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Los etarras excarcelados tendrán que arrepentirse para recibir subvenciones

Soraya Sáenz de Santamaría

Soraya Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que se está estudiando cómo condicionar el pago de prestaciones asistenciales a los etarras que sean excarcelados en virtud del fallo del TEDH al pago íntegro de las responsabilidades civiles que tengan pendientes y a que se arrepientan de sus crímenes. Según puntualizó Sáenz de Santamaría, «si la Administración Pública hace un esfuerzo de solidaridad con personas que se encuentran en una situación de necesidad económica, a esas personas también se les debe poder exigir determinados compromisos, entre otros, que tengan cubiertas sus responsabilidades civiles y que se hayan arrepentido de sus crímenes».

Sobre el recurso interpuesto por la etarra liberada Inés del Río para reclamar la indemnización de 30.000 euros que fijó para ella el TEDH tras anular la doctrina Parot, la vicepresidenta apuntó que la Audiencia Nacional bloqueó esta cantidad «porque según los datos de la Fiscalía, Del Río aún debe dinero al Estado, que ha pagado a las víctimas 253.000 euros que no han prescrito».

Y en los ayuntamientos de Tafalla y Portugalete siguen coleando las decisiones del PSOE de no apoyar las reprobaciones de los etarras Inés del Río y Juan Manuel Píriz. Los concejales socialistas de los municipios navarro y vizcaíno decidieron ausentarse de las votaciones, impidiendo la aprobación de ambas propuestas. Los hechos han sido criticados por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, quien considera que es positivo que se note en los grupos políticos una «nítida diferencia con la izquierda abertzale». El ministro cree que sería conveniente que en decisiones municipales como las citadas «se notara esa nítida diferencia entre lo que es el mundo de la izquierda abertzale, que ha jaleado históricamente a ETA, que la ha aplaudido en todo momento, de lo que es el PSOE».

Pero el alcalde socialista de Portugalete, Mikel Torres, acusa al Partido Popular de «mercadear» con las víctimas y de querer que el Ayuntamiento se salte la ley para declarar persona «non grata» a Píriz porque el pleno municipal no tiene competencias para declarar a una persona «non grata».

Jueces y magistrados critican el apoyo del Gobierno a las víctimas

 

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