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Los impuestos serán la clave del nuevo sistema de financiación

Moncloa

A la reunión no faltó Montoro, ministro de Hacienda… (Foto: Moncloa/Diego Crespo)

La Conferencia de Presidentes pone fecha al nuevo modelo de financiación autonómico

«Muy constructiva». Así resultó la VI Conferencia de Presidentes que ayer se celebró en el Senado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, potenció el contenido de la reunión entre Gobierno Central y CCAA y el cónclave acabó con acuerdos en materia de empleo, protección civil, demografía, política social y educación, violencia de género, unidad de mercado, administración digital y empleo público, tarjeta social, protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica y sobre la sostenibilidad del estado del bienestar y la reforma de la financiación autonómica.

Respecto a este último, el de la financiación autonómica, en el plazo de un mes una comisión de expertos, en la que habrá un representante de cada comunidad y ciudad autónomas, empezará a trabajar en un nuevo modelo que se basará en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.

En paralelo, se analizarán los mecanismos de financiación de la atención a las personas dependientes y la evolución del gasto sanitario. Un tema muy ligado al reto demográfico, «quizás el asunto más importante que se plantea en España en el medio y largo plazo», sobre el que se ha acordado elaborar una «estrategia nacional».

Claro que para tener éxito en todos estos asuntos es necesario regresar a los niveles de recaudación del año 2007. Porque, como apuntó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al comienzo de la reunión, únicamente el capítulo de pensiones ha subido en 40.000 millones de euros.

Por eso la prioridad para los próximos años es generar crecimiento económico y empleo. Estos dos componentes proporcionarán más recaudación con la que mantener y mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de los ciudadanos. «El modelo de bienestar del que disfrutamos en España va unido a la financiación de las comunidades autónomas», dijo Rajoy, que recordó que las Autonomías destinan más del 70% del gasto a la atención social. En total, más de 14 millones de españoles reciben todos los meses una prestación pública.

En este contexto, «las comunidades autónomas tienen la responsabilidad, en buena parte, del mantenimiento, el sostenimiento y la mejora del modelo de bienestar, ya que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales». Y esto sin dinero es imposible. Por eso los asistentes están deseando lograr un «entendimiento en materia de financiación autonómica».

Claro que algunos quieren hacerlo a base de recaudar más impuestos y otros aliviando la carga fiscal a los ciudadanos. Esta disyuntiva, denominada ahora «armonización fiscal» sobre los impuestos cedidos por el Estado a las autonomías propuesta por la presidenta andaluza, Susana Díaz, provocó serias discrepancias entre los presidentes regionales.

Para el mandatario valenciano, Ximo Puig, en la actualidad en España hay «asimetrías profundas entre las comunidades autónomas en lo que se refiere a los ingresos desde el punto de vista fiscal».

Tanto Andalucía como Comunitat Valenciana alegan que son autonomías «infrafinanciadas». Pero de esto se quejan casi todos los representantes territoriales.

Díaz quiere que se abra «el debate sobre el dumping fiscal» y se aborde la «armonización fiscal» entre territorios, especialmente en los impuestos cedidos por el Estado, como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o hidrocarburos, para evitar que haya comunidades que establezcan «bajadas de impuestos que no son justas» con otros ciudadanos y con otros territorios.

Se trataría de que «no se establezcan competencias desleales y que el Estado sea capaz de equilibrar su propia financiación con impuestos para todos los ciudadanos en clave de igualdad». Vamos, se trata de igualar la carga fiscal «por arriba».

Para ello, Díaz reclama que en el nuevo modelo de financiación se ponga «un tope máximo y un tope mínimo» en esos impuesto cedidos, propuesta a la que se sumaron otros barones socialistas como el presidente asturiano, Javier Fernández, y el extremeño, Guillermo Fernández Vara, y otros de comunidades gobernadas por el PP, como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a quien tampoco le disgustan los topes impositivos.

Chocan todos ellos de plano con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que aplica uno de los regímenes fiscales más «bajos» de toda España.

Para la presidenta madrileña, el nuevo sistema de financiación debe cumplir una serie de condiciones. Pero hay una que destaca entre todas las demás: el tipo de políticas económicas que se implementan. Cifuentes considera que «el sistema no puede desincentivar a las regiones más dinámicas, toda vez que -defiende- una mayor recaudación no reporta un aumento de la financiación madrileña».

A Cifuentes se le unió ayer el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, quien tras la reunión de presidentes compareció en rueda de prensa para asegurar que no piensa volver a instaurar en Galicia el impuesto de sucesiones, que prometio bajar en la última campaña electoral y que ya está aplicando.

Claro que sobre todos ellos planea una advertencia que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al principio del encuentro: «los niveles de recaudación actuales no son los de antes de la crisis y, de hecho, desde 2007 los ingresos han caído en más de 20.000 millones de euros».

Al margen de este importantísimo desencuentro, el documento de acuerdos –que puede leer aquí– detalla que la comisión también abordará la reforma de la financiación de las entidades locales, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya propuesta tendrá que someterse a la aprobación de la Comisión Nacional de la Administración Local.

Además, la Conferencia acordó la celebración de un debate monográfico sobre violencia de género en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado, cuyas aportaciones se incorporaran al pacto de Estado contra la violencia de género. Asimismo, acordó impulsar un plan coordinado de ayuda de emergencia a los refugiados. Asimismo, los presidentes llegaron a acuerdos relativos a políticas de empleo, protección civil, demografía, educación, unidad de mercado, administración digital y empleo público e impulso de la tarjeta social.

Hasta que se superen las diferencias en materia recaudatoria y llegue el nuevo modelo de financiación autonómica, en el ámbito más social y en el plazo de tres meses, se pondrá en marcha un grupo de trabajo para diseñar una «tarjeta social», instrumento que permitirá la actualización permanente de las prestaciones sociales que las distintas administraciones prestan a los ciudadanos.

Además, las comunidades autónomas participarán en el desarrollo reglamentario del Decreto de protección de los consumidores vulnerables de energía eléctrica.

La constitución del Consejo Nacional de Protección Civil en el plazo de tres meses es otro de los consensos alcanzados. El objetivo básico, según explicó el jefe del Ejecutivo, es sumar todos los medios de que disponen las comunidades y el Gobierno para responder con más agilidad y eficacia ante este tipo de emergencias.

El resto de los acuerdos se refieren a un plan coordinado de ayuda de emergencia a los refugiados, la unidad de mercado, el empleo público y la Administración Digital. Además, se ha modificado el Reglamento de la Conferencia de Presidentes para reforzar su carácter institucional.

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