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Los gobiernos autonómicos tiemblan ante la falta de PGE

Vicent Soler

El conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler

El Ejecutivo de Ximo Puig exige al Gobierno en funciones que comunique a las CCAA el escenario para confeccionar los presupuestos de 2017

Desde Extremadura piden al Consejo de Estado que obligue el Ejecutivo de Mariano Rajoy a fijar techo de gasto y objetivo de déficit

Las cuentas no cuadran en las Comunidades Autónomas. Mientras el Gobierno en funciones no apruebe un real decreto con el techo de gasto y el objetivo de déficit los gobiernos regionales no pueden aprobar sus presupuestos para 2017. Y el Gobierno se niega a hacerlo.

Hoy mismo, el conseller valenciano, Vicent Soler, ha remitido una carta al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, en la que urge la convocatoria del Consejo de Política Fiscal (CPFF). Soler quiere que el ministro comunique a las Autonomías el dinero del que dispondrán para elaborar sus cuentas.

Al igual que los demás responsables de cuentas públicas regionales, Soler necesita saber cuáles son los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las Comunidades Autónomas para el periodo 2016-2019 conforme a la nueva senda fiscal autorizada por las instituciones Europeas.

El conseller valenciano lamenta la actitud del Gobierno, que hasta la fecha no ha trasladado a las comunidades autónomas cuál es el escenario presupuestario para el próximo año.

Al respecto, critica el anuncio hecho desde el ministerio de Montoro de que no aplicará la flexibilización del límite de déficit para 2017, del 0,3% inicial al 0,7% -de acuerdo con la nueva senda fiscal autorizada por Bruselas-, alegando que está en funciones. Soler culpa al Ejecutivo en funciones de que las Comunidades no sepan qué dinero tendrán para la sanidad, la educación y la dependencia.

No solo desde Valencia le llegan las críticas al Ejecutivo en funciones. Desde la Junta de Extremadura han pedido al Consejo de Estado que se pronuncie sobre la competencia del Gobierno en funciones para remitir a las CCAA la información exigida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esto es, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el techo de gasto y el objetivo de déficit.

El caos que se está viviendo en la vida política -donde Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos con los líderes de los demás partidos políticos sin postularse como candidato a la presidencia del Gobierno- está demostrando lo grave que es la falta de un sistema de financiación autonómico eficiente. Y con el objetivo de resolver el problema los gobiernos regionales han pedido al ministro Montoro que ponga en marcha la Comisión de Expertos sobre la reforma de la financiación autonómica anunciada el pasado 8 de abril.

Pero claro, desde abril ha llovido mucho. Y más que va a llover hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómico. Desde Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha puesto encima de la mesa que el futuro sistema de financiación deberá tener en cuenta la «cuestión demográfica». El presidente extremeño, que asegura que los extremeños son los ciudadanos que más presión fiscal autónoma soportan de España y quienes realizan el mayor esfuerzo per cápita y por persona, cree que es el momento de plantear la cuestión demográfica como uno de los asuntos de Estado estratégicos para el futuro del país y sus regiones. También lo creen en Aragón, Asturias, Galicia y las dos Castillas.

Pero volviendo a los presupuestos y como dijo ayer el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, «España lleva un año en el limbo y eso tiene consecuencias». Consecuencias que podrían agravarse -añadió Pons- «si el 15 de octubre no presentamos a Bruselas nuevos presupuestos y nuestro plan de reducción de déficit», ya que, en ese caso, «es probable que la UE sancione a España y que congele fondos».

Pons es consciente, como todos, de que sin presupuestos no habrá financiación para los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que eso provocará «estancamiento económico y aumento del paro», y que no se revalorizarán las pensiones que reciben 14 millones de españoles, que las verán «congelarse».

Eso fue precisamente sobre lo que Mariano Rajoy advirtió a Pedro Sánchez durante la conversación de 10 minutos que ambos mantuvieron el martes. El presidente del Gobierno en funciones mantuvo una conversación telefónica con el secretario general del PSOE durante la cual le reiteró los argumentos que expuso durante el debate de investidura sobre la necesidad urgente de que España cuente con un gobierno que pueda dar respuesta a los compromisos que tiene ante sí.

El presidente del Partido Popular se refirió en concreto a la urgencia de presentar ante la cámara el proyecto de PGE, del que dependen miles de subvenciones y millones de rentas públicas como las pensiones. Subrayó Rajoy, además, el hecho de que un gobierno en funciones no puede adoptar las medidas precisas para compensar los efectos indeseados de la prórroga presupuestaria, como se ha hecho en otras ocasiones.

Rajoy recordó también la imperiosa obligación de cumplir antes del próximo 15 de octubre los acuerdos con Bruselas para lograr suavizar la senda de corrección de nuestro déficit público y explicó una vez más al dirigente socialista las graves consecuencias que acarrearía dicho incumplimiento, así como otros efectos nocivos que ya se están produciendo como consecuencia del bloqueo político y la ausencia de gobierno.

Todos estos motivos, dijo Rajoy, unidos al hecho inédito de que se hayan celebrado las elecciones ya en dos ocasiones y que España esté sometida a una amenaza gravísima contra su unidad territorial, configuran una situación excepcional que obliga a los representantes políticos a adoptar decisiones.

Y en eso están los diputados de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, Ignasi Candela, Marta Sorlí i Enric Bataller, que han presentado una propuesta de mínimos con la que se busca sentar en la mesa de negociación a PSOE, Podemos y sus confluencias para iniciar un diálogo que permita alcanzar un gobierno de cambio.

La intención de Compromís es lograr un acuerdo de gobierno a 2 años que permita redactar «unos Presupuestos Generales para el cambio». Según Baldoví, «política y económicamente nos encontramos en una situación de urgencia, ya que necesitamos aprobar unos nuevos presupuestos que permitan revertir las políticas antisociales de recortes llevadas a cabo estos años por la mayoría absoluta del PP».

Según Baldoví, su propuesta está diseñada para tender puentes entre PSOE y Podemos. «Se trata de un documento abierto a negociación que permite alcanzar un gobierno de coalición, que deberá someterse a una moción de confianza a los dos años de mandato». El portavoz de Compromís destacó que el acuerdo incluye las seis medidas «innegociables» que Ciudadanos incluyó en su pacto con el Partido Popular con el objetivo de que pueda ser aceptado por la formación liderada por Albert Rivera. Pero los «naranjas» ya han calificado como «inviable» cualquier tipo de pacto que incluya a Podemos. Y así…

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