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Los parlamentos autonómicos costaron al contribuyente 336 millones en 2016

CCC

Así se reparte el dispendio…

La Cámara catalana es la más costosa

Los parlamentos autonómicos costaron 336 millones de euros a los contribuyentes en 2016.

La Cámara regional de Cataluña es el más caro de todas las Autonomías, con un presupuesto que asciende a 51.9 millones de euros, seguido por el de Andalucía (39.9 millones) y el País Vasco (33.1 millones).

Según el análisis efectuado por Convivencia Cívica Catalana, entre las partidas de gastos de las cámaras autonómicas la más cuantiosa es la que hace referencia a gastos de personal, que, entre los diecisiete parlamentos autonómicos, asciende a 187 millones de euros, más de la mitad de su coste total.

El coste medio por parlamentario en la cámara catalana asciende a 188.000 euros anuales, una cifra que resulta un 82% más elevada que el coste por parlamentario del Congreso de los Diputados (103.090 euros) y más del doble que el del Senado (87.170 euros).

Desde CCC destacan que una cámara autonómica salga más cara a los contribuyentes que una cámara estatal, cuyos ámbitos de gestión y responsabilidad son notoriamente más amplios.

Otro de los aspectos más polémicos en el coste de los parlamentos autonómicos en España es el de las subvenciones a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos políticos que la integran y que están sujetas a la discrecionalidad de cada parlamento.

En este sentido, destaca también el parlamento catalán por sus elevadas subvenciones: la cámara catalana ha pagado en 2016 a los grupos políticos 117.320 euros por cada parlamentario, casi el triple que el resto de parlamentos autonómicos (46.950 euros). Se da la circunstancia que la cámara autonómica catalana repartió en subvenciones en 2016 entre sus grupos políticos 15,8 millones de euros, tanto como el Congreso de los Diputados (9,3 millones) y el Senado (6,8 millones) juntos.

Resultan llamativas estas elevadas cantidades que se «auto-asignan» los dirigentes políticos catalanes -dicen en CCC- cuando no dejan de lamentarse de carecer de recursos económicos y padecer «asfixia financiera».

Convivencia Cívica Catalana considera que los parlamentos autonómicos deberían realizar un esfuerzo por introducir medidas de racionalidad, austeridad y una mayor objetividad en la asignación de gastos, especialmente en lo que se refiere a retribuciones de diputados y subvenciones a los grupos políticos.

Puede leer el informe completo aquí.

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