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Pena de 6 años y 3 meses de cárcel para Iñaki Urdangarin por el “caso Noos”

Iñaki Urdangarin

Urdangarin entrará en prisión

El fallo de la sentencia, adoptada por unanimidad, exculpa a la infanta Cristina

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de les Illes Balears ha comunicado hoy la sentencia dictada en el procedimiento del conocido como “caso Nóos”.

El fallo, adoptado por unanimidad de las tres magistradas del tribunal -Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonora Moyá- declara a Iñaki Urdangarin autor responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, delito de fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.

Por ello le condena a 6 años y 3 meses de prisión, a pagar una multa de 512.553 euros y a 7 años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Para el socio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres, las magistradas le condenan por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo, a 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843 euros.

El ex presidente balear Jaume Matas Palou ha sido declarado autor responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. A Matas “le caen” 3 años y 8 meses de prisión y 7 años de inhabilitación especial.

Según el relato de las magistradas de la Audiencia Provincial de Baleares la contratación de Nóos Consultoría por parte de la administración Balear, participada al 50% por los acusados, Diego Torres e Ignacio Urdangarin, se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y respondió a la decisión unilateral del entonces presidente del Gobierno Balear, que adoptó, debido a la influencia ejercida por Iñaki Urdangarin y sus socio Diego Torres. Para ello, dice la sentencia, Urdangarin se sirvió de la íntima relación de amistad que le unía al recién nombrado director general de Deportes, José Luís Ballester, y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas.

Las decisiones adoptadas unilateralmente por Matas fueron revestidas de legalidad simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron. Asimismo la Fundación Illesport se hizo cargo del pago de 174.000 euros que no debía haber satisfecho puesto que tal importe debió ser abonado por la mercantil Abarca Sport y de la cantidad de 445.000 euros, correspondientes a los servicios relativos al Observatorio y al Plan Estratégico, incluidos en el convenio relativo al evento denominado “Illes Balears Fórum” 2006, que no llegaron a ejecutarse. Esta última cantidad, se abonó como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado.

Torres y Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros.

Diego Torres, a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y en el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada al erario público, transformándola, para retornarla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondos, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad.

El tribunal ha absuelto de los delitos de los que estaban acusados a Cristina de Borbón y Grecia y a Ana María Tejeiro Losada, mujer de Diego Torres, declarando su responsabilidad civil: Cristina de Borbón y Grecia, en calidad de responsable civil a título lucrativo, responderá, conjunta y solidariamente con Iñaki Urdangarin hasta la cuantía de 265.088 euros, que cargó a la tarjeta de crédito de Aizoon, la empresa que compartía al 50% con su marido y que la pareja usó para gastos comunes.

Las magistradas consideran que la hermana de Felipe VI “desconocía” la existencia de “ilícitos penales” por parte de su marido (delito fiscal y malversación) y que “no ha resultado acreditada su participación” en los delitos fiscales de los que se la acusaba. También la desvincula de la “ocultación del hecho imponible relativo al IRPF por el que venía obligado su esposo” en los ejercicios de 2007 y 2008.

Por su parte, Ana María Tejeiro responsable civil a título lucrativo, responderá, conjunta y solidariamente con Diego Torres, respecto de la responsabilidad civil de este último, hasta la cuantía de 344,934 euros.

La sentencia, de 741 folios, rechaza buena parte de las acusaciones de la Fiscalía, que pedía hasta 19 años de prisión para Urdangarin y 16 para Torres, y declara absueltos a los cinco altos cargos de la Generalitat valenciana que contrataron con Urdangarin las cumbres de Valencia Summit.

También quedaron absueltos la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro; su hermano Marco Antonio Tejeiro, , y Salvador Trinxet; así como la  Mercedes Coghen. Para cuatro altos cargos del Gobierno balear decreta penas de prisión de entre un año y quince meses, sustituibles por multas que no implican el ingreso en la cárcel.

El tribunal también ha absuelto Miguel Tejeiro (absuelto por la retirada de la acusación), Marco Antonio Tejeiro, contable de las sociedades de la trama Nóos; Luis Lobón Martín, José Manual Aguilar Colás, Jorge Vela Bargués, Elisa Maldonado Garrido, Mercedes Coghen, consejera delegada de Madrid 2016; Alfonso Grau Alonso y Salvador Trinxet Llorca, quien ideó la red societaria que sirvió para blanquear los fondos ocultos a Hacienda.

El tribunal ha condenado a la acusación popular ejercida por Manos Limpias a satisfacer el 50 por ciento de las costas del juicio oral causadas a Ana María Tejeiro Losada y el total de las costas del juicio oral causadas a Cristina de Borbón y Grecia.

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