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Los socialcomunistas devuelven a los sindicatos el uso de la violencia

Pedro Sánchez

El presidente Sánchez y su vicepresidente Iglesias dejan a los sindicatos usar la fuerza para lograr sus objetivos (Foto: Congreso)

PSOE, Unidas Podemos y sus socios de gobierno derogan el artículo del Código Penal que condena a quienes de forma violenta impiden a los trabajadores ir a trabajar

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que tipifica como delito e impone penas de hasta 3 años de cárcel a ‘quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga’.

Además, la ley impulsada por el PSOE y aprobada hoy en el Parlamento por 189 votos a favor, 151 en contra y 8 abstenciones dispone que ‘los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga’, es decir, contempla la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo al artículo ahora derogado.

Los socialistas, junto a comunistas y sindicatos, que siempre han mostrado su rechazo a la reforma del CP que les impedía tener ‘carta blanca’ en las huelgas, argumentan que con el 315.3 ‘se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical’.

Nada más lejos de la realidad. Cuando gobernó el Partido Popular de Mariano Rajoy el Ministerio Fiscal pidió penas de cárcel para algunos sindicalistas que habían usado de forma desaforada la violencia contra compañeros que, al no estar de acuerdo con las ‘órdenes’ de los sindicatos, acudían a trabajar. Algunos de los manifestantes entraron en prisión por provocar gravísimos disturbios en las calles de algunas ciudades españolas que incendiaron con la excusa de ‘los recortes en derechos laborales y sociales llevados a cabo por gobiernos de la derecha’.

Con la aprobación hoy de la proposición socialcomunista desparece el artículo 315.3 del Código Penal y deja desprotegidos a quienes quieran ejercer su libertad de no hacer huelga y acudir a sus puestos de trabajo en contra de lo que digan los sindicatos de ‘clase’.

Al tratarse de una ley orgánica, el texto pasa ahora al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. En caso de que la Cámara Alta no modifique el texto, éste quedará listo para publicarse en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor, y si incluye enmiendas, la iniciativa volverá al Congreso para que el Pleno decida si mantiene o revoca los cambios.

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