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Sánchez obligará a los bancos a pagar el IAJD por decreto

Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión en la que se han abordado las medidas sobre el IAJD de las hipotecas (Foto: Fernando Calvo)

El Gobierno modificará la ley para que la banca pague el impuesto de las hipotecas

Pedro Sánchez ha anunciado que su Ejecutivo tomará medidas para que el cliente no soporte nunca más el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas.

Tras la decisión tomada ayer por el Tribunal Supremo sobre este asunto, el presiente del Gobierno ha comparecido este miércoles ante la prensa para adelantar que reforzará la protección de los ciudadanos ante potenciales abusos y conflictos financieros.

Sánchez considera que la compra de una vivienda es un gran plan de inversión y de vida que debe contar con seguridad jurídica. Por ello, ha dicho, el Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos.

Sánchez ha afirmado que “el Gobierno respeta la labor e independencia del  poder judicial, pero lamenta la sentencia, al no ser positiva ni para la banca, ni para los jueces ni para los ciudadanos”. El Ejecutivo, ha añadido el presidente, “tiene un compromiso con la seguridad jurídica y con los intereses de la ciudadanía”. Por ello, ha afirmado, “garantizará un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados”.

Según Sánchez, no se trata de eliminar el impuesto, ya que al tratarse de un gravamen transferido a las comunidades autónomas, son éstas las que deben abordarlo, sino de atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario. La voluntad del Gobierno, ha insistido el presidente, es garantizar la seguridad jurídica “en pos de la ciudadanía”.

En esta línea, el presidente ha informado de que el Ejecutivo remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica.

Para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, esto no es suficiente. “La propuesta del Gobierno es a partir de mañana paga la banca. Está bien pero no basta. Hay que legislar para hacer lo que dijo la sección II de la sala III del TS: devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben. Así lo propondremos en el Congreso”, ha escrito el comunista en su cuenta de Twitter.

Desde la arena judicial, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha defendido la forma de resolver en Pleno cuestiones “controvertidas” como la del impuesto sobre las hipotecas. “Son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho”, ha subrayado Lesmes, que ha puesto por encima de todo la libertad e independencia, a pesar de las discrepancias, con la que han votado los 28 magistrados.

El magistrado acepta las críticas recibidas desde todos lo ámbitos -han sido infinitas- pero aclara que las decisiones de los jueces se basan en la interpretación de las leyes y que en el presente caso “falta claridad en la ley”.

El problema está en que durante 35 años la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido una -eran los hipotecados quienes pagaban el impuesto a las CCAA- y cuando se ha producido un cambio lo normal es resolver la discrepancia con una votación como la que han protagonizado los magistrados de la Sala. Pero esto no lo entienden los ciudadanos. No todos.

A pesar de los latigazos recibidos, la situación creada es para Lesmes una magnífica oportunidad para que las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, clarifiquen de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Porque, ha concluido, los jueces se atienen siempre “a lo que diga el legislador, que, en definitiva, siempre es quien tiene la última palabra a través de la ley”.

Por su parte, Pablo Casado aboga por la bajada del IRPF y la supresión del Impuesto de Sociedades y del impuesto de Donaciones, Sucesiones, Patrimonio y el Acto Jurídico Documentado. Este último, a juicio de Casado, “en su práctica totalidad se corresponde a las hipotecas para adquirir la primera vivienda”.

El presidente del Partido Popular considera que la propuesta de Sánchez “no supone ningún alivio para los futuros hipotecados”, aunque habrá que estudiarla conforme la apruebe el Consejo de Ministros.

Para acabar con el IAJD de las hipotecas Casado apuesta por compensar a las CCAA con la reforma del sistema de financiación autonómica “bloqueado por el PSOE”. Y en cuanto a las presiones sobre el poder judicial alentadas desde Podemos en forma de concentraciones, rechaza el “populismo callejero” que “intenta socavar el prestigio del Supremo y la legitimidad de sus salas”.

A su llegada al Congreso del PPE en Helsinki, Casado ha reiterado que este impuesto “no tiene sentido” y su eliminación “no tiene un coste presupuestario muy elevado”. No opina los mismo Sánchez, que ha instado al presidente popular a que hable con los mandatarios autonómicos del PP, que recibirían menos ingresos y “lo único que piden son más recursos”.

Casado se ha alineado con la teoría del CGPJ. El presidente del Partido Popular ha afirmado que “esta Ley aprobada por un Gobierno socialista en el año 1993 y el decreto del año 95 que la regula, tenía errores de interpretación que han motivado la desafortunada actuación del Supremo”.

Desde el lado de la magistratura, la Asociación Profesional lamenta la “gestión de lo que no debía ser sino uno más de los procesos de unificación de criterios que se producen habitualmente en los Tribunales, la rectificación del criterio recientemente expresado por una Sección de la Sala”.

Sin embargo, no comparte algunas de las críticas vertidas, especialmente por algunos responsables políticos, no solo hacia el Tribunal Supremo sino hacia el sistema judicial en su conjunto.

A sabiendas de que lo fácil en estos momentos es sumarse a quienes promueven el desprestigio de la Justicia española, desde la Asociación Profesional de la Magistratura niegan que la motivación de las decisiones de los Tribunales en España obedezca a presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de servilismo hacia grupos económicos o de otra índole o a posiciones personales ajenas a la aplicación de la ley.

Reconocen que el principio de seguridad jurídica, garantizado en la Constitución, exige la uniformidad en la aplicación judicial del Derecho así como contar con una previsibilidad del resultado de los pronunciamientos judiciales. Pero indican que “antes exige también un marco legislativo que evite en la medida de lo posible amplios márgenes a la interpretación”. Por ello defienden que “los Jueces no pueden ni deben convertirse en legisladores, ni son responsables de la pasividad o de la imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos”.

En este sentido, recuerdan que el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, en el que se resuelven este tipo de cuestiones, como el sujeto obligado al pago de los aranceles notariales, los gastos de tasación y gestoría, o el vencimiento anticipado, se encuentra paralizado desde marzo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

“Si el Poder Legislativo tiene claro quién debe asumir el IAJD, basta un proyecto del Gobierno o una proposición de ley, tramitado por la vía de urgencia, o una enmienda a cualquier proyecto o proposición de ley en trámite en materia económica, para que en apenas dos meses quede resuelto el problema, con la eficacia retroactiva que el legislador considere oportuno”, recalcan no sin antes aseverar que lo que no puede hacer el Ejecutivo es “pasar su responsabilidad al Poder Judicial”.

Aparte de estas consideraciones, el Gobierno tendrá mayoría en el Congreso para convalidar el real decreto anunciado por Sánchez. Tiene asegurados los votos del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias. La modificación de la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque posteriormente deba ser convalidada por el Congreso. También puede ser tramitada como proyecto de Ley y modificada vía enmiendas.

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