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Los fiscales avalan los autos dictados contra los sediciosos

UPF

Emilio Manuel Fernández García, presidente de la UPF

Aunque aceptan que las decisiones de los jueces pueden ser criticadas por la opinión pública defienden el sistema “hipergarantista” de España

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha salido este jueves en defensa de los jueces y fiscales que trabajan en Cataluña y que estos últimos meses están siendo “durísimamente cuestionados” por las decisiones judiciales que han adoptado contra varios ex consellers de la Generalitat y representantes de asociaciones independentistas investigados por la Audiencia Nacional.

La UPF, asociación calificada de “izquierdas” por algunos sectores de la judicatura, reiteran su compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida.

Y aunque defienden que en un Estado democrático la crítica a los autos y sentencias judiciales puede ser ejercido con total libertad, eso no significa que se pueda “insinuar, en ningún caso”, que en España las garantías y derechos de las personas sometidas a un proceso penal no son equiparables a las de cualquier nación de su entorno.

“España es un Estado de Derecho en el que las decisiones judiciales y las solicitudes de la Fiscalía están sometidas, además de a un sistema hipergarantista en la instrucción y el enjuiciamiento de los investigados, al control y crítica de la opinión pública sin ningún tipo de cortapisa y con total transparencia”, aseveran.

“Pero -continúan- una cosa es mostrar disconformidad con las decisiones judiciales adoptadas y otra muy distinta cuestionar el sistema y la integridad e imparcialidad de quienes tienen la difícil labor profesional de asumir con responsabilidad la respuesta penal a los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los últimos tiempos”.

Los fiscales asociados a UPF ven “legítimo” que haya ciudadanos que lamenten que las decisiones judiciales “no se atemperen a la conveniencia u oportunidad política”, pero “ello no puede significar que nuestro sistema procesal, la división de poderes y las garantías del Estado de Derecho asentadas en nuestro sistema democrático no sean iguales para todos los ciudadanos a través del imperio de la ley”.

Si así fuera, finalizan, “la Unión Progresista de Fiscales sería la primera en denunciarlo”.

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