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Luces y sombras de las nuevas medidas fiscales y tributarias

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Hay mucho Presupuesto que hacer…

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado el real decreto de medidas urgentes en materia financiera y el que contiene las nuevas medidas en el ámbito tributario

Las medidas adoptadas por el Gobierno para cumplir los compromisos con Bruselas no convencen a todos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sí avala las previsiones macroeconómicas con las que el Gobierno acompaña la actualización del Plan Presupuestario para 2017 presentado el pasado viernes.

Según esta Institución, «la composición del crecimiento» que contempla el Ejecutivo es «verosímil, con la demanda interna ejerciendo de principal motor de la economía, junto con una contribución ligeramente positiva del sector exterior».

La AIReF asegura que «el consumo privado permanece como la fuerza primaria de crecimiento, favorecido por la recuperación del empleo y el mantenimiento de unas condiciones monetarias favorables».

Pero ese consumo privado en el que «tanto» se apoyan las cuentas del Gobierno puede verse lastrado si la subida de las cotizaciones afecta a los autónomos como así creen que pasará en la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Su presidente, Lorenzo Amor, lamenta la nueva estocada que sufrirán un millón de autónomos societarios al subir sus cotizaciones 300 euros. Amor coincide en la necesidad de elevar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); sin embargo reprocha que, en un año, el SMI experimentará un incremento equivalente al de ocho, lo que repercutirá en los autónomos que contratan asalariados cuyos costes salariales subirán en 1.000 euros por empleo en el próximo año.

La subida del 8% en el SMI provocará que la base mínima de cotización al Régimen General se elevará en el mismo porcentaje y, como consecuencia, también la de los autónomos societarios y los que tengan 10 trabajadores o más, que utilizan esta referencia para sus propias bases mínimas. Éstas se elevarán hasta los 1.152,8 euros, es decir 300 euros más al año.

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) avisan de que las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Consejo de Ministros solo suponen un primer paso hacia más subidas fiscales durante la actual legislatura.

Aunque respaldan el aumento impositivo de 5.150 millones, entienden que es solo una primera fase para reducir el déficit público a no ser que se refuerce la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Para ello, repiten, se necesitan a medio plazo 26.718 nuevos funcionarios en la Agencia Tributaria.

En concreto, Gestha señala que este primer paquete de medidas fiscales representa apenas un 9,5% de la recaudación diferencial de casi 54.000 millones que separan a España con la media ponderada de la Unión Europea.

Comparada con la media de la Unión, España, dicen los técnicos, recauda por el IRPF 17.673 millones menos; 5.000 millones menos por las rentas del capital, 4.346 millones menos por el Impuesto sobre Sociedades, 512 millones menos por tabaco y alcohol y 247 millones menos por los diferentes impuestos medioambientales.

Las nuevas medidas sí aumentarán la tributación de las grandes sociedades en 4.300 millones, «lo que reducirá casi en su totalidad el diferencial de este impuesto con Europa», pero, advierten, «sin aumento de la carga impositiva esos 4.300 millones que ahora se ingresan se dejarán de ingresar en el futuro». Es decir, que estas medidas «coyunturales» sólo servirán para cumplir el objetivo de déficit

Y poco más. Porque desde el inicio de la crisis la recaudación por Sociedades en España se ha hundido un 55%, desde los 44.823 millones recaudados en 2007, lo que supone una pérdida acumulada de ingresos en los últimos ejercicios de 173.000 millones de euros.

Por otra parte, estos técnicos respaldan la subida de 850 millones en los impuestos de tabaco y bebidas alcohólicas -España ocupa el lugar 21º en el ranking- porque, además es una medida que apuesta por la mejora de la salud pública.

También apoyan el nuevo impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas. En el caso de los refrescos, España recoge así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las que urgía a los países a gravar estas bebidas en beneficio de la salud de los ciudadanos.

Entre las medidas fiscales, los técnicos destacan también la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio que permitirá a las comunidades autónomas recaudar 937 millones, si bien recuerdan que la Comunidad de Madrid pierde 660 millones anuales al no exigir este tributo a 15.532 madrileños que atesoran el 25,2% del patrimonio total de España.

Ahora bien, estos expertos reprochan que la bajada del gasto en la Administración Pública para 2017-2019 no se ha especificado ni tampoco la reforma fundamental del funcionamiento y estructura de la Intervención General de la Administración del Estado que harían más efectivo y eficaz el control del gasto público y de las subvenciones.

