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Luz verde al techo de gasto y a la subida del SMI y los impuestos

Congreso

El apoyo a las medidas ha sido abrumador

El Congreso de los Diputados también ha aprobado los objetivos de déficit y deuda para las administraciones del periodo 2017 y 2019

PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria han votado a favor mientras Podemos y sus confluencias, ERC y el Partido Demócrata Catalán lo han rechazado

El Pleno del Congreso ha aprobado esta tarde la convalidación de dos reales decretos-ley, de medidas financieras y de iniciativas tributarias, y ha dado el visto bueno al acuerdo del Gobierno por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2017-2019, paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Entre las medidas financieras, los diputados han aceptado aportar 5.291 millones al Fondo Único de Resolución. Además, se amplía en dos años el plazo para la vender Bankia y BMN, participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La decisión, aprobada con 258 votos a favor, 70 en contra y 9 abstenciones, autoriza al Ministro de Economía a destinar esos más de 5.000 millones al mecanismo de apoyo común del Fondo Único de Resolución, que, en total, cuenta con 55.000 millones de euros; no afectará al déficit público ya que los desembolsos tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias, imputándose al presupuesto de gastos de la Administración General del Estado.

Por otra parte, el artículo tres del RDL amplía en dos años el plazo para la privatización de Bankia y BMN. El Gobierno espera así obtener el máximo retorno de las ayudas públicas. El responsable de la cartera de Economía, Luis de Guindos, ha justificado la ampliación asegurando que, de no hacerse, tendrían que venderse las participaciones estatales en dichas entidades -superiores al 65 por ciento del capital- «con rapidez y al margen de las condiciones de mercado».

En cuanto a las medidas tributarias, el Congreso ha convalidado modificar los impuestos de sociedades, alcohol y tabaco, y aumentar el Salario Mínimo Internacional (SMI).

Con 214 votos a favor, 11 en contra y 117 abstenciones los diputados han dado el visto bueno a las medidas implementadas por el Gobierno para consolidar las finanzas públicas, entre las que están la modificación del Impuesto de Sociedades y el incremento de los llamados impuestos especiales (impuesto sobre productos intermedios, sobre alcohol y bebidas derivadas e impuesto sobre las labores del tabaco), que tendrán un impacto estimado de recaudación adicional por importe de 4.800 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado durante el debate parlamentario, que este paquete de medidas tributarias, junto a las iniciativas contra el fraude fiscal, permitirá recaudar hasta siete mil millones de euros más al año. Y todo, ha presumido Montoro, sin afectar a las pymes ni a los autónomos y sin modificar el IRPF ni el IVA.

El Real Decreto introduce reformas en el Impuesto sobre Sociedades. No se modifican tipos nominales (que mantienen el 25 por 100 previsto para 2017), sino que limitan las deducciones, con cambios en la exención por dividendos; la reversión de los deterioros de valor de participaciones; y la limitación a la compensación de Bases Imponibles Negativas.

El Ejecutivo incrementa con este real decreto ley los impuestos al alcohol y al tabaco, con el objetivo de acercar la recaudación por fiscalidad indirecta a la media de los países de la Unión Europea. La cuantía de recaudación prevista será de 150 millones de euros adicionales: 100 millones por tabacos y 50 por el impuesto al alcohol.

El impuesto sobre productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas se incrementa en un 5%, tanto en la península como en las Islas Canarias. No se modifican los tipos impositivos de la cerveza y del vino. Con la nueva modificación, justifica el Ejecutivo, aunque estos siguen siendo de los más bajos de la UE, se contribuye a reducir la diferencia de fiscalidad existente con la del resto de Estados miembros.

En cuanto al impuesto sobre las labores del tabaco, se incrementa el peso del componente específico frente al componente ‘ad valorem’ a la vez que se efectúa el consiguiente ajuste en el nivel mínimo de imposición, tanto para cigarrillos como para picadura para liar.

