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Morenés no comparece ante el Congreso y López pide cita con Ayllón

Patxi López

Patxi López se refleja en la «mesa» del Congreso

El Gobierno en funciones no quiere someterse al control parlamentario de la actual Cámara Baja

Pedro Morenés no ha acudido este jueves al Congreso a someterse al control de la Comisión de Defensa para informar sobre la misión de la OTAN en el mar Egeo contra la inmigración, en la que, por cierto, España no participa.

El Gobierno en funciones sigue manteniendo que el actual Parlamento no tiene control sobre él pues no ha recibido la confianza del actual arco parlamentario.

En este contexto de «grave conflicto institucional«, el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, ha anunciado este jueves que está dispuesto a «hablar con el Gobierno para buscar una salida aceptable para las partes, mientras se clarifique de forma definitiva» si el Ejecutivo en funciones debe someterse al control parlamentario.

López ha explicado que ha recibido una carta –que puede leer aquí– de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que a su vez ha remitido a los grupos parlamentarios, en la que ratifica su posición en cuanto a que «un Gobierno en funciones no puede ni debe estar sometido al control de una Cámara que no le ha otorgado su confianza». «Y hoy, el Gobierno no ha comparecido en la Comisión de Defensa, tal y como también se anunciaba en la citada carta», ha añadido López.

«Ante estas circunstancias creo que mi deber debe seguir siendo el de defender la capacidad del Congreso para, tal y como literalmente recoge la Ley de Gobierno en su artículo 26.2, controlar las acciones u omisiones del Gobierno, en los actos efectivos que un Gobierno en funciones puede realizar y realiza», ha resaltado el presidente de la Cámara Baja.

López ha aclarado que «no se trata, por lo tanto, de un control normal y ordinario como el que puede ejercerse sobre un Gobierno que tenga la confianza de esta Cámara, pero sí el que debe hacerse sobre las funciones y las decisiones que adopta, dentro de sus limitaciones, el que ahora tenemos».

«Este es el criterio que comparte la mayoría de la Mesa del Congreso y el manifestado por la inmensa mayoría de los Grupos Parlamentarios en la Junta de Portavoces», ha continuado López, quien ha resaltado que no cree que «se deba iniciar una guerra abierta entre instituciones. En España tenemos problemas mucho más serios como para que todo el debate público se centre en las desavenencias del Congreso y el Gobierno».

En su opinión «cada institución debe defender sus posiciones desde la razón, la normalidad y las vías legales y yo así lo haré», ha subrayado López, que ha destacado que «en esta Legislatura, están ocurriendo muchas cosas por primera vez. Por ello debemos clarificar muchas de ellas sabiendo que se convertirán en precedentes para el futuro».

«Una situación prolongada de Gobierno en funciones no es una situación imposible, como estamos comprobando, pero además es una situación probable en otras legislaturas futuras y, también, en los Gobiernos de las Comunidades Autónomas». Por ello, «aclarar de forma indudable este conflicto es positivo para el futuro, tanto para el Gobierno Central y el Congreso como para los Gobiernos Autonómicos y sus Parlamentos”, ha planteado López.

Acudir al Tribunal Constitucional para que dilucide quién tiene razón «no no es una prerrogativa del presidente del Congreso, pero me parece que puede ser una buena solución», ha añadido López, quien ve esta posibilidad «como una vía de clarificación futura para estas situaciones».

«Tenemos que abordar cada problema en sus propios términos, sin mezclarlo con otras cuestiones, y sobre todo sin acritud innecesaria», ha proseguido el presidente de la Cámara Baja, quien se ha mostrado dispuesto a hablar con el Gobierno para buscar una salida aceptable para las partes, mientras se clarifique de forma definitiva», porque «hablar sin dramatismo ni alarmas innecesarias no perjudica a nadie». En este sentido ha anunciado que intentará reunirse lo antes posible con José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para solucionar este problema.

Para terminar, López ha dicho que «es responsabilidad de todos intentar buscar soluciones y no hacer de un problema un enorme problema», y aunque nos encontramos ante una situación que no se ha producido nunca, «puede volver a producirse. Por ello, si estas discrepancias sirven para que en el futuro haya una interpretación clara, habremos logrado que estas discrepancias sirvan para mejorar nuestro sistema legal».

Soraya Sáenz de Santamaría

Santamaría hace valer su condición de Abogado del Estado

Por su parte, en la carta enviada ayer al presidente del Congreso de los Diputados la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, apela a la Ley del Gobierno, que establece que el Gobierno en funciones «tiene limitadas sus facultades al despacho ordinario de los asuntos públicos» y al «desarrollo de actividades de carácter puramente administrativo que no impliquen orientación política alguna”.

En este sentido, Santamaría manifiesta su sorpresa ante el requerimiento del presidente del Congreso de «someter a control político» de la Cámara a «un órgano constitucional que no puede desarrollar actos de naturaleza política precisamente por no gozar de la confianza del nuevo Parlamento». La misiva recuerda que «es esa relación de confianza la que fundamenta la responsabilidad del Gobierno ante la Cámara y, por lo tanto, la función de control de ésta sobre el Gobierno».

Sáenz de Santamaría incide en que «no cabe apelar a replanteamientos cuando de lo que se trata es de cumplir con la legalidad» y reprocha a López plantear «un control más intenso, incluso, que el que le correspondería a un Gobierno que dispusiera de la confianza de la Cámara», lo que considera «a todas luces incongruente».

Además asegura que el Gobierno en funciones «está cumpliendo con sus limitadas funciones» y «actuando con la debida lealtad al Parlamento», al tiempo que recuerda las comparecencias del ministro de Asuntos Exteriores; José Manuel García-Margallo, en febrero tras la reunión del Consejo Europeo y la del secretario de Estado para la Unión Europea, ayer mismo.

Asimismo subraya que nunca un Ejecutivo en funciones, tampoco en las Comunidades Autónomas, ha sido sometido al control de las Cámaras desde 1978 y que «la primera función de un Parlamento es y debe ser proceder, a la mayor brevedad posible, a la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno«.

Porque en el fondo lo que cree Santamaría es que la pretensión última de los partidos es «utilizar el Parlamento como instrumento para hacer campaña electoral en contra del PP«.

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