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Masiva protesta contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Jusapol

Durante la manifestación nadie ha quemado contenedores ni roto escaparates ni lanzado piedras contra nadie…

Agentes de Policía y Guardia Civil se manifiestan bajo el lema ‘No a la inseguridad ciudadana’

Aseguran que el Gobierno socialcomunista quiere poner a los policías por debajo de los delincuentes

Es la primera vez en la historia que todos los cuerpos (nacional, local y autonómico) y la Guardia civil se unen en una protesta

Miles de agentes de todos los cuerpos policiales de España -hasta 150.000 según algunas informaciones- han salido hoy a las calles de Madrid para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los sindicatos de Policía y Guardia Civil han congregado a sus miembros en la capital de España para pedir a su superior, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ‘no pisotee’ sus derechos permitiendo que el Gobierno apruebe la reforma de la mal llamada ‘ley mordaza’.

El Ejecutivo socialcomunista liderado por Pedro Sánchez quiere permitir, entre otras cosas, celebrar concentraciones y manifestaciones sin previo aviso y sin el preceptivo permiso y que se pueda grabar a los policías durante su trabajo, lo que conllevaría un grave riesgo para los agentes y sus familias.

La marcha ha contado con el respaldo de dirigentes del Partido Popular, VOX y Ciudadanos que acusan al Gobierno de Sánchez de querer modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para ‘poder incendiar las calles cuando pierdan las elecciones’.

Desde las asociaciones policiales y de guardias civiles consideran muy grave que la reforma plantee la posibilidad de difundir libremente imágenes grabadas a los agentes durante el ejercicio de su actividad profesional; también critican que quieran eliminar la presunción de veracidad de los testimonios de los agentes que dañaría más al ya perjudicado principio de autoridad; y por supuesto, claman contra la posibilidad de poder celebrar manifestaciones no comunicadas porque, advierten, no se podrán preparar los dispositivos de seguridad adecuados.

Además, en Moncloa pretenden reducir a un máximo de dos horas el tiempo de identificación de un ciudadano y obligar a la patrulla a devolverlo al lugar donde fue detenido, aunque eso pueda suponer un riesgo para las potenciales víctimas.

Policías nacionales, autonómicos, locales y guardias civiles dicen que el proyecto pretende atarles de pies y manos en el ejercicio de sus funciones profesionales, que no son otras que las de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden público, esenciales en una democracia y en un Estado de Derecho.

Agustín Leal, portavoz de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), considera que estamos ante una reforma ‘más política que jurídica’ porque, ‘realmente, lo único que se consigue con estas modificaciones es desproteger, más todavía si cabe, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor profesional’.

Leal alerta sobre un más que posible aumento de la violencia: ‘Con esta reforma el Gobierno lo único que consigue es limitar las actuaciones policiales y provocar más violencia hacia los agentes’. Añade que ‘con esta modificación se vuelve a dar otra vuelta de tuerca para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se sientan más vulnerables. Que se autorice a grabar a los agentes en su actuación profesional, así como que se vea cuestionada la presunción de veracidad de los mismos, es una aberración jurídica que conllevara consecuencias irreparables. Cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que con el tiempo habrá que modificar’.

En cuanto al interés de la sociedad, Agustín Leal, explica que ‘si se menoscaban las funciones de los guardias civiles y policías difícilmente podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger su libertad y dar el auxilio y el apoyo que necesitan los jueces y los tribunales de Justicia en defensa de la Ley’.

Los agentes advierten de que ‘la libertad se asegura en cuatro principios básicos que se conquistan de forma paulatina: la seguridad física, protegida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, da paso a la seguridad jurídica que abre el camino a la seguridad económica y a la prosperidad y con ella se garantiza el acceso a la formación y a la cultura para todos’.

Hace unos días, el Sindicato Europeo de Policías (EPU) que representa a cientos de miles de funcionarios de la UE escribió a Pedro Sánchez para recordarle que ‘la labor que realizan las fuerzas de seguridad europeas para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos se enfrenta cada vez más a las agresiones y a la violencia de determinados grupos y formas de entender el ocio’ y que este contexto general ha provocado agresiones ‘a los policías que ejercen, en nombre del Estado, el uso legítimo de la fuerza para garantizar la convivencia’.

En este sentido, la carta del EPU llamaba la atención sobre el hecho de que ‘esta situación forma parte de un proceso gradual de pérdida del principio de autoridad que tanto EPU como todos sus miembros (incluido el sindicato policial español CEP) han denunciado’.

El EPU integra a cientos de miles de profesionales de la seguridad pública de España, Alemania, Austria, Países Bajos, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Letonia y Moldavia.

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