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Los jueces reprueban el RDL del Gobierno contra la violencia de género

156 CC

Actual redacción del 156 del CC que el Gobierno quiere modificar vía RDL

Modifica «nada menos que el Código Civil con un acto legislativo gubernamental»

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) critica el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de agosto para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en septiembre de 2017 por casi todas las fuerzas políticas en el Parlamento.

Los jueces y magistrados de esta asociación ponen en duda en primer lugar el carácter urgente con el que el Ejecutivo ha revestido el RDL. Pero lo que trae de cabeza a los juristas es que el gobierno socialista pretenda, por «irregular e inédito», reformar nada menos que el Código Civil (CC), una de las normas básicas del ordenamiento jurídico español, a través de un acto legislativo gubernamental.

«La reforma del Código Civil debe contar con el mayor consenso posible para su reforma», advierten estos jurídicos que también entran en el fondo del asunto pues la norma reforma dos artículos «importantísimos».

En la actualidad la atención y asistencia psicológica de los hijos es «competencia» común de los padres. Pero la Disposición Final Segunda del RDL modifica el artículo 156 del CC, que establece que cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos», el otro podrá decidido por su cueta.

Para los miembros de la AJFV, esto supone reformar una institución tan importante como la de la patria potestad, privando a uno de los progenitores, en escenarios jurídicos indeterminados, del derecho a decidir sobre los hijos. Y no sólo eso. También sustrae a los tribunales la potestad de decidir medidas cautelares (asistencia social y psicológica) sobre los menores en caso de violencia de género o de violencia doméstica -el Real Decreto no distingue-.

«Bastará la denuncia de violencia de género o de violencia doméstica para que el denunciado no pueda decidir sobre sus hijos ni el titular del órgano judicial competente dirimir las diferencias de criterio entre los progenitores», recalcan.

Pero además de cambiar el CC el Gobierno quiere modificar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 y la Ley de Bases del Régimen Local.

En el primer caso, se modifica el artículo 23 extendiendo el poder para determinar la situación concreta de violencia de género, además de a resoluciones judiciales y a informes del Ministerio Fiscal, al «informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente (…)». Es decir, que «el personal de los servicios sociales de los ayuntamientos, o de los servicios de acogida de víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente» podrán acreditar «situaciones de violencia de género». Hasta ahora sólo lo podían hacer jueces y fiscales.

Los juristas de la AJFV creen que es arriesgado. Argumentan que «se deja un margen excesivamente amplio de potestad administrativa, hasta el punto de que podría entenderse que cualquier servicio y cualquier miembro de la administración podrá determinar la condición de víctima de violencia de género».

Lo correcto, añaden, habría sido fijar previamente en la Conferencia Sectorial de Igualdad -que se celebró el pasado 31 de julio- cómo y quiénes podrían ostentar esa potestad administrativa para, después, recogerlo en el precepto legal correspondiente. Porque la actual redacción, lejos de mejorar la situación, origina inseguridad jurídica. No otra cosa supone, dicen, dejar en manos de entes administrativos indeterminados, en momentos indeterminados y en circunstancias indeterminadas, el reconocimiento del estatuto de víctima de violencia de género de una mujer.

Para terminar, critican que el RDL no recoja las 26 medidas incluidas en el Pacto de Estado «histórico» aprobado septiembre de 2017, «algunas de ellas de tanta o más importancia que las reguladas» en la norma recién aprobada. Esto lleva a pensar a los juristas que el Real Decreto Ley «no ha sido meditado, debatido y examinado con la profundidad que requiere una materia de esta importancia, introduciendo inseguridad, imprecisión y desconcierto».

Por todo ello piden al Ejecutivo la retirada del Real Decreto Ley. Subsidiariamente, reclaman a la oposición la no ratificación del mismo.

El Ejecutivo socialista defiende el RDL asegurando que devuelve a los Ayuntamientos las competencias en violencia de género por ser la Administración local la más cercana a las víctimas. En este sentido, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los consistorios -20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.

Sin embargo, estas cuestiones monetarias son secundarias para el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, que denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez «criminaliza a las familias» intentando pasar por encima de la Constitución. Esto, augura, provocará «multitud de juicios». 

García-Juliá añade que el «totalitario» Sánchez «criminaliza» a la mitad de la población por el mero hecho de ser hombres, debilita la patria potestad y convierte la vida familiar en un juicio continuo.

Desde el Foro de la Familia lamentan que el PSOE quiera «posicionarse como referente de la izquierda de cara a las elecciones» con un «decretazo que pasará inmediatamente a los tribunales por vulnerar la Constitución, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el derecho al honor, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

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