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Los PGE de 2021 congelan las inversiones para Madrid

Javier Fernández-Lasquetty

El consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández-Lasquetty (Foto. Comunidad de Madrid)

Mientras aumentan un 48% las destinadas a Cataluña y mas de un 57% las de la Comunidad Valenciana

Armonizar los impuestos de gestión autonómica costaría 5.900 millones de euros a los contribuyentes madrileños, que se han ahorrado 48.000 millones en los últimos 16 años gracias a la política fiscal de la Comunidad de Madrid

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández- Lasquetty, ha criticado que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) congela las transferencias estatales destinadas a inversiones en la Comunidad de Madrid.

Según los primeros cálculos del titular de la Hacienda madrileña, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso recibirá los mismos 1.250 millones de euros contemplados en los PGE anteriores, mientras en Cataluña aumenta un 48% o un 57,3% en la Comunidad Valenciana.

‘El Gobierno está aplicando un castigo injusto e innecesario a la Comunidad de Madrid, a pesar de que somos la región más solidaria y la que aporta más a la caja común con la que se financian los servicios públicos del resto de comunidades autónomas’, ha indicado Lasquetty, quien ha achacado esta decisión del Ejecutivo central a que ‘sólo busca contentar a sus socios nacionalistas y a los suyos allí donde gobiernan’.

Además, Fernández-Lasquetty ha cuestionado la idea de armonizar los impuestos de gestión autonómica (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y el tramo autonómico del IRPF), una pretensión del Gobierno central que a la Comunidad de Madrid le costarían 5.900 millones de euros.

El consejero madrileño exige al Ejecutivo central, que ya trabaja para que todas las comunidades autónomas apliquen el Impuesto de Patrimonio, que respete su autonomía fiscal, teniendo en cuenta que sólo la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%.

Para Fernández-Lasquetty hablar de ‘competencia fiscal desleal’ es una acusación falsa ya que ‘todas las comunidades autónomas contamos con el mismo marco competencia en materia tributaria’. ‘Obligarnos a restablecer un impuesto obsoleto como el de Patrimonio supone una vulneración del principio de autonomía fiscal, y no lo vamos a consentir’, ha enfatizado Lasquetty, quien ha remarcado que ‘los madrileños no quieren pagar más impuestos, mucho menos el de Patrimonio, que no tiene ningún otro país europeo’. Por ello, ha advertido de que ‘si el Gobierno central quiere obligarnos a ello, no sólo nos va a tener en frente sino también a los más de tres millones de contribuyentes madrileños que se han ahorrado 48.000 millones de euros en los últimos 16 años gracias a la política fiscal de la Comunidad de Madrid’.

Fernández-Lasquetty ha calificado los PGE para 2021 como ‘ideológicos y preocupantes que sólo van a servir hundir más a España en la crisis actual’. Igualmente, ha criticado que su diseño se haya hecho sobre una previsión de ‘crecimiento irreal’ y una estimación de ‘ingresos inflada’.

En su opinión, las cuentas públicas para el próximo ejercicio, ‘incluyen todo lo que no se debe de hacer en plena crisis: subir los impuestos y elevar de manera desorbitada el gasto público, que sólo va a conseguir aumentar el déficit y la deuda’.

En materia fiscal, el consejero ha recordado que las principales economías europeas, como Alemania, Francia o Reino Unido, están apostando por aprobar rebajas fiscales ‘ya que es la mejor receta para superar esta crisis, es decir, aliviar la presión tributaria para ayudar a las empresas y a los ciudadanos a superar el bache y poder seguir adelante’.

A este respecto, ha reiterado el compromiso de la Comunidad de Madrid con la bajada de impuestos, ‘que llevaremos a cabo a lo largo de la legislatura dando cumplimento a nuestro programa de gobierno’, ha finalizado.

La subida de las primas de seguro contemplada en los PGE para 2021 también ha sido cuestionada [1]

El incremento del impuesto al diésel planeado en las cuentas públicas afectará a un tercio de los transportistas españoles [2]