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Siguen aumentando los desahucios

PAH

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se reunió la PAH el pasado 14 de septiembre

Los desahucios por impago de alquiler llegan a niveles de 2013

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año se han producido 17.152 nuevos desahucios. Más de 33.000 en los 6 primeros meses de 2018.

Suben los lanzamientos con respecto al trimestre anterior, tanto los derivados de impago de hipoteca (5.672), como los de impago de alquiler (10.491); los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa).

Entre abril y junio se abrieron 20.526 procesos ejecutivos. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) alertan de que estos datos demuestran que «la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene tintas de marcharse».

La PAH reclama al Gobierno que deje la política continuista en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por el ex ministro de Economía Luis de Guindos), que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «pinche la burbuja del alquiler» obligando a las socimis a  pagar impuesto de sociedades y que penalice fiscalmente a los grandes tenedores de vivienda -fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias- por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, «hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra».

Exigen también la tramitación y aprobación urgente de la «Ley de Vivienda de la PAH», que contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética.

El próximo día 17 finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética que el Congreso tomó en consideración el pasado 18 de septiembre. En la Plataforma estarán «muy pendientes» de las enmiendas que presenten los diferentes grupos políticos al texto de esta Ley.

También Amnistía Internacional (AI) denuncia este lunes que han aumentado los desahucios por impago de alquiler hasta llegar a niveles de 2013. Para Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España, «resulta muy preocupante comprobar que la crisis de la vivienda sigue sin resolverse en España, dejando desamparadas a miles de personas».

La organización resalta que los desalojos por impago de alquiler han aumentado en un 7,36% respecto al primer trimestre de 2018 y los producidos por ejecución hipotecaria han subido un 5,31%.

Mendiola considera necesario «incrementar de manera urgente los recursos para aumentar el parque de vivienda social y adoptar medidas sobre las viviendas vacías. No puede ser que España cuente con un número tan elevado de viviendas vacías en España (3,44 millones, según el censo de 2011, el 30% de las existentes en Europa), un importante recurso potencialmente disponible que las autoridades públicas pueden y deben usar para garantizar el derecho a la vivienda».

AI señala además que estas cifras se dan en un momento en el que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado de manera alarmante: el año pasado se produjo la mayor subida de los precios de alquiler en los últimos 11 años, y durante el segundo trimestre de 2018 se ha incrementado un 2,4%, dejando el precio por metro cuadrado en 10,8 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista.

Otros informes recientes sitúan el Índice de Esfuerzo Inmobiliario en 7,7 años de sueldo para la adquisición de una vivienda media, lo que supone entre 3 y 4 meses más de lo que costaba hace un año. «Cuando los salarios no están creciendo a ese mismo nivel, el resultado es que las personas no pueden soportar ese incremento de precios y la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un lujo», lamenta Mendiola.

En ese sentido, además, la organización ha recordado que el Comité DESC le pidió este año a España que «adopte las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos y revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones necesarias a fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia».

«También es importante conseguir una mayor coordinación entre juzgados y autoridades municipales para que quienes no dispongan de recursos tengan asegurada una vivienda alternativa en caso de desalojo. El derecho a la vivienda en un derecho humano, nadie puede quedar en la calle como consecuencia de esta situación», concluye Mendiola.

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