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Puigdemont y Forcadell, más cerca de ser «suspendidos»

Soraya Sáenz de Santamarí

Soraya Sáenz de Santamaría en Moncloa (Foto: JM Cuadrado)

Tras aprobarse en el Parlament de Cataluña una resolución que legitima al pueblo de Cataluña a comenzar un proceso constituyente propio

Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución del Parlamento de Cataluña del pasado día 27 que aprueba las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, que esa resolución «incumple claramente el orden constitucional y es una vulneración flagrante del estado de derecho por cuanto desobedece las decisiones del Tribunal Constitucional». «Es una vulneración de nuestra Constitución pero también de lo dictado por su máximo intérprete. Supone colocar a una institución y a sus miembros por encima de la voluntad democrática del conjunto de la nación», ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha recalcado la gravedad de que «una institución y sus miembros se quieran poner por encima de la voluntad de todos los españoles».

La Abogacía del Estado considera en su informe que la resolución aprobada el miércoles por el Parlament es «un verdadero plan para conseguir la secesión de España» y que Forcadell es la «persona claramente implicada y afectada» al ordenar el debate y la votación de las conclusiones sobre el «proceso constituyente», que inicialmente no constaban en el orden del día de la Cámara.

Por eso, el Gobierno, según ha concretado Sáenz de Santamaría, solicita al Constitucional que declare nula y se suspenda de inmediato la resolución del Parlamento catalán. Además, pide que se requiera personalmente a su presidenta, Carmen Forcadell, a los miembros de la Mesa y a su secretario general «para que se abstengan de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a la citada resolución» o cualquier otra iniciativa relacionada «apercibiéndoles de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir».

El Ejecutivo también requiere al Constitucional que se les imponga «la prohibición expresa de convocar a los órganos del Parlamento para debatir y votar ninguna iniciativa que directa o indirectamente pueda dar cumplimiento a la resolución impugnada».

Asimismo, que se prohíba al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a cualquiera de los miembros de su Consejo del Gobierno «tramitar propuesta legislativa, dictar norma de rango reglamentario o llevar a cabo cualquier iniciativa de soporte jurídico o material que dé cumplimiento a la resolución impugnada, advirtiéndoles de las responsabilidades, incluso penales, en que pudieran incurrir».

La vicepresidenta ha señalado que además se les debe advertir de que, si incumplen las normas, se les aplicarán las medidas previstas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: imposición una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado; suspensión de sus funciones durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los procedimientos del alto tribunal y recogida del testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Sáenz de Santamaría ha confirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha hablado con los líderes del PSOE, Ciudadanos y Podemos para explicarles el contenido del incidente de acuerdo con el informe de la Abogacía General del Estado.

Además ha asegurado que el Ejecutivo «defenderá los derechos de los españoles con el Estado de derecho y sólo con el Estado de derecho, con proporcionalidad y racionalidad». «Dijimos que no íbamos a dejar pasar ni una y así se está haciendo», ha enfatizado.

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