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Las Autonomías siguen pagando sus facturas «tarde, mal y a rastras»

ATA [1]

Los presidentes regionales piensan poco en su tejido productivo

La morosidad continúa siendo un lastre para los autónomos

En el primer semestre de 2016 las Administraciones Públicas han pagado sus facturas un poco antes que en diciembre de 2015 pero eso no significa que los autónomos cobren en el plazo que marca la ley los trabajos que realizan para ellas.

Al contrario. De media, tienen que esperar hasta 75 días para cobrar un trabajo realizado y en el que han invertido tiempo, material y esfuerzo.

La denuncia, que no es ni mucho menos nueva, la vuelve a hacer Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que añade que peor es aún si nos centramos en los plazos de pago que mantienen las comunidades autónomas.

Según un informe de ATA, los gobiernos regionales incumplen la Ley de Morosidad sistemáticamente. Los autónomos que esperan cobrar sus facturas de la Administración central son los que antes liquidan sus deudas (44 días); los que quieren cobrar de sus ayuntamientos tardan algo más de dos meses (64 días); pero si se desglosan los tiempos de demora de la Comunidades Autónomas, destaca que son las administraciones que más tardan en pagar: 85 días, casi dos meses más tarde que los que marca la Ley.

Extremadura, con 155 días de media, junto con la Aragón, con un periodo medio de pago de 137 días, Islas Baleares y Comunidad Valenciana (114 días de media) y Región de Murcia (107 días de media), son las Administraciones de comunidades autónomas que más infringen la Ley de morosidad y tardan entre cuatro y cinco meses en hacer frente a las deudas que mantienen con sus proveedores.

Con períodos medios de pago de las Comunidades Autónomas superiores a la media nacional (85 días) se sitúan también Cantabria, donde los autónomos tienen que esperar de media 93 días para cobrar los servicios prestados, Castilla y León, con 89 días de media y Comunidad de Madrid, con 88 días; todas ellas, por tanto, con una espera para el cobro de las facturas cercano a los tres meses.

En el otro extremo, cabe destacar que aunque todas las Comunidades incumplen el plazo de 30 días que establece la Ley de morosidad, Navarra y País Vasco hacen frente a las facturas que mantienen con sus proveedores autónomos en un plazo de 41 días en el caso de Navarra y de 42 en el del País Vasco. Aquí también se puede hablar de Canarias, donde los proveedores de las Administraciones Públicas regionales esperan, de media, 53 días en cobrar los servicios que han prestado o de Asturias con 54 días de espera de media.

Con un período medio de pago por debajo de la media nacional (85 días) también se encuentran las comunidades de: Andalucía (83 días), Cataluña (79 días), Castilla-La Mancha (69 días), Galicia (66 días) y La Rioja (60 días).

En el sector privado también se incumplen los periodos medios de pago. Así, los plazos de pago entre las empresas se sitúan en 79 días, incumpliendo también los 60 que establece la Ley, y seis días por debajo de la cifra registrada en diciembre de 2015.

Analizados los períodos medios de pago atendiendo al tamaño de la empresa, cabe destacar que las empresas de más de 1.000 trabajadores, que a priori puede parecer que son las que más capacidad tienen parar hacer frente a sus facturas con proveedores, continúan siendo las que más tardan en pagar, demorándose en cuatro meses (128 días) en hacer frente a las facturas que tienen con sus proveedores autónomos.

Y como en informes anteriores, señala Amor, cuanto menor es el tamaño de la empresa, menos tardan en pagar las facturas. Así, las empresas que tienen entre 250 y 1.000 trabajadores pagan en 119 días de media. Si descendemos a las empresas que cuentan con entre 50 y 250 empleados, los plazos medios de pago descienden hasta los 73 días y hasta los 58 en el caso de las que tienen entre 9 y 50 trabajadores.

Por último y frente a todo este «desmán» se sitúan las transacciones entre los propios autónomos y con empresas de menos de 10 trabajadores, los únicos sectores que cumplen con lo que establece la Ley: las transacciones entre los autónomos se sitúan en 45 días y en 48 en el caso de las microempresas, aquellas que cuentan con entre uno y nueve trabajadores a su cargo.