximo domingo.

El Real Decreto-ley, de quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, también extiende algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma. Entre ellas destacan las medidas urgentes relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España, la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables, así como la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre.

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