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Exigen que De la Serna explique el «rescate» de las 8 autopistas en quiebra

Íñigo de la Serna

De la Serna acaba de empezar el camino… (Imagen: Moncloa/Diego Crespo)

Parlamentarios de Izquierda Unida y En Comú Podem quieren detalles de cómo se piensa ejecutar esta operación

En marzo de 2015 el Tribunal Supremo rechazó compensar a las concesionarias por la caída del tráfico en las radiales

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto al diputado de En Comú Podem Félix Alonso -portavoz en la Comisión de Fomento- quieren que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explique en el Congreso su anuncio de que las autopistas de peaje en quiebra o en riesgo de liquidación revertirán al Estado y que el principal objetivo es quesigan operativas.

Los parlamentarios han registrado esta tarde la petición de comparecencia urgente de De la Serrna, quien esta mañana ha adelantado que el Gobierno «rescatará» las autopistas en quiebra. «Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas», ha asegurado De la Serna en RTVE, donde ha garantizado que el principal objetivo de la Administración será que las infraestructuras «sigan operativas y los ciudadanos puedan utilizarlas».

Según Garzón y Alonso, la pretensión del Gobierno del PP es quedarse ahora con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación alcance o no un acuerdo con los bancos acreedores de las mismas, que en su totalidad han acumulado una deuda cercana a los 3.400 millones de euros.

En concreto, el ministro de Fomento ha asegurado que la intención del Gobierno del PP del que forma parte es «que reviertan al Estado y que el Estado decida cómo gestionarlas» y, además, ha reconocido textualmente que «estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda».

Se da la circunstancia de que en dos de estas autopistas, las radiales de Madrid R-3 y R-5, el Estado se verá en la obligación de asumirlas antes de julio de 2017 por un acuerdo alcanzado ya por el Ministerio de Fomento con la autoridad judicial que, en mayo pasado, dictó su liquidación «sin efectos suspensivos».

El PSOE también ha pedido la comparecencia del titular de Fomento para que explique porqué el Gobierno va a asumir el coste de las ocho autopistas quebradas. Luis Garicano, de Ciudadanos, ha calificado la decisión de una muestra clara de «capitalismo de amiguetes». Y el diputado de ICV Ernest Urtasun ha enviado una pregunta a la Comisión Europea alertando de un posible «ayuda ilegal» del Estado a las empresas concesionarias en el rescate de las autopistas.

Desde FACUA-Consumidores en Acción critican que el Gobierno dé por hecho la nacionalización de las autopistas en quiebra y vuelva a socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas.

«Mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que eviten los cortes de luz a las familias más vulnerables sí asume que nacionalizará una deuda multimillonaria para rescatar, una vez más, a bancos y constructoras, que están detrás de la gestión de las autopistas quebradas», ha indicado Olga Ruiz, secretaria general de la asociación.

En FACUA no conocen la cuantía de lo que puede suponer este rescate, que varía en función de quien haga la estimación y del momento en que se realice el rescate, pero recuerda que la patronal de grandes constructoras Seopan lo ha cifrado en 5.500 millones de euros. Este importe corresponde a la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que el Estado tiene que afrontar en el supuesto de quiebra de una infraestructura, y supone abonar a las empresas que las construyeron y actualmente las explotan el importe de la inversión que aún no han recuperado.

FACUA considera indignante que, una vez más, sean los ciudadanos quienes tengan que asumir las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionar sus activos. «El Gobierno vuelve a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz», ha añadido Olga Ruiz.

La organización defensora de los consumidores reprocha que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras inesperadas.

La asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. En 1984 se hizo una nacionalización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.

El Gobierno lleva algún tiempo buscando una solución que impacte lo menos posible en el déficit público. En marzo de 2014 planteó un plan para rescatar las autopistas que no tendría impacto en el déficit: integrar las ocho autopistas en quiebra en una sociedad pública dependiente del Ministerio tras realizar una quita del 50% en su deuda -que se eleva a unos 3.400 millones de euros- y convertir el pasivo restante en un bono a 30 años con un tipo de interés del 1%.

Esta es la propuesta sobre la que se trabaja aún. «Estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda», ha explicado De la Serna, quien ha reconocido que el Estado se quedará con todas estas autopistas se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías.

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