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La oposición rechaza las medidas del Ejecutivo contra la corrupción política

Mariano Rajoy

Mariano Rajoy ojea sus notas en su escaño

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, no negociará un pacto con el Gobierno en esta materia porque asegura que quien las propone no está legitimado

El Gobierno estará solo, o casi, a la hora de aprobar normas para luchar contra la corrupción política es España. El PSOE no se prestará a un pacto contra la corrupción. Tampoco Izquierda Unida (IU), ni Unión Progreso y Democracia (UPyD) respaldarán el Proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica-Financiera de los Partidos Políticos ni la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado que esta mañana ha defendido el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados.

Rajoy se ha encontrado con los esperados reproches de los partidos de la oposición después del auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el que ha dimitido Ana Mato. A pesar de todo, Rajoy ha intentado convencer al resto del arco parlamentario de que la corrupción  es «un problema peligroso e inaplazable» y que entiende y comparte «la indignación de los españoles».

Por eso -ha dicho- presenta estas propuestas, que, en su opinión, constituyen la reforma legislativa más «importante, completa y llamada a ejercer mayor influencia» de las que ha adoptado hasta ahora su Gabinete.

El presidente ha negado que la corrupción sea un fenómeno generalizado. En su opinión, «ni España ni los españoles, ni sus representantes, ni sus empresas, ni sus trabajadores están contaminados», por lo que hablar de corrupción generalizada solo nos conduce a señalar al sistema. «A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas cuyo único programa político consiste en barrer», ha señalado en alusión directa a Pablo Iglesias, que hace unos días dijo que había que sacar la escoba para barrer la democracia.

Mariano Rajoy ha defendido la Ley de Financiación de Partidos Políticos aprobada en su primer Consejo de Ministros como presidente de España y la puesta en marcha del Portal de la Transparencia, al que, a partir del próximo 10 de diciembre, los ciudadanos podrán acceder para consultar toda la información que les interese.

El jefe del Gobierno ha recalcado que gracias a las medidas que ya se han aprobado en materia de corrupción «hoy es ya más difícil corromperse en España que antes de que nos confiaran el Gobierno». Y ha señalado que es necesario que «las penas sean lo suficientemente severas como para que cualquier corrupto se lo piense hasta diez veces antes de dar un mal paso».

La Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica-Financiera de los Partidos Políticos pretende «imponer más control, más fiscalización y mayor transparencia mediante medidas extraordinariamente importantes». Para ello, impedirá a los particulares hacer donaciones a los partidos políticos superiores a 50.000 euros; obligará a comunicar al Tribunal de Cuentas cualquier donación superior a 25.000 euros y hacer pública esa información en la página web de la formación; e impondrá a los partidos políticos «unos patrones éticos y democráticos», que deberán añadir a sus estatutos. Entre estos patrones, destaca la inclusión de un procedimiento de expulsión para aquellos de sus miembros que hayan sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso.

Además, si una formación política incumple los nuevos requisitos, «el Registro de Partidos Políticos podrá solicitar judicialmente la cancelación de su inscripción«, una norma que afecta a las aproximadamente 4.200 formaciones políticas inscritas, ha especificado el presidente.

Por lo que respecta a la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, Rajoy ha explicado que impone la exigencia de una declaración responsable en el momento en que los representantes políticos sean nombrados, la carencia de antecedentes penales por determinados delitos, una regulación más estricta y escrupulosa sobre sus retribuciones y bienes y la obligatoriedad de acreditar mediante un certificado su situación tributaria.

Para intentar acercar posturas Rajoy ha planteado nuevas medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción, para dotar de mayor efectividad a las figuras penales existentes contra la corrupción; y, además, ajustarlas a la gravedad de estas conductas». Según ha apuntado, «a partir de este momento y por primera vez en nuestra democracia la financiación ilegal de los partidos políticos será un delito específico». También se agravarán las penas de inhabilitación y se aumentarán los plazos de prescripción  de los delitos relaciones con la corrupción. Además, ha añadido, es fundamental la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver».

Rajoy ha agregado que «es imprescindible reformar la legislación procesal porque necesitamos más agilidad y más eficacia en la actuación de los tribunales porque una Justicia tardía pierde eficacia y despierta una gran desconfianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho». Todo esto para «agilizar los macroprocesos».

También ha enumerado otras propuestas como las referidas a aumentar el control parlamentarios de los indultos (cada seis meses se remitirá al Congreso un informe sobre la concesión y la denegación de los mismos), mejorar la Iniciativa Legislativa Popular e incrementar el control en el marco de la Reforma de las Administraciones Públicas y la legislación de Contratos.

Mariano Rajoy ha afirmado que estas reformas requieren prontitud y aunque ha subrayado que prefiere el acuerdo, «si no fuera posible alcanzarlo, no me quedará más opción, aun lamentándolo, que cumplir con mi deber y sacar adelante los proyectos de ley con los votos que nos han confiado los españoles«. Según Rajoy, «los españoles esperan estas reformas, necesitan estas reformas y es mi deber asegurarles que saldrán adelante y entrarán en vigor».

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez señala a Rajoy como responsable de la «Gürtel»

Y eso es lo que parece que tendrá que hacer el Gobierno si quiere recuperar la confianza de los ciudadanos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho al presidente que no está en condiciones de abordar la regeneración democrática que exige España. «España necesita reformas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia y limpieza, Y usted, por su trayectoria, no está capacitado ni legitimado para liderarlas», ha recalcado Sánchez.

