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Los PGE son dañinos para la economía

IEE

Este gráfico refleja la realidad de la creación de empleo en España en 2018 (IEE)

Según el IEE, los Presupuestos Generales del Estado para 2019 contemplan un aumento significativo de casi todas las partidas de gastos e incrementos de impuestos que deberían bajarse en lugar de subirse

El Círculo de Empresarios critica el proyecto porque “genera incertidumbre a la vez que eleva la presión fiscal sobre familias y empresas”

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) cree que lo que la economía española necesita es estimular la inversión privada de las empresas e impulsar el crecimiento de la productividad y la competitividad.

Así se afianzaría la confianza y se alargaría la fase expansiva y se intensificaría la creación de empleo.

Es todo lo contrario que lo que plantean los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que, según el IEE llegan en un momento muy delicado, tanto para la economía mundial como para la española, caracterizado por signos cada vez más evidentes de desaceleración.

José Luis Feito, presidente del IEE, opina que los Presupuestos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la fuerte subida de cotizaciones sociales máximas y mínimas, con el aumento de la tributación de la inversión y del ahorro, con el notable aumento del gasto público, van justo en sentido contrario.

El Instituto indica que las hipótesis básicas y el cuadro macroeconómico del Gobierno resultan en exceso optimistas puesto que sobreestiman los crecimientos del mundo, de la eurozona y de España y, por ende, se sobreestiman la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro.

Los PGE-2019 contemplan aumentos de casi todos los conceptos de gasto, a excepción de los gastos financieros que registran una ligerísima disminución. El resultado es un Presupuesto de gastos “electoralista” en el que se destinan más recursos a políticas que benefician a colectivos con importante peso electoral, sin plantearse si estos aumentos de gasto son sostenibles y, por tanto, si se habrán de revertir en el futuro o financiarse mediante subidas impositivas.

“De ejecutarse los planes de gasto plasmados en los PGE-2019 y, habida cuenta de que las previsiones de crecimiento del PIB, del empleo y de la recaudación son excesivamente optimistas, se puede afirmar que el conjunto de las Administraciones Públicas incumplirán el objetivo de déficit (fijado por el Gobierno en un 1,8% del PIB), que ascendería hasta el entorno del 2,2% del PIB”, ha augurado Feito.

Para financiar los mayores gastos y limitar el déficit, el Gobierno va a aplicar subidas de 2 y 4 puntos en los tipos del IRPF para rentas superiores a 130.000 y 140.000 euros, respectivamente, y de 1 punto en el Impuesto sobre el Patrimonio, para patrimonios superiores a 10 millones, como también incrementará en 4 puntos los rendimientos de capital superiores a 140.000 euros con lo que prevé recaudar 667 millones más.

Pero donde se espera un aumento más notable en términos absolutos y relativos es en el impuesto de Sociedades, que aportará 1.516 millones de euros netos adicionales, gracias al aumento del 6% en la base imponible consolidada, al establecimiento de tipos mínimos de tributación (entre otros, 15% para sociedades sujetas al tipo nominal del 25% y 18% para entidades financieras) y a la reducción de exenciones, entre ellas las de dividendos y plusvalías generadas por filiales en el exterior que pasan del 100% al 95%.

De hecho, más que de una reducción de exenciones se debe hablar de un incremento de la doble tributación a las empresas españolas por los beneficios generados en el exterior por los que previamente ya han tributado en el país de origen.

Estas medidas impositivas afectarán negativamente a la inversión, a la tasa de ahorro y a la internacionalización de la economía española, palancas esenciales para hacer frente a una desaceleración de la economía mundial.

Respecto a los impuestos indirectos, el Gobierno confía en la expansión de las bases que producirá la continuidad de la fase expansiva del ciclo y también en las nuevas medidas tributarias.

