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Patronal y estibadores insisten en la subrogación por ley

BCN

Imagen del puerto de Barcelona

Para asegurar el 100% de los puestos de trabajo

El conflicto de la estiba sigue vivo en España y generando multas diarias. La subrogación por ley continúa siendo el escollo insalvable para liberalizar el sector.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido en varias ocasiones de que el empleo tiene que garantizarse en convenio colectivo ya que la Comisión Europea no permite que el Real Decreto Ley con el que se liberalice la estiba incluya la subrogación «normativa» de los empleos, objetivo primordial de los trabajadores portuarios, que piden una norma con rango de ley para asegurar sus puestos de trabajo.

La Coordinadora critica que el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, representante de Fomento en la reunión junto a la secretaria general técnica del ramo, Alicia Segovia, y Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo, y Xavier Thibault, director general de Empleo, ofrezca un mensaje contradictorio. Al parecer, dice «que el Gobierno puede regular la subrogación si hay una base de acuerdo entre patronal y trabajadores y ahora que lo hay dice que no es factible».

En sendos comunicados, Anesco y los sindicatos con representación en el sector (CTEM, CCOO, UGT y CIG), reclaman al Gobierno la subrogación de todos los trabajadores en una norma con rango de ley como única vía para garantizar los empleos y la igualdad de condiciones entre los operadores que actualmente están en España y los que puedan instalarse en fechas futuras.

Según la versión de los implicados, Gómez-Pomar «ha lanzado mensajes contradictorios instando por un lado a los actores a ponerse de acuerdo para que se pudiera regular la subrogación y ahora que existe este consenso dice que no es posible recogerla en una norma porque sería contrario a lo que pide Europa».

Tras la reunión Gómez-Pomar subrayó que «no se puede imponer la subrogación por ley» porque la Comisión Europea vetaría cualquier formulación en este sentido por incumplir la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. El seceratrio de Estado añadió que el Gobierno se sumaría al acuerdo si la subrogación fuese por mero convenio colectivo entre las partes. En este contexto criticó que las partes hayan pedido que las cuentas públicas asuman la diferencia salarial entre los nuevos contratos y los antiguos.

Desde la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques lamentan que no se haya podido alcanzar un acuerdo tripartito por la falta de respaldo del Gobierno.

El nuevo principio de acuerdo contempla un periodo transitorio para optimizar las plantillas en todos los puertos a través de jubilaciones obligatorias para todos aquellos estibadores que cumplan los requisitos de antigüedad y años cotizados y voluntarias para los que les falten sesenta meses para jubilarse.

Del mismo modo se incluyen distintas medidas orientadas a la mejora en la productividad y competitividad de los puertos, como la reducción de un 10% de la masa salarial -antes era del 6%- o la reorganización de los trabajadores en aquellos enclaves en los que sea necesario. Queda pendiente la regulación específica de los Centros Portuarios de Empleo.

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