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Los funcionaros piden una oferta pública que frene la interinidad

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Tras las sentencias del TSJ de Madrid y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que equiparan la indemnización de trabajadores fijos e interinos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama este miércoles al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para analizar las consecuencias jurídicas de la sentencia dictada hoy por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que sigue la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia del pasado 14 de septiembre sobre personal interino.

La Sección Tercera de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por una ex trabajadora del Ministerio de Defensa que estuvo sustituyendo a un trabajador -liberado sindical- durante más de 7 años mediante contratos consecutivos -no indefinidos- y que cuando fue despedida no cobró como indemnización 20 días de salario por año trabajado, como le correspondería si hubiera tenido un contrato «fijo».

En su sentencia, que puede leer aquí, el tribunal madrileño, que considera discriminatorio el «finiquito» ofrecido por Defensa a la trabajadora interina, impone una indemnización para la ex empleada de Defensa de 20 días por año trabajado -como si hubiese disfrutado de una contrato indefinido-, lo que suponen 143 días.

Según el sindicato de los funcionarios, estas sentencias ponen de relieve las graves lagunas que padece el ordenamiento jurídico español en la protección de los trabajadores temporales de nuestras Administraciones y los abusos en la contratación temporal, tanto en lo que se refiere a las indemnizaciones como al encadenamiento de contratos de interinos para cubrir necesidades estructurales.

Según cálculos de CSIF a partir de la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el conjunto de nuestras administraciones públicas hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es, por tanto, cercana al 11%, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el 20%.

Los representantes de los funcionarios creen que las cifras de afiliación a la Seguridad Social que se publicaron ayer reflejan el abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de nuestras Administraciones Públicas, con una variación de unos 90.000 puestos de trabajo en los sectores de Administración Pública, Educación y Sanidad en septiembre.

Para la Central Sindical, estas cifras de interinidad no son razonables teniendo en cuenta que se producen en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar que no pueden estar sometidos a estos cambios, como ocurre en la hostelería, los servicios o el campo. Se da la circunstancia además de que la Administración refleja una pérdida de 7.741 puestos de trabajo en el mes de septiembre, la mayor reducción de empleo en lo que va de año, fundamentalmente correspondiente a personal eventual e interino.

Lo mismo ocurre con el sector de Actividades Sanitarias y Servicios que, con una reducción de 19.604 contratos, arroja la peor cifra registrada en septiembre de los últimos cuatro años, teniendo en cuenta además que las Comunidades Autónomas comenzarán los próximos días la campaña contra la gripe.

Por su parte, la Educación recupera este mes 61.555 contratos de los 202.300 que se perdieron durante los meses de verano. Es decir, las clases han comenzado con 140.000 empleos pendientes de incorporación.

En este contexto, CSIF consideras urgente un estudio en profundidad de los recursos humanos con el fin de implantar una oferta pública que en un plazo de cuatro años permita reducir a la mitad la contratación de personal interino y acabar con la tasa de reposición; es decir, que se cubran todas las jubilaciones.

Por lo pronto y para resolver este asunto este mismo miércoles la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley (PnL) en la que se insta al Gobierno español a cambiar la legislación del Estatuto de los Trabajadores para que quede fijado que la cuantía de la indemnización por extinción de los contratos temporales y de interinos sea de 20 días de salario por año de antigüedad.

La iniciativa ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos de la Cámara, después de que el TJUE rectificara la legislación española en una resolución que asegura que «el hecho de que un trabajador o trabajadora haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita la negativa a dicho trabajador a recibir su indemnización».

Todas las fuerzas políticas han acordado que el Gobierno español tiene que constituir una mesa de trabajo con todas las formaciones y los agentes sociales con el objetivo de que se actualice la legislación española en el sentido marcado por la Justicia europea.

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) aseguran que con el fallo del TJUE los trabajadores temporales podrán reclamar una indemnización de 20 días al finalizar su contrato, y aquellos que estén en fraude de ley (ocupando un puesto fijo, pese a tener un contrato temporal) podrán reclamar hasta 33 días por año trabajado.

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