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Papelón de Joaquín Almunia en el asunto del tax lease

Joaquín Almunia

Joaquín Almunia, un figura…

La Justicia europea no considera ilegales las ayudas a los astilletos españoles anuladas por Joaquín Almunia cuando era vicepresidente de la la Comisión Europea

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) falló ayer a favor de las reclamaciones de los astilleros españoles y del Gobierno de España en su contencioso contra la Comisión Europea (CE) que, en 2013, ordenó la devolución de las ayudas para los inversores del sector naval (el sistema español de arrendamiento fiscal -SEAF-, también conocido como antiguo tax lease).

El Tribunal de Luxemburgo no considera ilegales las bonificaciones percibidas por las empresas que financiaron la construcción de barcos entre 2007 y 2011 y que permitió a los astilleros españoles competir en el mercado internacional en igualdad de condiciones que sus competidores; además, exime a dichas empresas de devolver los 126 millones de euros que en su día les reclamó el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien fuera ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Felipe González.

La sentencia considera que la conclusión del Ejecutivo comunitario de que las ayudas podían «falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales» no está «suficientemente motivada». Asimismo considera «errónea» el planteamiento del equipo de Almunia que apreciaba ventaja selectiva para las agrupaciones inversoras. Según el tribunal eurpoeoesto no tiene sentido porque cualquier empresa, «sin distinción», podía realizar las operaciones requeridas para acceder al régimen de ayudas. El Tribunal condena además a la Comisión, que consideraba el tax lease como ayudas de Estado, a hacerse cargo de los costes del litigio.

El antiguo régimen de tax lease comenzó a funcionar en España en el año 2002. Con él se realizaron 273 operaciones por un valor de 8.727.997.332 euros. Este sistema permitía a los astilleros españoles competir en el mercado internacional en igualdad de condiciones con sus competidores, entre ellos los astilleros holandeses, que contaban con sistemas similares en sus respectivos países.

Precisamente, a raíz de las reiteradas denuncias interpuestas ante la Comisión Europea por parte de los astilleros holandeses, principales competidores de los españoles, el 29 de junio de 2011 la CE comunicó a España el inicio de un procedimiento de investigación formal del SEAF.

La apertura del procedimiento de investigación del año 2011 provocó una situación de desconfianza e incertidumbre sobre el sector español, lo que causó la inmediata paralización de la contratación de nuevos buques por parte de los astilleros españoles.

El 17 de julio de 2013, la CE consideró que el SEAF constituía una forma de ayuda de estado incompatible con el mercado interior de la Unión y ordenó a España recuperar de los inversores las ayudas de estado de las que se hubieran beneficiado a través de este sistema en operaciones autorizadas a partir del 30 de abril de 2007 y hasta el 29 de junio de 2011.

Contra esta Decisión se presentaron más de 60 recursos por parte de todo tipo de agentes, como inversores, entidades financieras, el propio Reino de España y PYMAR.

Ahora, después de 13 años de implementarse la medida, el TGUE ha anulado la Decisión de la CE. Asimismo, como consecuencia de esta anulación, queda también anulada la orden de recuperar de los inversores las presuntas ayudas concedidas a través del SEAF, proceso que requería complejos cálculos para determinar las ayudas concretas que debían considerarse incompatibles, y que la Agencia Tributaria española ya había iniciado en estricto cumplimiento de la referida Decisión. No obstante, no se tiene constancia de que hasta la fecha se haya llegado a concluir ninguno de estos procedimientos exigiendo una devolución concreta a algún inversor.

La sentencia, que condena asimismo a la Comisión al pago de las costas del proceso, tiene carácter ejecutivo desde su lectura, por lo que la anulación de la Decisión surte efectos de forma inmediata desde esta fecha, y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el plazo de dos meses, ampliable en diez días por razón de distancia.

Evidentemente, ante tamaño patinazo de la Comisión de la época, las reacciones no se hicieron esperar. La consejera delegada de Pymar -sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles-, Almudena López del Pozo, anunció ayer mismo que estudiarán «todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y reputacionales». El sector estudia reclamar a la Comisión que compense los daños ocasionados por la «inseguridad jurídica» y la pérdida de contratos que se produjo durante la investigación, que coincidió con los «peores años de la crisis», según Pymar.

Desde el Gobierno, el presidente, Mariano Rajoy, se mostró «muy satisfecho» por la «excelente noticia» que supone la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, «una batalla» que, a su juicio, «podía haber generado problemas importantes a un sector del que viven muchas personas y que hay que preservar».

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