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Los funcionarios cobrarán el resto de la extra de 2012 en dos pagas en 2016

Cristóbal Montoro

Montoro va poco a poco

En octubre cobrarán otro 26 por ciento

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha confirmado este viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que los empleados públicos recuperarán parte de la paga extraordinaria correspondiente al año 2102 a comienzos de octubre.

«La Administración General del Estado desembolsará esta paga a comienzos del mes de octubre y habilitará a las administraciones territoriales a que lo hagan en función de su disponibilidad«, ha dicho Montoro, que ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 recogen la devolución completa de la paga que, en principio, se abonará en dos partes de acuerdo con la disponibilidad económica.

El ministro ha añadido que también se reponen los permisos por asuntos particulares, por antigüedad y de vacaciones existentes en el año 2012. En el caso de la Administración General del Estado, los empleados públicos podrán disfrutarlos hasta el próximo 31 de enero. Cristóbal Montoro ha reiterado que el Gobierno está cumpliendo sus compromisos con los funcionarios en un escenario de recuperación económica a la que tanto han contribuido.

En el real decreto aprobado –puede leer el texto aquí– también se contempla la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito por un importe superior a los 630 millones de euros destinados a diversos ministerios. Asimismo, contempla iniciativas para mejorar la liquidez de los ayuntamientos que tienen problemas financieros.

En este sentido, el ministro ha avanzado que los consistorios que cumplan determinados requisitos podrán recibir anticipos de carácter presupuestario destinados a pagar a sus proveedores y a cancelar sus deudas pendientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Unos 270 ayuntamientos, algunos de grandes ciudades de España, podrán beneficiarse de esta medida.

Por otra parte, la norma modifica la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de reducir la morosidad en el sector privado. Así, las empresas que quieran acceder a un contrato con la Administración Pública tendrán que estar al corriente de pago con sus proveedores. «Este ha sido otro de los grandes objetivos de esta legislatura: hacer frente a la morosidad, primero, en las administraciones públicas, pero también a la morosidad general en España», ha dicho.

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