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Cuatro años y medio de cárcel para Rato por las «black»

Rodrigo Rato

Rodrigo Rato, en una imagen de tve

Y seis para Miguel Blesa porque fue él quien ideó el sistema «opaco»

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cuatro años y medio para su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, por el escándalo de las tarjetas «black».

El fiscal les acusa de un delito continuado de apropiación indebida y les reclama indemnizaciones equivalentes al gasto de las tarjetas que tuvo lugar bajo la presidencia de cada uno: 9,34 millones y 2,69 millones, respectivamente.

Para el resto de los 64 usuarios de las tarjetas, el Ministerio Público solicita penas de prisión que van desde uno hasta los cuatro años, según el importe del gasto que realizó cada acusado y dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.

Además de apropiación indebida, Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) les acusan también de administración desleal y reduce las penas a cuatro años y nueve meses de prisión para Blesa y tres para Rato.

En su escrito la fiscalía explica que con la entrega de estas «tarjetas opacas», que escapaban a cualquier control de la entidad, se consagró durante la presidencia de Blesa «una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid».

Según el fiscal, Blesa encargó al ex director general de Caja Madrid Sánchez Barcoj la gestión de las tarjetas, y éste dio las indicaciones necesarias para «la emisión y cancelación de las mismas y sus eventuales modificaciones de sus límites, sorteando así al órgano competente».

Apunta el fiscal que Blesa autorizó la entrega de tarjetas para gastos de libre disposición, incluidos los ajenos a la representación de la entidad, que fueron emitidas «al margen del circuito ordinario» de la entidad.

Con respecto a los controles de la entidad, explica que «con el propósito de ocultar la verdadera naturaleza y finalidad de la emisión, Caja Madrid nunca practicó la correspondiente retención fiscal» y las incluyó en la contabilidad «indebidamente».

Por su parte, las acusaciones particulares, encabezadas por Unión Progreso y Democracia (UPyD), pidieron la máxima pena posible, 10 años de prisión, para Blesa, Rato y Barcoj por supuestos delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, y seis años para el resto de los acusados.

En mayo de 2015 el juez archivó la causa contra 12 usuarios por las tarjetas «black»

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