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Los ‘golpistas’ seguirán en la cárcel hasta que acabe el juicio

Causa especial 20907/17

Tres de los siete miembros de la Sala con el presidente, Manuel Marchena, en el centro

La Sala que juzga el ‘procés’ rechaza ponerles en libertad porque sigue habiendo riesgo de fuga y “ante el momento del juicio en el que nos encontramos”

El Tribunal que juzga la causa especial del ‘procés’ ha rechazado poner en libertad a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn, los líderes del “golpe” en Cataluña que están siendo juzgados en el Supremo.

La Sala que enjuicia la causa especial 20907/17 considera que las razones para mantenerles en prisión siguen concurriendo y con especial fuerza dado “el momento del juicio en el que nos encontramos”, ya que no acudir al juicio provocaría una importante disfunción en su desarrollo.

Según el tribunal, el mantenimiento de la prisión es proporcionado y no vulnera el derecho a la participación política de los acusados. En su escrito el tribunal se remite a los razonamientos expuestos al resolver anteriores peticiones de libertad y analiza las razones sobrevenidas alegadas ahora por las defensas.

Así, frente al argumento de que los acusados están mostrando durante el juicio una actitud colaboradora y que no van a eludir la acción de la justicia después de un año en prisión, la Sala responde que, en efecto, el juicio oral está en pleno desarrollo, con un número muy importante de sesiones celebradas y añade que “la desatención al llamamiento judicial para la continuación de las sesiones del plenario, introduciría una importante disfunción, frustrando el sentido de toda medida cautelar privativa de libertad, que se orienta, precisamente, a asegurar la presencia del procesado durante el desarrollo del juicio oral”.

El tribunal considera que, dada la fuerza con la que concurren las razones que legitiman la medida cautelar de prisión, serían insuficientes otras medidas cautelares menos gravosas, como el control telemático u otras sugeridas en los escritos presentados por las defensas.

La Sala tampoco comparte la posible limitación del derecho de defensa alegada por los acusados. Los magistrados indican que ese derecho de defensa está garantizado de la misma manera para todos los acusados, estén o no privados de libertad. El auto recuerda que a todos los acusados se les ha ofrecido la posibilidad de sentarse en estrado junto a sus abogados, garantizando así una comunicación fluida y permanente durante el desarrollo del juicio. “Además -añade la Sala- en los distintos recesos y en el tiempo empleado para la comida, siguiendo instrucciones dadas por la Sala a los agentes encargados de la custodia, los acusados pueden entrevistarse libremente, sin restricciones, así como recibir asesoramiento de sus letrados”.

El tribunal ha declarado reiteradamente que la celebración del juicio, “no obstante su complejidad y previsible duración, no implica vulneración de la dignidad de los procesados por el hecho mismo de que estén en prisión”. La Sala argumenta que ha facilitado todos los medios precisos para que durante dicha estancia se respeten los derechos de todos los acusados.

Por último, el auto, que puede leer aquí, explica que el hecho de que alguno de los acusados privados de libertad sean candidatos a las próximas elecciones del 28 de abril o a las del 26 de mayo, tampoco conduce a una modificación de su situación personal. Añaden que la circunstancia de que un procesado sea miembro o candidato a un Parlamento no excluye la prisión preventiva, que por sí misma no implica vulneración de sus derechos políticos.

En este sentido, la Sala reitera los razonamientos esgrimidos en su auto de 25 de enero, donde a propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el llamado caso Demirtas contra Turquía, el Supremo explicaba que la condición política de una persona privada de libertad no impide la adopción de esa medida cautelar previa al juicio y que lo relevante es el carácter proporcionado de la misma, para lo que deberá valorarse la existencia de garantías suficientes contra cualquier arbitrariedad, así como la posibilidad de que los afectados puedan impugnarla.

Añade que en el caso de los seis acusados que piden ahora la libertad, la decisión misma de presentarse como candidatos a las elecciones es una manifestación del derecho esencial a la participación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución y una muestra de que dichas personas son plenos titulares del mismo.

A este respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que si cualquiera de los acusados por el “golpe” son condenados por rebelión no podrán ser elegidos para desempeñar cargo público alguno aunque la sentencia no sea firme.

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