El colectivo aplaude la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, pero avisa de que si bien obstaculizará el fraude fiscal, no lo eliminará. Gestha recuerda que después de que a finales de 2012 se aprobase la prohibición de pagar más de 2.500 euros en efectivo, entre 2014 y 2015 se realizaron 10.850 controles de estos pagos en efectivo que terminaron en sanción en el 21% de los casos.

En esta línea, los Técnicos apuntan que el Gobierno también debería reducir el límite a los pagos en metálico permitido a los ciudadanos no residentes en España, que actualmente está en 15.000 euros.

Quien no es tan benevolente con las nuevas medidas fiscales del nuevo Gabinete de Mariano Rajoy es Juan Pina, presidente de la Unión de Contribuyentes (UC), quien las rechaza frontalmente «por trasladar a los contribuyentes la totalidad del ajuste, apretando los cinturones de particulares y empresas para no apretar el del Estado».

Pina acusa al gobierno del PP, y a la colaboración necesaria del PSOE y de Ciudadanos, de no realizar el ajuste que pide la Unión Europea por el lado del gasto y, particularmente, suprimiendo o enajenando agencias, organismos y empresas de titularidad pública.

«El gobierno Rajoy, con Cristóbal Montoro reconfirmado en su papel de azote de los contribuyentes, ha optado por aumentar la recaudación a expensas de todos e incrementar hasta extremos inauditos la caza de brujas contra empresas y particulares por vías telemáticas», argumenta Pina, que apunta que aunque el Impuesto de Sociedades sea el tributo menos impopular, su incremento por la vía de la eliminación de deducciones perjudica a todos porque obliga a las empresas a encarecer sus productos y servicios, reducir sus compras a proveedores (dañando así a infinidad de pymes y autónomos) y frenar su contratación en un país tan necesitado de crear puestos de trabajo».

Porque a juicio de la UC, cuyo informe puede leer aquí, «subir las cotizaciones que pesan sobre la contratación es una medida suicida que nos impedirá salir del pozo de desempleo masivo en el que estamos inmersos».

Por otra parte, destacan que la subida de los impuestos especiales -tabaco y alcohol- afecta directamente a millones de personas y perjudica notablemente a varios sectores productivos. En particular, gravar de forma especial las bebidas azucaradas daña a sus productores pero también a la hostelería y al sector azucarero, y constituye una injerencia ilegítima del Estado en la libertad de los consumidores.

Por lo que respecta a la implantación del «insidioso» sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) Pina lo considera un golpe sin precedentes a nuestras libertades.

Con las modificaciones introducidas en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido se instaura un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.

El SII consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica de manera que, con esta información se vayan configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. En el supuesto de facturas simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen.

El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el SII está integrado por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el IVA sea mensual. Este colectivo está integrado por unos 62.000 contribuyentes que representan aproximadamente el 80% de la facturación empresarial del país. En concreto, serán incluidos obligatoriamente en el SII los contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA (Redeme), las grandes empresas (aquellas que cuenten con una facturación anual de más de 6 millones de euros) y los grupos de IVA. De forma opcional, cualquier otro contribuyente que no reúna estos requisitos puede optar por el sistema.

Su entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2017 y tendrá un impacto económico estimado de 700 millones de euros, repartido por igual entre 2017 y 2018.

Por lo que toca a la reducción a mil euros del tope a los pagos en efectivo, el presidente de la UC opina que lejos de combatir la delincuencia, agrede a los autónomos y a las micropymes, así como a infinidad de consumidores pertenecientes a los segmentos de renta más baja.

En este contexto, la Unión de Contribuyentes expresa su temor por la deriva que cabe esperar en los meses inmediatamente posteriores, habida cuenta del aumento del techo de gasto autonómico y de la nula voluntad de recortes en las restantes administraciones públicas, que, a su juicio, «seguirá asfixiando a los contribuyentes».

Por último y en clave política, José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, critica las medidas aprobadas por el Ejecutivo argumentando que «otras políticas podrían haber evitado una subida de impuestos de tanto calado». «No estamos de acuerdo. Creemos que se podía haber hecho más esfuerzo en la lucha contra el fraude y en la reducción de la Administración, y así hubiéramos podido cuadrar los números con una menor subida de impuestos», ha dicho Villegas.

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