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Los profesores no aprueban la nueva ley educativa

Moncloa

Los profesores suspenden a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (Foto: JM Cuadrado)

Isabel Celaá presenta al Consejo de Ministros el informe sobre el anteproyecto de la nueva ley de educación, «aprobado sin el menor consenso y sin atender las peticiones de la comunidad educativa»

Los profesores españoles no respaldan la aprobación en el Consejo de Ministros de ayer del Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) considera que no va reducir las desigualdades entre el sector público y la enseñanza concertada.

A pesar de que el gobierno defiende que la nueva norma revertirá los aspectos de la LOMCE relativos a la carga lectiva, las sustituciones del profesorado y la ratio alumno-profesor, los profesores advierten de que si se aprueba esta ley las administraciones autonómicas podrán fijar la jornada lectiva de los docentes recomendándose un máximo de 23 horas de carga lectiva en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y de 18 en los centros que imparten el resto de enseñanzas.

Como ya denunció en su momento la organización sindical, esto supone una nueva discriminación a los docentes de la enseñanza concertada. El texto indica claramente que dicha medida podrá aplicarse solo en los centros públicos, permitiendo que en los centros concertados la carga lectiva alcance las 25 horas semanales con el agravante de unos salarios sustancialmente inferiores.

Desde el sindicato exigen que la reforma se aplique sin distinción y en igualdad de condiciones a todos los docentes de los colegios sostenidos con fondos públicos. Lo contrario chocaría con el principio reconocido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia (26/2016) de 18 de febrero de 2016, que dice claramente que la carga lectiva del profesorado de los centros públicos y privados concertados es competencia de la Administración y, al tratarse de centros sostenidos con fondos públicos, debe tener un tratamiento homogéneo.

Esta equiparación también fue avalada por el Consejo Escolar del Estado el pasado mes de octubre. En eso se apoya FSIE para exigir al Ministerio de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá que aplique los mismos criterios en todos los centros sostenidos con fondos públicos para que todos los profesores puedan ejercer su profesión en igualdad de condiciones.

Tras presentar al Consejo de Ministros la nueva ley educativa, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, explicó que deroga en su totalidad la «segregadora y dañina» Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y modifica la anterior Ley Orgánica de Educación (LOE), que fue reformada por la LOMCE.

Celaá aseguró, durante la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, que el anteproyecto de ley respeta absolutamente la Constitución. Respecto al castellano, «tanto las competencias del Estado como las de las comunidades autónomas», estableciendo un porcentaje del 55% de reserva de las competencias del Estado en aquellas comunidades autónomas con lengua propia y un 65% en las que no la tienen. Esto, a su leal saber y entender, garantiza el dominio del castellano. Es lo que aseveró hace tan solo unos días.

Ha trascendido que el informe de ponencia del Consejo Escolar el Estado sobre el anteproyecto educativo consta de 33 páginas y dedica el apartado 60 a la lengua castellana en la enseñanza. «Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Añade que «al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas».

FSIE pidió en varias ocasiones que la nueva normativa contemplase, entre otras cosas, que la planificación de la oferta escolar tenga en cuenta la «demanda social» y no solo se oferten plazas públicas suficientes asfixiando a la concertada; retirar la representación del ayuntamiento en los consejos escolares de centros concertados; mantener el papel de los padres como máximos responsables de la educación de sus hijos; incluir la asignatura de Religión en el currículo oficial respetando el Acuerdo con el Estado del Vaticano y los acuerdos con otras confesiones religiosas.

Contrariamente a esta última petición, la nueva ley elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión. Garantiza que todos los estudiantes cursen una materia de Educación en valores cívicos y éticos pero su calificación no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media para los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas.

Celaá avanzó que la Educación Primaria vuelve a organizarse en tres ciclos y se elimina la jerarquía de materias en primaria y secundaria obligatoria (es decir, desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración). Elimina las pruebas finales de etapa -las reválidas- definitivamente y los itinerarios tempranos. También evita que haya una doble titulación para la ESO, a la cual podrán pasar los alumnos aunque estén en la Formación Profesional Básica. Según la titular de Educación es un «sistema muy flexible e inclusivo», que sirve tanto para los alumnos más listos como para los que «aprenden más lento».

Una de las cosas que los profesores tiene claro y así se lo han hecho saber a la ministra de Educación en repetidas ocasiones es que obtener el título de Bachillerato sin aprobar todas las asignaturas es un error. Lejos de hacer caso a los profesionales, la «reforma» prevé la posibilidad de obtener el título de bachillerato «por compensación» en caso de superar todas las materias salvo una.

La titular de Educación afirmó ayer que «la repetición será la última ratio» y que el alumno que repita curso tendrá asignado un tutor del centro para guiarlo. «No queremos que nadie se quede atrás, sino que todo el mundo salga con la titulación, con la preparación y con la acreditación necesaria para tener un trabajo digno en la vida», dijo Celaá. Es decir, totalmente distinto a lo que quieren los profesores de otro sindicato, ANPE, que tienen clarísimo que para reducir el fracaso escolar sólo vale mejorar el rendimiento de los alumnos con un modelo de exigencia y responsabilidad.

Sea como sea y a pesar de no contar con el respaldo del sector, la que será la novena ley educativa de la democracia afectará a los 8.179.539 estudiantes (+0,3%) que se han matriculado en el curso 2018-2019 en Infantil, Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional.

También a los 701.373 profesores del curso 2017-2018. Son 12.907 más (+1,9%) que en el curso anterior. Y a los 28.531 centros de enseñanzas de régimen general no universitarias que hay en España este curso 2018-2019. De ellos, 19.112 son públicos y 9.419 privados. Los de Educación Primaria son los más numerosos, con 10.308, seguidos de los de ESO/Bachillerato/FP, que son 4.999.

El Consejo de Ministros también aprobó la creación de cinco nuevos títulos de Formación Profesional de grado superior para todo el territorio nacional: Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina; Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Pistón; Técnico Superior de Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Pistón y Técnico Superior en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves.

Esto es importante para el Gobierno, ya que «la inserción de la FP en el mercado de trabajo es superior al 75%».

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