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Los grafitis cuestan al transporte público más de 20 millones al año

Grafitis

Los grafitis cuestan mucho dinero

ATUC pide a la Fiscalía que no rebaje su gravedad y los trate como “delito de daños”

No es una expresión artística sino una actividad delictiva organizada, vandálica, agresiva y multirreincidente

Las pintadas en los autobuses, vagones de metro, tranvías y cercanías de las principales ciudades españolas suponen un coste superior a los 20 millones de euros al año.

Lo denuncia este miércoles la Asociación del Transporte Público Urbano (ATUC), que estima que en el último año se han producido en el transporte público como mínimo más de 7.300 pintadas de este tipo, ocasionado unas pérdidas millonarias en servicios de limpieza que terminan pagando los contribuyentes.

Además del coste económico, estas prácticas que se han convertido en un reclamo para el “turismo grafitero” van acompañadas de amenazas y agresiones tanto a testigos como empleados de las empresas afectadas, en especial al personal de vigilancia.

En este contexto, ATUC denuncia la impunidad con la que, en ocasiones, estos actos vandálicos son tratados por la Justicia. Por ello, pide a la Fiscalía General del Estado que sean considerados “delito de daños” y no simples “deslucimientos” cuando suponen importantes deterioros, muchas veces irrecuperables, que terminan por mermar la calidad del servicio al usuario por retrasos y “parones” innecesarios.

ATUC explica que la trascendencia jurídica de estas pintadas actualmente no está recibiendo la respuesta penal que merecen, despenalizando y rebajando la gravedad de los daños ocasionados, tal y como se desprende de algunos procedimientos judiciales abiertos hasta la fecha.

Es muy frecuente que, tras la lectura del atestado o la denuncia, la causa se archive de manera casi automática, dado que el órgano instructor suele ceñirse a la pintada a la hora de valorar su gravedad, ignorando los daños y consecuencias colaterales para operadores, gestores y usuarios.

Es más, a veces los jueces no tienen en cuenta la jurisprudencia que permite que estas pintadas sean tipificadas como un delito de daños siempre que se produzca una alteración sustancial de la apariencia del objeto damnificado -en este caso los vagones- sin necesidad de que haya una destrucción total o parcial del mismo.

Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “esta impunidad genera un efecto llamada para unos encapuchados que usan pinturas cada vez más abrasivas y difíciles de limpiar y que reducen la vida útil de los vagones, generando unos costes improcedentes que terminan cubriendo los usuarios mediante el pago de sus impuestos”.

El Observatorio de Civismo en el Transporte Ferroviario ha presentado esta mañana los resultados del Informe 2017 correspondientes a los datos de incivismo de cerca de 27.000 casos documentados por los operadores.

Según la información recabada, ha aumentado el número de integrantes de los grupos de grafiteros que destacan por su elevado grado de planificación y organización: suelen realizar acciones preparatorias en las que roban planos, emisoras, uniformes o llaves, inutilizan sistemas de seguridad y destrozan puertas y rejas para tener más fácil la entrada, cometer el ataque y facilitar la salida.

La violencia utilizada es otra característica de las intrusiones vandálicas que realizan individuos encapuchados, a menudo equipados con barras y esprais irritantes con los que cometen agresiones, coacciones y destrozos en vehículos e instalaciones.

A todo ello hay que añadir que las entradas clandestinas en instalaciones ferroviarias comportan riesgos para los propios grafiteros, para los empleados y para los usuarios. Los más evidentes son los de atropello, electrocución y caída.

Los operadores ferroviarios integrados en el Observatorio requieren una actuación firme y coordinada con los responsables de la seguridad pública, ya que la envergadura del fenómeno desborda sus competencias y sus medios. En este sentido, ven contradictoria la progresiva despenalización de estos delitos, degradado primero de daños a deslucimiento de bienes para finalmente desaparecer del Código Penal en su última reforma.

En 2016 la Policía detuvo a 20 grafiteros que habían causado daños por valor de 1 millón de euros

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