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Meritxell Batet votó a favor del derecho a decidir de los catalanes

Meritxell Batet

Meritxell Batet jurando su cargo de ministra en Zarzuela (Casa del Rey)

La actual ministra de Política Territorial y Función Pública fue multada por el PSOE de Rubalcaba por romper la disciplina de voto en el Congreso

Corría el mes de octubre de 2013 cuando en el Congreso de los Diputados se discutía una moción de UPyD que proclamaba que el derecho a decidir es de todo el pueblo español y que “bajo ningún concepto” una parte de la ciudadanía (la catalana) puede decidir sobre la organización territorial del Estado.

Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, ya amenazaba con un “procés”. De hecho, tan solo un mes más tarde, en diciembre de 2013, se acordó cuál sería la doble pregunta de la consulta soberanista. Y un año más tarde, en noviembre de 2014, se celebró el 9-N en Cataluña.

A raíz de ese primer “referéndum” el Tribunal de Cuentas ordenó en diciembre de 2017 embargar la casa de Mas para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el dinero público empleado para organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Pues bien, en la votación de la moción propuesta por el partido de Rosa Díez en el Congreso, apoyada por PP y PSOE, los diputados del Partido Socialista Catalán (PSC) se abstuvieron. Entre ellos estaba la actual ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que fue multada por la dirección del PSOE por romper la disciplina de voto.

No era la primera vez que Batet se proclamaba defensora del “referéndum” catalán. Unos meses antes, en febrero, los diputados del PSC rompían por primera vez en la historia la disciplina de voto en el Congreso votando a favor del derecho a decidir. Tanto es así, que las relaciones entre PSOE y PSC estuvieron muy cuestionadas.

La ruptura entre las dos formaciones no se produjo y en septiembre de 2013 los socialistas catalanes del PSC votaron en el Parlament, junto a Convergencia i Unió (hoy PDeCat) y Esquerra Republicana (ERC), una resolución a favor del derecho a decidir de los catalanes.

Más tarde, ya en 2016, el PSOE apoyó la iniciativa del Partido Nacionalistas Vasco (PNV) para no suspender a los cargos públicos que incumplan resoluciones del Tribunal Constitucional. El Gobierno de Mariano Rajoy quería “empoderar” al TC y evitar que sus resoluciones no fuesen cumplidas al diluirse su ejecución en los tribunales menores. Se trataba, en definitiva, de facultar al Constitucional del poder suficiente para hacer cumplir sus sentencias.

Curiosamente, la proposición del PNV fue aprobada con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) y Esquerra Republicana, hoy todos “socios” del actual Gobierno de Pedro Sánchez.

Ayer, durante la toma de posesión de su cargo como ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet prometió que uno de sus objetivos será “recuperar la palabra” con todas las comunidades, especialmente con Cataluña, y “escuchar, dialogar y consensuar” para potenciar la convivencia.

Y este jueves en la primera reunión del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, está previsto analizar la situación en Cataluña “con el objetivo de intentar restaurar la convivencia”. Fuentes del Ejecutivo informaron también de que no se va a dejar pasar el verano sin intentar antes un acercamiento con el presidente catalán, Quim Torra, quien ayer, por cierto, se querelló contra Alfonso Guerra por llamarle nazi.

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