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Se consuma el traspaso de Prisiones al País Vasco

Miquel Iceta

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad vasco, Josu Iñaki Erkoreka

La transferencia será efectiva a partir del 1 de octubre

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha firmado esta mañana en Bilbao el traspaso de cuatro nuevas competencias al País Vasco.

Entre ellas destaca la transferencia de Instituciones Penitenciarias por la que, a partir del próximo 1 de octubre, quedará en manos de la comunidad autónoma la gestión de las cárceles de Bilbao (Basauri), Álava (Zaballa) y San Sebastián (Martutene), que revertirá al Estado español cuando se construya la prisión de Zubieta, prevista para la primavera de 2023.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre. Ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.

El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos que actualmente trabajan en las tres prisiones vascas. Alrededor de trescientos en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a doscientos. La mayoría son funcionarios, aunque también hay laborales.

El traspaso se valora en 1.120 millones de euros, por lo que la Hacienda vasca retendrá anualmente para financiar las funciones y servicios asumidos (reduciendo el 6,24% del Cupo vasco), la cantidad anual de 69.949.977 euros.

País Vasco se suma así a Cataluña, única región de España que tiene la competencia sobre los presos, sus regímenes y sus permisos.

Iceta ha justificado el traspaso de esta competencia ‘en la descentralización política y administrativa, que fortalecen el autogobierno y son imprescindibles para el desarrollo del Estado de las autonomías’.

Además de la transferencia de Prisiones -la normativa penitenciaria seguirá siendo competencia estatal y común en toda España-, también se ha acordado el traspaso en materia de transportes por carretera; las funciones correspondientes para otorgar códigos internacionales de identificación de las publicaciones seriadas (ISSN) a las empresas radicadas en el País Vasco; y un edificio en el puerto de Ondarroa (Bizkaia), que fue anterior sede del Distrito Marítimo.

Con estos nuevos traspasos son 10 los ejecutados desde diciembre de 2018, cuando, tras apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, el Partido Nacionalista Vasco consiguió que el Gobierno central retomara los traspasos después de siete años. El ministro ha destacado ‘la voluntad del Gobierno en avanzar en el desarrollo del Estatuto de Gernika’.

El parlamentario de PP+Cs, Luis Gordillo, espera ‘que las cárceles vascas no se conviertan en un resort para los presos de ETA’. Gordillo ha salido así al paso de las declaraciones de la consejera vasca Beatriz Artolazabal, quien ha usado la expresión ‘nuevo modelo penitenciario’ para referirse a la firma de la transferencia de las prisiones al Gobierno vasco.

Populares y liberales exigen que el traspaso de la competencia de presiones al Gobierno vasco ‘no se convierta en un traje a medida para presos de ETA’. Según el parlamentario de la coalición constitucionalista, ‘los gobiernos central y vasco deben aclarar que la estrategia de acercamiento de presos de la ETA de los últimos meses justo en puertas de la firma de este traspaso no está relacionada’. Al menos, ha apuntado, para ‘tranquilizar a las víctimas del terrorismo y a miles de vascos preocupados’ por este asunto.

‘En Cataluña se ha visto muy claro que la gestión de prisiones en manos de los nacionalistas conduce a la existencia de presos de primera y de segunda, ha criticado Gordillo que no quiere ‘otro Lledoners en Euskadi’, en relación a la cárcel catalana donde los condenados por liderar el ‘golpe’ del 1 de octubre de 2017 cumplen sus penas

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