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Médicos y profesores piden su aumento salarial

SMA

El 21 de marzo los médicos saldrán a la calle

El Sindicato Médico Andaluz y la ANPE califican de “insuficiente” el acuerdo alcanzado entre Hacienda y los sindicatos de la Función Pública

Animan a apoyar la concentración del 21 de marzo

Llueven críticas sobre el acuerdo firmado el viernes entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la Función Pública, CCOO, UGT y CSIF.

Y lo hace desde dos sectores muy distintos que coinciden en calificarlo de “insuficiente” porque a ellos no les ha tocado. O les ha tocado poco.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) asegura que el acuerdo es “una pantomima porque no resuelve en absoluto la situación de los profesionales de la salud en general y de los facultativos en particular”.

Según ha explicado el presidente del SMA, Rafael Carrasco, “el acuerdo sólo asegura un aumento del 6,1% en tres años”, una cantidad que “no ayuda a recuperar absolutamente nada de lo perdido desde 2010, si tenemos en cuenta la inflación media prevista”.

Pero si el aspecto salarial es motivo de crítica, para Carrasco lo más abusivo es “vender como un logro la tasa de reposición del 100%, una tasa que ya está en vigor” con las OEPs ya pactadas con anterioridad “que incluso están ya en marcha”.

Respecto al apartado de la jornada de trabajo (vuelve a ratificar la jornada semanal de 37,5 horas), Carrasco resalta que “aunque deja una puerta abierta a la posibilidad de que cada Administración pública pueda establecer otra jornada ordinaria de trabajo (35 horas), el texto del acuerdo le resulta “confuso”.

Aunque este punto concreto no es del todo negativo para Carrasco porque les ayudará a saber “si en Andalucía la presidenta de la Junta, Susana Diaz, tenía verdadera intención de volver a la jornada de 35 horas o simplemente todo ha sido una maniobra política y electoralista”.

El representante de los facultativos andaluces resalta que “en materia de incapacidad temporal (IT) se habla de posibilitar la recuperación del 100% del salario en estos casos pero lo deja a criterio de las distintas administraciones y lo vincula al tipo de contingencia que motivó dicha IT”. “Es decir, que permite que todo siga como hasta ahora”, subraya.

Por estos motivos y “para recuperar los derechos perdidos”, el SMA apoyará la concentración del 21 de marzo.

También el sindicato de profesores ANPE considera “insuficiente” el acuerdo y empieza detallando su lista de reproches por el apartado de las retribuciones. Igual que hacen los médicos, señalan que la subida segura en tres años de poco más del 6% que se contempla en el acuerdo está “muy lejos del 20% de la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los docentes desde 2010”.

Recuerdan que el fuerte recorte salarial sufrido por los empleados públicos en 2010 fue mucho mayor en los grupos en los que se encuadra el profesorado, “pues mientras en la mayoría de los cuerpos docentes fue del 7% para otros colectivos de empleados públicos fue inferior al 1%”.

La ANPE quiere que se establezca una cláusula de revisión salarial en función del IPC –como piden los pensionistas– para evitar que aumente la pérdida de poder adquisitivo en el futuro.

En cuanto a horarios, los profesores también critican que se deje en manos de cada Administración la posibilidad de reducir la jornada a 35 horas semanales. Lo peor es que a ellos sólo se les podrá aplicar esta reducción si se deroga el RD Ley 14/2012 por parte del Gobierno, algo a lo que no se alude en el acuerdo firmado el pasado viernes.

Tampoco -continúan- se elimina la tasa de reposición en los cuerpos docentes para los próximos tres años, lo que impedirá el aumento de las plantillas. Solamente se permitirá un incremento mínimo por encima de la cobertura de jubilaciones en algunas CCAA y esto, dicen, no servirá para revertir los recortes sufridos.

Por otro lado, desde ANPE denuncian que los cuerpos docentes son los únicos cuerpos funcionariales de carácter estatal, es decir, que su ingreso, acceso y movilidad por todo el Estado está regulado a nivel nacional y es idéntico en todas las Comunidades Autónomas, pero, a su vez, están transferidos a las CCAA y sus retribuciones son abonadas por las mismas.

Y esto provoca, por ejemplo, que un profesor cobre 6.000 euros menos al año que otro por realizar las mismas funciones y habiendo accedido con los mismos requisitos y condiciones, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se esté trabajando.

A lo anterior hay que añadir que algunas CCAA tienen una carrera profesional retribuida, mientras otras no incentivan la formación ni participar en los proyectos de los centros. Otras tienen complementos por formación permanente, tutoría, coordinación de nivel o ciclo, jefatura de departamento, residencia, peligrosidad, formación, maestros en IES, entre otros, que son retribuidos o no en función de la CCAA donde se trabaja, o bien hay importantes diferencias salariales. Al igual que hay también complementos por ejercer cargos directivos en nuestros centros educativos que son retribuidos de manera desigual según la Autonomía en la que se ejerza, aunque los centros educativos sean de idénticas características.

Esta “brecha salarial y trato desigual” llega también al profesorado interino. En algunas CCAA cobran los mismos complementos que los funcionarios de carrera, como los sexenios, y en otras no. Además, en unas CCAA les abonan los meses de verano y en otras, con el mismo tiempo de servicio, no lo hacen.

Insiste desde ANPE en que una vez firmado el acuerdo no podrán recuperar el 20% de poder adquisitivo perdido por el profesorado. Por ello apela a abordar la equiparación salarial docente de manera inmediata, estableciéndose unas estructuras salariales comunes, equiparando las retribuciones básicas y complementarias a las de las CCAA con mejores salarios y acabar así con la desigualdad existente actualmente en función de la región donde se trabaje.

ANPE también prevé movilizaciones y cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, que reclama una “ambiciosa oferta de plazas docentes para garantizar una educación pública de calidad”.

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, plantea al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que, en coordinación con los responsables de las comunidades autónomas, desarrolle “un plan de estabilidad para un colectivo que ha demostrado sobradamente su cualificación y aptitud docente”.

Díez exige a todas las administraciones competentes una “ambiciosa oferta de plazas docentes”. “Todo ello -señala en nombre de IU- requiere un incremento de la financiación educativa que parta de un suelo del 5% hasta alcanzar el 7% del PIB”. El PSOE ha abandonado la comisión por el Pacto Educativo del Congreso por este motivo.

El diputado opina que esto favorecería al personal interino, un colectivo que, apunta, “gracias a las políticas antisociales impuestas por PP y PSOE alcanzó un porcentaje por encima del 25%, cuando las directrices europeas establecen la tasa de interinidad en los sectores públicos del 8%”.

Por último, el responsable de Educación de IU, advierte de que “en las próximas oposiciones de Secundaria la experiencia de tres años de servicio equivaldrá, en puntos, a haber superado 300 horas en cursos de academias y universidades privadas que, remarca, salvo raras excepciones sirven para poco más que para vender y comprar una acreditación”.

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