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Sánchez confirma que acercará los presos etarras al País Vasco

Moncloa

Sánchez se dirige, detrás de Merkel, a la rueda de prensa (Foto: Moncloa/ Fernando Calvo)

Hay más de 300 asesinatos sin resolver y los terroristas se niegan a colaborar con la Justicia para esclarecerlos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes en Berlín que revisará la política penitenciaria para favorecer el acercamiento de los etarras presos a cárceles del País Vasco.

Lo que ayer se vislumbró tras la reunión que tuvo en Moncloa con el lehendakari, Íñigo Ukullu, lo ha ratificado Sánchez durante una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel. El jefe del Ejecutivo ha argumentado que la realidad ahora es «completamente distinta» ya que «la democracia derrotó a ETA».

Las reacciones no se han hecho esperar. El portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, ha acusado a Pedro Sánchez de «vender España a cambio del acercamiento de los presos de ETA».

«Estos son los precios que el PSOE tiene que pagar a los independentistas, al PNV y a Bildu», ha denunciado Hernando, que ha recordado que el lehendakari, Íñigo Urkullu, salió ayer muy contento de Moncloa «porque le van a transferir 37 competencias».

Sin embargo, lo que ahora preocupa a los populares es que Sánchez esté dispuesto a cambiar la política penitenciaria para ayudar a aquellos presos que no han colaborado con la justicia. «Es una falta de respeto para las víctimas», ha clamado el portavoz del PP.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha lamentado que los acuerdos Sánchez-Urkullu sean «el inicio de un precio que hay que pagar a cambio del sillón de La Moncloa». Y ha recalcado que el acercamiento de presos que no han cumplido con los requisitos del arrepentimiento y la colaboración con la justicia supone «un ultraje a las víctimas».

También la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, considera «una traición al Estado y a las víctimas del terrorismo» que el nuevo Gobierno considere negociar el acercamiento de presos de ETA con el Gobierno vasco.

«Ahora entendemos, por desgracia, la abstención del Partido Socialista de Navarra (PSN) en la Declaración Institucional que presentamos hace quince días en el Parlamento de Navarra, en la que pedíamos al nuevo Gobierno de España que no modificara la política penitenciaria», ha indicado.

Beltrán ha recordado que «llevamos mucho tiempo preguntándonos a cambio de qué votó el PNV la moción de censura contra el Gobierno del PP, y ahora estamos viendo las consecuencias: la primera, que Pedro Sánchez ha aceptado negociar con un partido y con un gobierno autonómico el cambio de la política penitenciaria que afecta a todo el país, permitiendo una vez más que los nacionalismos definan la política de España, algo intolerable».

«El Gobierno del PSOE lo primero que ha hecho ha sido ceder a las pretensiones nacionalistas y aceptar crear una mesa de negociación sobre el cambio de política penitenciaria» ha continuado Beltrán, que ha constatado que Sánchez, con tal de llegar a la Moncloa «es capaz de cualquier cosa».

Una postura que se traslada al PSN, «que comenzó la legislatura firme ante el nacionalismo y ya está dando sus primeros vaivenes, coqueteando con Geroa Bai sin ningún pudor y poniendo en juego la firmeza del bloque constitucionalista de Navarra frente a los partidos que quieren hacer desaparecer nuestra Comunidad».

Para terminar, la dirigente popular ha mostrado su tristeza porque «Navarra está en manos de un gobierno nacionalista al que el PSN hace guiños y con un PSOE en el Gobierno de España que nada va a hacer para defenderla».

Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) considera que el repudio a ETA debe ser una condición fundamental para cualquier cambio en la situación de los presos de ETA. Y tiene que ser un repudio individual, en ningún caso colectivo. «Si el acercamiento está orientado a la reinserción, el mínimo exigible para un condenado por terrorismo es el rechazo tajante a la organización a la que perteneció y bajo cuyas siglas ejerció la violencia», afirman desde el Colectivo.

En cuanto a la afirmación hecha por Sánchez de que ETA ya no existe, las víctimas recuerdan a Sánchez que los herederos políticos e ideólogos de ETA están hoy en las instituciones y que la desactivación de las siglas de ETA no implica la desaparición de sus objetivos políticos. «Si el proyecto político totalitario y excluyente que ETA quería imponer por la violencia se impone desde las instituciones, se estará legitimando su trayectoria criminal», han reprochado.

Asimismo, en relación al grupo de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA acordado ayer entre Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu, COVITE recuerda que la competencia para decidir dónde cumplen condena los presos la tiene el Gobierno central, no los Gobiernos autonómicos, por lo tanto, pide al Gobierno que explique «por qué discute este asunto con Urkullu».

El Colectivo exige ahora al Gobierno y al ministro del Interior, en aras de la transparencia que el propio Grande-Marlaska prometió a las asociaciones de víctimas en una reunión mantenida el jueves pasado, que aclare “cuáles son las condiciones que va a poner a los presos de ETA para el acercamiento».

Respecto a la cesión al Gobierno vasco de la competencia de prisiones, los damnificados por el terrorismo etarra se oponen de forma contundente a ello porque «los nacionalistas nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones. Si ahora quieren serlo, es para abrir las puertas de las cárceles».

«Su preocupación es buscar la vía para ayudar a los etarras encarcelados a salir, es decir, la impunidad. Si se transfieren las competencias de prisiones al Gobierno vasco, se estarían transfiriendo los derechos de las víctimas a la justicia a los nacionalistas», han remachado.

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