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Nuevo juicio contra el ex director de Trabajo andaluz por los ERE

PSOE Andalucía

El PSOE convirtió Andalucía en un lodazal de corrupción

El juez instructor impone una fianza de 1,1 millones al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel por los delitos continuados de prevaricación y malversación

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El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y otros cinco acusados en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) donde se investigan las denominadas pólizas individuales.

El instructor acordó el pasado día 17 de septiembre continuar como procedimiento abreviado las diligencias relativas a esta pieza separada del caso, cuyo objeto “lo constituye lo que se han venido a denominar las “pólizas individuales”, en referencia a pólizas de seguro de rentas temporales y/o capital diferido concertadas, sin causa justificada, a iniciativa” del ex director general de Trabajo, y todo ello “en beneficio -vía certificados individuales- de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas en este caso (amigos y vecinos), bien por propia iniciativa” de Guerrero o “bien por pedírselo la persona interesada”.

En este nuevo auto el instructor abre juicio oral y tiene por formulada la acusación contra Francisco Javier Guerrero, dos personas relacionadas con Vitalia y Vitalia Vida, dos de los beneficiarios de las pólizas y la hija de uno de ellos, requiriendo a todos ellos el pago en el plazo de un día de fianzas que oscilan entre los 1.100.000 euros que reclama al ex alto cargo de la Junta y los 150.000 euros de esta última investigada, todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles.

El magistrado requiere además a las empresas Vitalia y Holding Europeo Tindex para que abonen la cantidad de 1.237.230 euros en calidad de responsables civiles subsidiarios y advierte a todos ellos de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” las sumas señaladas.

El juez ha ordenado la apertura de juicio oral después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A hayan presentado sus respectivos escritos de acusación.

El Ministerio Público ha solicitado para Francisco Javier Guerrero 7 años de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que, por esos mismos delitos, ha pedido para los representantes de Vitalia y Vitalia Vida 6 años y 10 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta y 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta, respectivamente.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha reclamado para dos de los beneficiarios de las pólizas una pena de 4 años y 5 meses de prisión y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para la última investigada ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión y 5 años y 11 meses de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, pide que los seis investigados abonen de forma conjunta y solidaria distintas cantidades que, en total, suman 932.271 euros. La Fiscalía aplica en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de unos de los beneficiarios de las pólizas la atenuante de reparación del daño.

Por su parte, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía acusa a los seis investigados y, en el caso de Francisco Javier Guerrero, le reclama 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación; 5 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación; y, por un delito de tráfico de influencias, 6 meses de cárcel, 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 1.388.685 euros. También pide que Guerrero y el resto de acusados indemnicen a la Junta de forma conjunta y solidaria con distintas cantidades que alcanzan en total los 877.227 euros.

De su lado, la acusación del PP-A también dirige su escrito contra los seis investigados y pide para el ex alto cargo de la Junta 7 años de cárcel y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, concurriendo en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en uno de los acusados, beneficiario de las pólizas, la atenuante de reparación del daño.

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