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Pánico ante el decretazo laboral que planea el Ejecutivo saliente

Magdalena Valerio

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante la sesión de control en el Congreso

Los autónomos tampoco comparten el sistema de representatividad que Trabajo ha diseñado para sus organizaciones

Los empresarios tiemblan ante la reforma de aspectos clave de la legislación laboral que planea aprobar in extremis el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los empresarios españoles se han reunido este miércoles de urgencia después de escuchar a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, asegurar que el Gobierno va a cambiar varios aspectos de la reforma laboral de 2012 antes de la celebración de elecciones generales el próximo día 28 de abril.

Valerio lo anunció ayer en el Senado y lo ha repetido hoy durante la sesión de control en el Congreso. El Ejecutivo aprobará un real decreto ley (RDL) con medidas que derogarán partes de la reforma laboral de 2012.

La preocupación ante el anuncio es máxima. Según las patronales, no tiene sentido que el Gobierno apruebe un “real decreto ley laboral” a no ser que lo haga “con clara vocación electoralista”.

Sobre la situación actual del Ejecutivo, la ministra ha subrayado que aún “no está en funciones” y que, hasta que no lo esté “a partir del 28 de abril” seguirá “funcionando” y con “posibilidad de legislar”.

La cotización de las prácticas universitarias, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, el plan de retorno de jóvenes, la transparencia salarial en las empresas para reducir la brecha retributiva, los fondos para desarrollar el plan de empleo joven, la prevalencia de convenio sectorial sobre empresa, el plan de parados de larga duración y un Real Decreto para medir la representatividad de las organizaciones de autónomos, son algunas de las materias “pendientes” que la ministra de Trabajo quiere ver reflejadas en el Boletín Oficial del Estado.

En la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) creen que cambios legislativos tan relevantes deben aprobarse mediante un Proyecto de Ley y no mediante un Real Decreto Ley (RDL). Esta última opción, dicen, excluye la posibilidad de diálogo y de consenso.

Según los empresarios, el recurso a este instrumento cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes supone la relegación del poder legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática del país. Recuerdan además las limitaciones -“extraordinaria y urgente necesidad”- que la Constitución Española establece para recurrir al RDL y citan el artículo 86, que excluye una serie de materias -“los Derechos, Deberes y Libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1”- de la regulación mediante este mecanismo.

Asimismo, los patrones muestran su preocupación porque se puede romper de forma unilateral el diálogo social y avisan de que no tiene sentido volver a orillar el dialogo tripartito ante la posibilidad de que el Ejecutivo no obtenga una mayoría en el Parlamento que le permita ejecutar su plan de reformas.

También los autónomos han criticado los planes del “gobierno saliente” respecto a su colectivo. UATAE denuncia un “reparto de pastel” en la representatividad de los autónomos. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social les ha enviado un borrador de Real Decreto que no les convence, ya que ellos prefieren un sistema de representación directa, es decir, un autónomo, un voto.

El borrador establece como criterios el número de trabajadores, la jornada laboral de cada organización y sus recursos económicos y financieros. También la afiliación, aunque no se determina en qué grado ni con qué fórmula se definirá.

La secretaria general de la unión de autónomos, María José Landaburu, no cree que los criterios de rendimiento económicos “tengan que ver con la representación de un colectivo”. Para Landaburu, el actual borrador les mantiene “anclados” en el pasado y el “único avance” que le satisface es “el nuevo criterio de género”.

Landaburu hace un llamamiento a todo el colectivo a “no pasar por alto una propuesta que fulmina sus derechos” y a “expresar su voluntad a las administraciones y al resto de organizaciones de autónomos”. Según el Estatuto del Trabajador Autónomo, los criterios para la representatividad de los autónomos deberán ser consensuadas entre las organizaciones representativas y el diálogo social. “Sin pasar por este proceso no podrá llevarse a cabo”, ha sentenciado Landaburu.

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