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Sánchez pasa en un mes de acoger inmigrantes a expulsarlos ‘en caliente’

Interior

Los ‘ilegales’ salen de España en avión o autobús

El Gobierno expulsa a los 116 inmigrantes que saltaron violentamente el miércoles la valla de Ceuta

Amnistía Internacional traslada al Ministerio de Interior su preocupación sobre esta operación insólita

El Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto este jueves a Marruecos a los 116 inmigrantes que el miércoles cruzaron la valla de Ceuta hiriendo a siete guardias civiles.

El Ejecutivo les ha aplicado expedientes de expulsión «exprés» en virtud de un acuerdo que España mantiene desde 1992 con Marruecos que prevé la expulsión en menos de 10 días de los ciudadanos de terceros países que entren ilegalmente en España desde Marruecos.

Amnistía Internacional (AI) reprocha este cambio de postura de Pedro Sánchez, que ha pasado de acoger hasta 600 inmigrantes que vagaban por el Mar Mediterráneo hace un mes a ordenar expulsiones «en caliente» en autocares.

Esteban Beltrán, director de AI España, cree que estas prácticas «podrían suponer una violación de derechos humanos» puesto que a la velocidad con la que se ha llevado a cabo -tan solo un día de diferencia entre la entrada y la salida- «difícilmente se puede garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías, con asistencia letrada y de intérprete, una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI».

La cooperación permanente entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio preocupa a Beltrán por las «reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos» que se producen en Marruecos.

AI entiende que el acuerdo sobre el que se ha basado la expulsión de los 116 inmigrantes permite enviar a los inmigrantes a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje, en caso de no tener derecho a permanecer en territorio marroquí. En este caso, los inmigrantes devueltos a Marruecos ayer habrían sido expulsados de manera ilegal, vulnerándo el principio de no devolución (art. 3 Convenio Europeo de Derechos Humanos; art. 57.6 de la Ley de Extranjería).

Amnistía Internacional llama al Gobierno español a suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio. Al menos, dicen, «hasta que este país respete plenamente los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo».

Desde el Ejecutivo no quieren ni oír hablar de «insultar» de esa manera a Marruecos, pieza clave en la contención de los inmigrantes ilegales que se dirigen a la Unión Europea a través de España. El Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, recordó ayer que la entrada de los 116 subsaharianos se produjo de manera «ilegal y violenta» y que legalmente su situación es «muy distinta de los que son rescatados en el mar».

Que la situación actual en las fronteras españolas es preocupante los confirmó ayer el director ejecutivo de Frontex, la agencia europea de fronteras y guardacostas, Fabrice Leggeri, quien confirmó que desde junio España es la principal ruta de entrada de migrantes a la UE. Hasta el 15 de agosto entraron en España 29.541 inmigrantes ilegales.

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