En el impuesto sobre patrimonio se procede a prorrogar durante 2017 la exigencia de su gravamen, en aras de contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas, fundamentalmente, de las Comunidades Autónomas.

Con la aprobación de esta norma se aprueban también los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017, lo que tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural. La medida, ha argumentado el titular de Hacienda, contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales.

El Real Decreto Ley incorpora una disposición adicional que encomienda al Gobierno a fijar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el salario mínimo interprofesional para 2017 con un incremento del 8 por 100.

Ello responde a la mejora de las condiciones generales de la economía y a continuar favoreciendo la competitividad, acompasando la evolución de los salarios en el proceso de recuperación del empleo.

Asimismo, se actualizan para el año 2017 las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social, en los regímenes que lo tengan establecido, así como de las bases máximas de cotización en cada uno de ellos, incrementándolas en un 3 por 100 respecto a las vigentes en el presente ejercicio, hasta los 3.751 euros mensuales.

El Ejecutivo contempla una serie de medidas destinadas a la prevención y corrección del fraude fiscal, fundamentalmente en el ámbito del IVA mediante la puesta en marcha del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que permitirá a la Agencia Tributaria obtener información casi en tiempo real de las transacciones y, por tanto, mejorando el control tributario.

Esta medida se enmarca en un paquete de medidas de lucha contra el fraude, junto con las incluidas en el Real Decreto Ley y las que se incluirán en un proyecto de Ley, cuyo impacto se estima en dos mil millones de euros.

Con las modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido se instaura un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación. A su vez se configura como una novedosa herramienta, tanto de asistencia al contribuyente, como de mejora y eficiencia en el control tributario. El impacto económico del SII se estima en 700 millones de euros.

El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el SII está integrado por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el IVA sea mensual. Este colectivo está integrado por unos 62.000 contribuyentes que representan, aproximadamente, el 80 por 100 de la facturación empresarial del país. La entrada en vigor de esta obligación será el 1 de julio de 2017.

Por último, el Pleno del Congreso ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite del gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2017, el llamado «techo de gasto», que ha quedado fijado en 118.337 millones de euros.

Este acuerdo responde a la reducción del déficit propuesta por la Comisión Europea y supone cumplir unos objetivos de déficit del 4,6 por 100 del PIB para 2016, el 3,1 por 100 del PIB en 2017, el 2,2 por 100 del PIB para 2018, y el 1,3 por 100 del PIB para 2019.

El déficit de la Administración central se reducirá progresivamente hasta alcanzar el 0,3 por 100 del PIB en 2019 y el de Seguridad Social hasta alcanzar el 1 por 100 en 2019. Las administraciones territoriales también se suman al esfuerzo de consolidación fiscal, y las Comunidades Autónomas alcanzarán equilibrio presupuestario en 2019.

En el desglose por administraciones públicas, el déficit de la Administración central se reducirá progresivamente hasta alcanzar el 0,3 por 100 del PIB en 2019. Las administraciones territoriales también se suman al esfuerzo de consolidación fiscal, alcanzando las Comunidades Autónomas equilibrio presupuestario en 2019.

Finalmente, la Seguridad Social irá reduciendo de manera más modera su déficit hasta situarlo en el 1 por 100 del PIB en 2019. Para el total de las administraciones públicas se reducirá el déficit de Seguridad Social en un – 4,6% del PIB, en 2017 un -3,1; en 2018 un -2,2 y en 2019 un -1,3%.

En cuanto a los objetivos de deuda pública para el periodo 2017-2019, se han fijado los siguientes para el conjunto de administraciones públicas un 99% del PIB para 2017; y u 97,7% para 2018 y un 95,4 para 2019.

El Pleno ha aprobado también el acuerdo por el que se adecua el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de 2016, que se fija en -4,6% del PIB; y el objetivo de deuda pública del total de las Administraciones Públicas para este año, de un 99,4%.

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