Para el IVA, se espera un incremento del 11,7%, por el Sistema de Información Instantánea, cifra que se reduce al 5,6% si se elimina este efecto, mientras que para los Especiales, el aumento de la recaudación se cifra en 11,8% como resultado de la expansión de las bases y el aumento del tipo en el gasóleo no profesional.

Por último, el Gobierno introduce dos nuevos impuestos sobre Transacciones financieras y Determinados Servicios Digitales, con los que espera recaudar 850 y 1.200 millones respectivamente. La aparición de estas dos nuevas figuras tributarias no solo constituye un grave error por no estar armonizadas con la UE, sino que restan atractivo a nuestro país como lugar de destino de inversiones empresariales.

“No es éste, ciertamente, el mejor momento para estas ocurrencias fiscales, un momento en el que se está desacelerando la economía mundial y el Brexit va a redistribuir inversión internacional desde el Reino Unido a la UE”, indica Feito.

Por otra parte, salarios públicos más altos y mayores cotizaciones sociales inducirán un significativo aumento de los costes laborales unitarios y reducirán la competitividad de las empresas. A esto se han de sumar los efectos negativos de la intensa subida del SMI, sobre cuyas consecuencias negativas para los trabajadores menos cualificados no sólo ha advertido el IEE.

“En suma, no parece que estas sean las medidas más apropiadas para impulsar la inversión y la creación de empleo, ni para mejorar la competitividad de nuestras empresas y alargar la fase expansiva del ciclo”.

Así pues, la aprobación de los PGE lejos de aportar estabilidad y certidumbre a los ahorradores e inversores nacionales e internacionales, sería una fuente adicional de inestabilidad, incluso más allá del horizonte de 2019.

“Porque la fórmula más gasto, más impuestos, más déficit y más deuda pública podría extenderse a 2020, y agravarse si para dicho año se ratifican los aumentos adicionales del SMI, de salarios y gasto público acordados entre el Gobierno y sus socios parlamentarios”, avisan.

También el Círculo de Empresarios critica hoy el proyecto de Presupuestos diciendo que “generan incertidumbre a la vez que elevan la presión fiscal sobre familias y empresas, impactando negativamente no sólo sobre la capacidad de ahorrar, consumir e invertir, sino también en la creación de empleo y la competitividad”.

Este grupo de empresarios estima que existiría un desfase de en torno a 10.000 millones de euros entre las previsiones de gastos e ingresos.

Por el lado de los ingresos, la estimación de la recaudación es “poco realista, con un incremento de los ingresos no financieros del 8,1% (hasta 253.101 millones de euros) respecto a la previsión de liquidación de 2018 y de los ingresos tributarios del 9,5%, 2,5 veces más que el crecimiento nominal de la economía”.

Con la ampliación del gasto público que suponen los Presupuestos “se desaprovecha el actual crecimiento de la economía española para reducir el déficit estructural y llevar a cabo medidas de eficiencia del gasto”.

“Actualmente -dice el documento PGE 2019: Ausencia de estrategia ante la desaceleración– España mantiene un elevado nivel de deuda pública (98,3% del PIB) y un déficit estructural del 3,1%, siendo la única economía de la Eurozona que, junto Francia, no ha logrado superávit primario, es decir, excluyendo los intereses de la deuda pública”.

El Círculo señala que “la política económica del Gobierno carece de visión estratégica al ignorar los retos tecnológicos y demográficos que se perfilan a medio plazo y la desaceleración económica e incertidumbres que se proyectan a lo largo de 2019”.

Para sus analistas, “la visión cortoplacista del Gobierno dificulta la consecución de los tres objetivos presentados en el proyecto de PGE: control del déficit público, cambio estratégico del modelo productivo y combatir la desigualdad”.

Terminan llamando la atención sobre “la ausencia de disciplina presupuestaria, clave para lograr un crecimiento más sostenible e integrador”. La “falta de rigor presupuestario” exigirá en 2019 un ajuste superior a 16.300 millones de euros (1,3% del PIB), representando el mayor esfuerzo de consolidación fiscal tras el realizado en 2017.

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