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Rajoy explica por qué España no acoge a más refugiados

Mariano Rajoy

Rajoy es enfocado por los gráficos (Foto: Moncloa/Diego Crespo)

Los líderes de la oposición no entienden nada del acuerdo UE-Turquía

El pasado lunes, día 4, comenzó a aplicarse el Acuerdo UE-Turquía para el reasentamiento de los inmigrantes que han llegado a Grecia procedentes, fundamentalmente, desde Siria.

Por este motivo, la Comisión Europea recordó ayer que el acuerdo busca poner fin a la migración irregular desde Turquía a territorio europeo y sustituirla por canales legales de reasentamiento de refugiados en la Unión Europea.

El objetivo de la UE es sustituir unos flujos migratorios desordenados, caóticos, irregulares y peligrosos por vías organizadas, seguras y legales hacia Europa para quienes tienen derecho a la protección internacional de acuerdo con la UE y el derecho internacional.

El punto más importante del recordatorio lanzado ayer desde Bruselas es el que advierte de que Grecia y Turquía son los únicos encargados de la aplicación del acuerdo. Y que son sus autoridades quienes han de llevar a cabo el trabajo de identificación de los inmigrantes. Porque sólo así, advierten, podrán ser reubicadas o reasentadas las personas inmigrantes.

Según el comunicado publicado por la Comisión esta es la única forma de que Europa asuma sus responsabilidades como un continente comprometido con la Convención de Ginebra y al derecho fundamental de asilo.

De hecho, Bruselas ha planteado la posibilidad de poner en marcha una agencia federal que centralice todo lo relativo al derecho de asilo para distribuir a los asilados por cuotas entre los socios, o mantener el statu quo pero con un mecanismo de emergencia de reparto en caso de llegadas masivas a algún país.

Pues bien, nada de esto parecen saberlo los líderes de los partidos políticos aún en la oposición en España. Tras la comparecencia de este miércoles en el Congreso del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para explicar los asuntos tratados en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 17 y 18 de marzo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado a Rajoy de no «hacer nada» para facilitar la llegada de refugiados a España.

Al igual que Sánchez, que parece no entender que mientras no haya identificaciones no puede haber reubicaciones, todos los demás portavoces de la oposición, han acusado a Rajoy de «comerciar» con personas al haber respaldado el «acuerdo de la vergüenza«, como lo ha calificado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Esto es lo que ha explicado Mariano Rajoy al líder socialista –ya lo hizo a través de carta– y a los demás grupos políticos: mientras Grecia no identifique a las personas que piden entrar en la Unión Europea y registre sus huellas dactilares nadie podrá reasentar a nadie porque no pueden moverse de donde están.

Pero al diputado de Compromís, Ignasi Candela, no le ha importado nada de lo dicho por Rajoy y le ha advertido de que «cuantos más obstáculos les pongan a los refugiados, más grande será la fosa común del Mediterráneo». En este sentido, Candela ha afirmado que Rajoy «se ha dedicado a torpedear todas las iniciativas políticas y sociales que pretendían ayudar a los refugiados».

Sobre la lentitud de la adopción de las medidas necesarias para llevar a cabo un reasentamiento «ordenado», Rajoy ha reconocido que el proceso se está ejecutando con «exasperante lentitud» pero ha insistido en que mientras no haya «registros», por mucho que se hable de sentimientos y de derechos humanos, ningún refugiado o inmigrante podrá ser admitido en España o en cualquier otro país de la Unión.

El presidente en funciones ha destacado también durante una de sus intervenciones que España está «entre los primeros países que se han mostrado dispuestos a reubicar refugiados«.

A pesar de las explicaiones, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha anunciado que mañana registrará en el Tribunal Supremo la anunciada querella redactada por su formación contra el presidente del Gobierno en funciones por su actuación en la aprobación del acuerdo UE-Turquía.

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