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Prosigue la investigación sobre los cómplices de la fuga de Puigdemont

Mossos

Los Mossos han quedado desprestigiados por su actuación el 1-O

La Audiencia Nacional rechaza el incidente de nulidad presentado por los mossos contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6

Argumentaban que como los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio alemán no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

La Audiencia Nacional rechazó el archivo de la causa abierta por el delito de encubrimiento de rebelión [1]

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de nulidad presentado por Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, los dos mossos de Esquada investigados junto al empresario Josep María Matamala y el profesor Josep Lluís Alay Rodríguez, por «encubrir» durante su fuga a Carles Puigdemont, detenido en Alemania en marzo del año pasado por orden del juez Pablo Llarena [2].

Los dos mossos recurrieron la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 que desestimó la nulidad, al entender que los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio de la República Federal Alemana y no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que pueda conocer de los mismos, pues no se ha formulado querella por la Fiscalía ni constituyen delito en Alemania.

Tras analizar dicho artículo, los jueces señalan que los hechos investigan la naturaleza de la ayuda y asistencia que prestaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania para que eludiera la causa que se sigue en el Tribunal Supremo y para sustraerse a la busca y captura acordada. «Por lo tanto se habrían cometido también en territorio español», señala la Sala, pues al menos los dos mossos y José Luis Alay «habían partido de España para reunirse con Puigdemont en Bélgica, los dos primeros, y en Helsinki el segundo».

Se trata, explica el auto, de dos mossos en activo que se desplazaron desde Barcelona a Bélgica mientras disfrutaban de permiso «para prestar la asistencia que necesitare».

El tercero (Alay Rodríguez), que ocupaba el cargo de asistente técnico de Presidencia y comisario de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, se desplazó a Helsinki para estar junto a él en un acto en la universidad y decidió acompañarle por carretera hasta Bélgica, continúa la resolución, «en el viaje emprendido para presentarse ante las autoridades judiciales de dicho país, en lugar de volver a España en el vuelo que tenía comprado Helsinki-Barcelona».

«Cuando se iniciaron las actuaciones había indicios de que los investigados podrían haber actuado con abuso de funciones públicas -dada su pertenencia a la policía autonómica catalana y cargo en la Diputación Provincial de Barcelona- para ayudar a Puigdemont a sustraerse a la acción de la Justicia española, habiendo iniciado los hechos ejecutivos del delito de encubrimiento en España, lo que haría innecesaria la concurrencia de los requisitos de perseguibilidad establecidos en el artículo 23 de la LOPJ», afirma la Sala.

Añade el Tribunal, que de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo sobre el principio de ubicuidad, «el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo» y será el juez que primero haya iniciado actuaciones el competente para su instrucción, en este caso, el Juzgado Central  6 de la Audiencia Nacional.

«Entre tanto, se puede recabar la información precisa acerca de la punibilidad de los hechos en Finlandia, Dinamarca o Alemania para el caso de demostrarse en la investigación abierta que ninguno de los actos ejecutivos del encubrimiento fue realizado en España», destaca el auto.

Apunta la Sala que también la Fiscalía podría interponer una querella de considerarlo procedente, si bien el hecho de que iniciara diligencias de investigación que cesó para remitírselas al juzgado de instrucción y de que haya venido sosteniendo la acción penal a lo largo de todo el procedimiento, «evidencian su voluntad de que el proceso continúe hasta sentencia y hacen la función de dicho acto procesal».