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Seis presidentes regionales exigen una financiación autonómica a 17

CCAA

García-Page, Fernández, Lambán, Núñez Feijóo, Ceniceros y Herrea, hoy en Zaragoza

Piden que se tenga en cuenta la dispersión de la población, que hace que en un lugar poblado como Fuenlabrada hagan falta cinco centros de salud y en la provincia de Cuenca, con la misma población, 50

Los presidentes de Galicia, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja quieren que el nuevo sistema de financiación sea acordado entre las 17 autonomías.

Alberto Núñez Feijóo, Francisco Javier Lambán, Javier Fernández Fernández, Emiliano García-Page, Juan Vicente Herrera y José Ignacio Ceniceros se han reunido este lunes en Zaragoza para presentar públicamente sus “exigencias” al futuro del sistema de financiación autonómica.

Lambán, que ha hecho de anfitrión, ha explicado que el contenido del acuerdo alcanzado gira, básicamente, en torno a la estrategia contra la despoblación.

Los seis dirigentes -tres del Partido Popular y tres del PSOE- exigen que dicha financiación sea acorde al coste real de los servicios. Y que tenga en cuenta variables como la dispersión y la orografía que explican por qué en un lugar poblado como Fuenlabrada hacen falta cinco centros de salud y en la provincia de Cuenca, con la misma población, hacen falta 50.

Por ello, reclaman criterios ponderados de distancia y de oportunidades para el reparto de fondos que garanticen los mismos derechos de los ciudadanos, allá donde vivan.

Los reunidos en Zaragoza han puesto en valor la puesta en marcha del Estado autonómico, que ha sentado muy bien a sus regiones: juntas, suman 4.463 municipios, el 55% de España, más de la mitad del territorio nacional, el 52,8% de la superficie y, sin embargo, no alcanzan más que el 21% de la población nacional.

Este “movimiento”, que empezó en Oviedo con tres presidentes autonómicos y más tarde se amplió a cuatro, ya aglutina a seis Autonomías que se presentan como “la expresión de la España constitucional, la que fomenta la cooperación entre comunidades para hacer país”.

Dicen impulsar un nuevo modelo de financiación regional fundamentado en el pleno respeto al principio de igualdad de la Constitución, que señala que todos los españoles tienen los mismos derechos, con independencia de dónde vivan (artículo 139.1) y que las diferencias entre los distintos Estatutos no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales (artículo 138.2).

En el documento suscrito los seis presidentes regionales defienden una negociación del modelo de financiación a 17, es decir, fruto de un acuerdo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este sentido rechazan contundentemente los tradicionales acuerdos bilaterales que favorecen a comunidades como País Vasco o Cataluña.

Advierten de que intentan ayudar al Gobierno de España frente a “las presiones de otros que quieren quebrantar la cohesión de España, aumentar las brechas entre territorios y provocar injusticias cada vez más irreversibles”.

“Somos la España vacía”, ha dicho Lambán, que ha criticado las “letanías” de los nacionalistas periféricos que amparándose en supuestos perjuicios del Estado centralista han sido los más beneficiados por las políticas desde principios del siglo XVIII.

Para hacer frente a un mejor reparto de la financiación, los seis presidentes exigen, para empezar, la asunción total por parte del Gobierno central de la liquidación completa del IVA de 2017, después de que el anterior Ejecutivo excluyera el mes de diciembre, a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio del sistema de gestión del impuesto.

El presidente de La Rioja ha afirmado que este impuesto supone el 80% de los ingresos ordinarios de las Comunidades reunidas y por ello es vital su aportación. La previsión de liquidación 2017 sólo incluye 11 mensualidades de IVA, cuando debería incluir la totalidad del año. El Gobierno recauda el IVA de todo el ejercicio 2017 y cede el 50% a las CCAA. Pero si no incluye la última mensualidad el Gobierno de España va a disponer de unos ingresos que corresponden a las CCAA.

En todo caso, el nuevo modelo de financiación autonómica debe reforzar los siguientes principios:

– La garantía de la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios, garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea.

