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Piden al Ejecutivo que no avale el ‘conflicto’ vasco

ETA

ETA sigue infectando el País Vasco

Víctimas de ETA y sindicatos policiales alertan de que si el Gobierno retira el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la ley vasca de abusos policiales será cómplice de la falsa ‘teoría del conflicto’

Retirar el recurso de inconstitucionalidad planteado hace un año por el Gobierno del PP contra la ‘ley vasca de víctimas de abusos policiales’ sería gravísimo.

Es sobre lo que alertan este lunes el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Confederación española de Policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC).

“Implicaría dejar en manos del Gobierno vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional”, aseguran los denunciantes, que muestran su preocupación por las informaciones que adelantan que la comisión de valoración de los abusos policiales se pondrá en marcha sin que se haya resuelto el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley.

Fue en mayo de 2017 cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del País Vasco 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, más conocida como ‘ley de víctimas de abusos policiales’.

Las víctimas y los sindicatos y asociaciones policiales exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que impida la retirada de este recurso.

“En su condición de juez, el ministro es consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho; todas las leyes de este país deben estar sometidas al control del Tribunal Constitucional, incluidas las que promulguen los parlamentos autonómicos”.

Alegan que la ‘ley vasca de abusos policiales’ está recurrida porque parte de su articulado contraviene gravemente la Carta Magna, por lo que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse al respecto.

Si el Gobierno retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de víctimas de abusos policiales “el Estado de Derecho no controlará la normativa vasca” que, en este caso, decide quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es; y constituye un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales”.

De esta manera, el Gobierno de Íñigo Urkullu tendría el empaque legal necesario para “perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años”.

Recuerdan los firmantes que el método del Gobierno vasco para decidir quién es víctima de abuso policial y quién no lo es quedó totalmente desacreditada cuando la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco sacó a la luz en diciembre del año pasado su informe sobre torturas, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, en el que se cifraban en 4.113 los casos de tortura ejercidos desde 1960 hasta 2014.

Los 4.113 casos analizados en el informe eran de denuncias de torturas de las que sólo se habían investigado 202. El informe -señalan- se basa en denuncias y en declaraciones de los supuestamente torturados aunque en muchos casos se acudió a la ‘hemeroteca’ sin siquiera tenerlas. Por tanto -indican- no se basa en hechos probados y contrastados. “Dar por acreditada la perpetración de un delito tan grave como la tortura por parte de funcionarios policiales al margen de una investigación rigurosa, contrastada e imparcial es muy grave”, aseguran.

“Cada uno de los pasos que el Ejecutivo vasco ha dado en los últimos años en materia de política de memoria pública se ha dirigido a reforzar un relato falseado del pasado en el que se blanquea la actividad terrorista de ETA”. En esa estrategia, Urkullu está dispuesto a obtenerlos “retorciendo la realidad para ajustarla a su relato”.

Todos los firmantes del comunicado exigen que la comisión de vulneraciones de derechos humanos en el marco de la lucha antiterrorista se contextualice e investigue debidamente, pero que, en ningún caso, se deslice “que las Fuerzas de Seguridad hayan actuado como una organización criminal cuyos miembros eran incitados a cometer crímenes”.

“Acusar al Estado de practicar vulneraciones de derechos humanos de forma sistemática es asumir la teoría del conflicto”, alegan. Por ello exigen al Gobierno de Sánchez que estudie esta cuestión en profundidad, sea cauto y tenga en cuenta que la banda terrorista ETA obligaba a todos sus integrantes a denunciar torturas de forma sistemática cada vez que eran detenidos, precisamente para legitimar su uso de la violencia.

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