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Tráfico perseguirá por la vía penal las manipulaciones del tacógrafo

Tacógrafo Fenadismer

Manipular el tacógrafo puede salir caro…

La Fiscalía Especializada en Seguridad Vial califica como punible penalmente la colocación de imanes, la duplicación de sensores de movimiento, el hackeo del software del tacógrafo o la utilización de discos diagramas o tarjetas de conductor falsificadas o a nombre de otro

La Federación de Transportistas lo considera desproporcionado

La Fiscalía Especializada de Seguridad Vial ha remitido a todos los cuerpos de vigilancia e inspección de tráfico y transporte, tanto estatales como autonómicos, un oficio que puede leer aquí con instrucciones a seguir a partir de ahora en relación a la manipulación “fraudulenta” del tacógrafo.

Recientemente, el Tribunal Supremo sentó doctrina al considerar que determinadas actuaciones relativas a la manipulación del tacógrafo deben ser tramitadas por vía penal y no por vía simplemente de sanción económica de carácter administrativo como hasta ahora.

En una sentencia dictada el pasado 22 de enero, el Supremo fijó criterio sobre este asunto ante la existencia de sentencias contradictorias en varias Audiencias Provinciales. Los magistrados superiores concluyeron que en el caso planteado se produjo un delito de falsedad documental, sancionable penalmente conforme al artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2º del mismo texto legal. Este último artículo describe como una de las modalidades del delito de falsedad documental “simular un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad”.

Así, sobre la base de considerar la protección de la seguridad vial como el principal bien jurídico protegido, el Tribunal Supremo considera como “merecedora de calificación jurídica penal como delito de falsedad en documento oficial”  toda aquella manipulación fraudulenta de un tacógrafo que dé “como resultado la alteración de los registros del instrumento, realizada con la finalidad de sortear los controles policiales y administrativos”. En definitiva, «que los registros del tacógrafo son documentos oficiales que tienen efectos jurídicos-penales».

En este sentido, el Tribunal Supremo considera registro o datos esenciales del tacógrafo los relativos a los tiempos de conducción y descanso, la velocidad y la identidad del conductor.

Así, entre los procedimientos de manipulación fraudulenta que la Fiscalía considera delictivos cita, entre otros, las alteraciones técnicas de los parámetros de calibración en los neumáticos o la caja de cambios, la colocación de imanes, la duplicación de sensores de movimiento, el hackeo del software del tacógrafo o la utilización de discos diagrama falsificados o a nombre de otro conductor.

La Fiscalía descarga sobre el propio conductor la autoría del delito y esto no concuerda con la realidad del transporte. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (FENADISMER) piden que no se olvide que puede haber otros responsables relacionados con la manipulación, como la empresa transportista titular del vehículo, el taller donde se hubiera instalado el mecanismo de manipulación o incluso la empresa cargadora que contrató el porte.

Frente al planteamiento simplista de la Fiscalía, FENADISMER considera que la manipulación del tacógrafo supone un claro supuesto de competencia desleal para el resto de transportistas y como tal debe ser sancionado severamente en vía administrativa, pero ve desproporcionado castigarlo en vía penal si no lleva aparejado un riesgo real a la seguridad vial.

«Debe tenerse en cuenta que la calificación de manipulación del tacógrafo es realizada exclusivamente por el agente en carretera, por lo que en ocasiones, simples deficiencias técnicas o errores involuntarios pueden ocasionar situaciones de indefensión al transportista», argumentan en la Federación, que vigilará las consecuencias jurídicas que este cambio de criterio pueda representar.

De acuerdo con el Observatorio Social del Transporte por Carretera correspondientes a 2018, el número de tacógrafos existentes a 31 de diciembre de 2018 eran 525.470 de conductor, 2.732 de organismos de control y 100.851 de empresa. En el año 2017 el número total de vehículos de mercancías obligados a llevar tacógrafo era de 393.989 de los que en transporte público de mercancías había 236.866 vehículos pesados y 31.349 vehículos ligeros.

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