Sánchez ha acusado a Rajoy de negarse a dar explicaciones sobre el caso Gürtel y cree que, al cesar a Ana Mato, está apuntando directamente al Partido Popular que aparece en el mismo auto del juez Ruz y con la misma fórmula que la ex ministra de Sanidad, como partícipe a título lucrativo de la trama.

El secretario general socialista ha señalado que la corrupción es común pero que no afecta a todos por igual, «ya que yo no me siento en un despacho de una sede reformada con dinero negro, no tenemos a un tesorero en la cárcel con cuentas en Suiza, nunca he recibido de mi partido sobres con dinero procedente de una Caja B».

Sánchez opina que el PP se ha financiado irregularmente durante más de 20 años y para cortar de raíz la corrupción ha propuesto la reforma del Código Penal para aclarar los tipos delictivos, incrementar las penas, ampliar los plazos de prescripción y extender la inhabilitación para ocupar cargos y responsabilidades públicas para quienes sean condenados por estos delitos, que la Audiencia Nacional se haga cargo de la investigación y enjuiciamiento de estos delitos y asegurar que el corrupto la pague con la cárcel y lo pague devolviendo con su patrimonio, el dinero robado.

Como medidas de prevención frente a la corrupción, propone que la Agencia Tributaria certifique fiscalmente el patrimonio de los altos cargos en el momento del nombramiento y en el momento del cese para  comprobar si ha habido o no enriquecimiento, que se levante el secreto fiscal respecto de quienes sean objeto de sanción por la Agencia Tributaria cuya base sea superior a 30.000 euros y prohibir que quien ha ejercido responsabilidades directas sobre un sector de actividad, pase a desempeñar funciones directivas en empresas de ese sector, y ampliando el plazo de incompatibilidad de dos a cinco años tras el cese.

Sánchez ha desgranado también una serie de propuestas de cambio en el funcionamiento de las instituciones y para democratizar la organización y funcionamiento de los Partidos. Entre ellas, la elección de los máximos dirigentes de los partidos mediante “primarias en todos y cada uno de los partidos políticos de España”; incorporar, como contenido obligatorio de los Estatutos, un sistema formal de reclamaciones y recursos frente a decisiones y sanciones de los partidos; fortalecer la independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores en cuya designación intervengan las Cámaras, “abandonando para siempre la colonización de esos organismos por los partidos políticos; modificar la Ley de indulto para exigir la motivación de su concesión, y para excluir de su ámbito los delitos de corrupción; ampliar y extender las previsiones de la Ley de Transparencia para asegurar la publicidad de campañas públicas y la de los acuerdos urbanísticos; dar vida real a la iniciativa legislativa popular;  facilitar la participación de los ciudadanos en los procedimientos legislativos; y flexibilizar las condiciones para comparecencias del Gobierno y creación de comisiones de investigación.

Cayo Lara

Cayo Lara

En el debate también ha participado el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha exigido la dimisión a Rajoy, al que ha acusado de no tener autoridad moral ni credibilidad suficiente para hablar de regeneración democrática.

El máximo dirigente de IU ha pedido «más medios y recursos a la Justicia y a la Agencia Tributaria para que la persecución de los delitos sea más eficaz y para que los jueces puedan desarrollar su función más ágilmente y con la celeridad que estos casos requieren». Al respecto, ha lamentado que llevemos «más de cinco años con un caso como la trama Gürtel, o que el señor Fabra se haya estado librando durante más de una década de responder ante la Justicia».

En cuanto al proyecto de ley relativo a los altos cargos, Lara ha pedido reformar la ley de incompatibilidades para acabar con que altos cargos como los ministros o los presidentes de Gobierno salgan de la administración para ponerse al servicio de multinacionales que solo buscan su beneficio y rentabilidad a costa de los ciudadanos. En este punto, ha criticado los casos de los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, que «están cobrando cientos de miles de euros de empresas privadas que, además, años antes privatizaron sus mismos gobiernos».

Lara ha reclamado que, respetando la independencia del Poder Judicial, se permita al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz -instructor del caso Gürtel, en el que IU está personada como acusación- seguir en su puesto hasta el próximo mes de junio para que pueda seguir trabajando tanto en estos casos como en las distintas piezas separadas que les acompañan.

Y recordando el auto de Ruz que provocó la dimisión de Mato ha lamentado que nadie en el partido de Rajoy, incluido él mismo, esté dispuesto a asumir responsabilidades políticas. «Estas responsabilidades deberían recaer en el propio Mariano Rajoy y en sus secretarios generales«, ha subrayado Lara, que ha concluido diciendo que «no es lo mismo que haya un sinvergüenza en una organización política a que existan auténticas tramas de corrupción para financiar ilegalmente a estos partidos».

Al final del debate se han votado las enmiendas y a pesar de que los proyectos presentados por Rajoy no cuentan con el apoyo de la oposición, ambos continuarán su tramitación en la Comisión Constitucional, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios. El primero será sometido a una votación de conjunto en la que necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, por su carácter orgánico, antes de pasar al Senado, y el segundo irá directamente a la Cámara Alta al rechazarse la avocación a Pleno con 148 votos a favor y 182 en contra.

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