– El nuevo sistema de régimen común debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas.

– La corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, dotando al sistema autonómico de mayores recursos.

– La potenciación del principio de suficiencia garantizando que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro. El sistema debe garantizar la suficiencia dinámica a través de la vinculación de los recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de los ingresos tributarios totales del Estado.

– Debe definirse un sistema de nivelación total, que garantice la suficiencia para todos los servicios asumidos. Para ello existirá un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas.

– La incorporación de la cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma.

– La potenciación de los mecanismos de nivelación, a través de una dotación suficiente de estos mecanismos.

En desarrollo de los principios de suficiencia estática y dinámica y de nivelación, las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales. Mientras se utilice un sistema de aproximación indirecta deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, entre otros.

– La evaluación de las necesidades reales se realizará de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales.

– Se evaluará de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia. El cálculo de las necesidades reales se realizará teniendo en cuenta las siguientes variables: número de personas dependientes atendidas, grado de dependencia, tipo de prestación y dependientes potenciales y la dispersión territorial. La financiación deberá ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en la Ley de Dependencia, y se realizará conforme se establece en el Informe de la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de Dependencia.

– Se evaluará de forma especial el déficit en la financiación del gasto sanitario y la dinámica de crecimiento de este gasto. En particular el gasto sanitario se ponderará en función de su peso actual en el gasto real de las Comunidades Autónomas, y se financiará ajustando la variable grupos de edad del gasto sanitario, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85 años) y aumentando su ponderación, tal y como viene evidenciando la dinámica de este gasto. Además se realizarán revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.

– Se tendrán en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas, así como garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención a la inversión en políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y de apoyo a la natalidad y a la dotación de recursos para el desarrollo rural dado su carácter transversal y su incidencia en la vertebración del territorio.

– La evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual incorporados en el actual sistema de financiación, así como la puesta en marcha de los grupos de trabajo correspondientes para la determinación del coste efectivo de los servicios.

– La plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios, debiendo éstas ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberán procederse a la evaluación, en el marco del principio de lealtad institucional previsto en el actual sistema, de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos.

– La redefinición de la recaudación normativa de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden, y que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su autonomía financiera, asuman la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa. En este sentido, debería impulsarse una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos (como ya sucede con el IRPF), garantizando una recaudación homogénea en todo el territorio que sirva como elemento de apoyo a las necesidades de gasto y fomente la corresponsabilidad fiscal, y que eviten las situaciones de competencia desleal, especialmente en los tributos que inciden en la fijación del domicilio fiscal.

– La potenciación de las políticas de desarrollo regional y en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad a través de recursos adicionales a los del sistema de financiación, mediante una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto.

– La reforma del sistema de financiación deberá abordar la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las Comunidades Autónomas.

– La evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas. Asimismo consideran necesario que se aborde la necesaria reforma de la financiación local, realizando una valoración conjunta de su suficiencia junto con la de la comunidad autónoma para cada territorio.

Asimismo, consideran que las Comunidades Autónomas necesitan mejorar sus recursos para poder prestar unos servicios públicos de calidad con carácter inmediato, más teniendo en cuenta que en la previsión de liquidación de 2017 comunicada en julio pasado, no se ha tenido en cuenta la incidencia del cambio del sistema de gestión del IVA.

Y en el ámbito europeo, reclaman al Gobierno de España que luche contra la despoblación en el debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo posterior a 2020. Es necesario que “no primen únicamente criterios de reparto per cápita”. El presidente gallego, Nuñez Feijóo, ha ironizado con el hecho de que Europa, el continente más envejecido del mundo, al que España ha transferido parte de sus competencias, no defienda precisamente esta forma de abordar el problema.

Finalmente, plantean una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y Fondos de la Unión y en los que, junto con la PAC entre otras, la Política de Cohesión juega un papel fundamental, para creación de empleo, promoción de la actividad económica, fomento de la l+D+i, acceso a infraestructuras, particularmente de TIC o dotación de servicios básicos del Estado de Bienestar, etc.

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