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«Magdalena Álvarez permitió el uso perverso de los ERE», según la Fiscalía

Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La Fiscalía Anticorrupción defiende que la ex ministra y ex consejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE, pudo participar en el «uso perverso» de las llamadas transferencias de financiación para otorgar las ayudas de los ERE, porque «las hizo posible o simplemente no las evitó».

Según la Fiscalía, «la fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad, pero una última finalidad fraudulenta, iniciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa. Álvarez. está citada ante la juez Mercedes Alaya el próximo 8 de octubre.

Los argumentos para la imputación son que los hechos imputados superan la mera falta administrativa; que ha habido enriquecimiento de terceros; y que se «engordaron las preferencias» de los ERE.

La defensa de la ex ministra, que ha recurrido su imputación, alega que no existen caracteres delictivos en la utilización de las transferencias de financiación. Algo en lo que no está de acuerdo la juez Alaya, que interpreta que se hizo un «uso perverso» de los presupuestos a través de las transferencias. En cuanto a la falta de concreción de los hechos que se le imputan, motivo reprochado por la ex ministra a la juez, Anticorrupción advierte que en este momento procesal no es preciso que los imputados «dispongan de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal».

La imputación de Álvarez sucede a la del ex director de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Lozano por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La juez le acusa de haber aprobado 12 expedientes investigados con modificaciones presupuestarias por importe de más de 57 millones de euros. Durante la declaración de Lozano se registraron varios incidentes y la jueza Alaya llegó a decirle que «si quiere declarar, declare, pero no haga teatro». Lozano niega saber nada irregular respecto a los fondos investigados, pese a haber reconocido que las transferencias de financiación no se pueden usar para subvenciones excepcionales, según las prácticas que investiga la juez como presuntamente delictivas. La juez imputa a Lozano haber participado «activamente en alterar la realidad presupuestaria, concretamente en el presupuesto del Instituto de Fomento de Andalucía».

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