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Los estibadores enfangan la negociación

CTEM

Carta aireada por la CTEM en la reunión de hoy

Los trabajadores portuarios abandonan la mesa de negociación después de conocer las «nuevas» condiciones de la Patronal

Está prevista una nueva reunión la semana que viene

La reunión que esta mañana se ha celebrado en la sede del Consejo Económico y Social (CES) entre estibadores y la Patronal Anesco ha durado una hora y media escasa.

Las empresas han presentado una propuesta que, según Antolín Goya, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Mar (CTEM), «choca frontalmente» con el mantenimiento del empleo prometido. Goya ha asegurado que Anesco ha planteado «cambiar prácticamente todo el convenio colectivo del sector» y rebajas salariales del 30%.

A la espera de que las partes vuelvan a la mesa de negociación, el Ministerio de Fomento ha reprochado a los sindicatos que en la reunión de hoy hayan aireado una carta firmada por la presidenta de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, Karima Delli.

En la misiva, dirigida al ministro del ramo, Íñigo de la Serna, Delli -eurodiputada de los Verdes- contradice la opinión expresada por la Comisión Europea, ratificada por la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, en su reciente visita a España. En el Congreso, Bulc respaldó «plenamente» el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que cumple con la sentencia de la Justicia europea. A pesar de este apoyo incondicional y explícito por parte de las instituciones europeas, la oposición tumbó la reforma aprobada por el Ejecutivo la semana pasada.

«Estoy muy preocupada por la situación actual porque he sido informada de que la subrogación de los trabajadores no está incluida en el nuevo marco de referencia. Me gustaría amablemente pedirle garantizar la subrogación de los actuales trabajadores en la nueva legislación, y que se respeten completamente las condiciones laborales y sociales y la continuidad en el empleo. Además, me gustaría pedirle que dote al Acuerdo Sectorial y la negociación colectiva de un instrumento legislativo, para así mantener la estabilidad en un sector tan estratégico como la estiba, desestiba y actividades complementarias en los puertos españoles», dice textualmente la carta.

Desde Fomento lamentan el uso que han hecho los estibadores de una carta que carece de toda validez ya que Karima Delli no tiene ninguna competencia en el proceso abierto tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la normativa española de la estiba.

En el departamento dirigido por De la Serna remarcan que, a pesar de la opinión personal de Delli, la Comisión Europea no permite que el Real Decreto Ley que dé cumplimiento a la citada sentencia incluya la subrogación de los trabajadores de la estiba, objetivo primordial de los trabajadores de los puertos españoles, que piden una norma con rango de ley para asegurar sus puestos de trabajo en el proceso de liberalización del sector.

Fomento recuerda además a Delli -y de paso a los estibadores- que la única institución que se puede pronunciar sobre este asunto es la Comisión Europea, garante de los Tratados de la Unión y única institución que puede resolver qué normas son compatibles con el Derecho Comunitario.

En este contexto, la reforma de la estiba sigue en el aire. La semana que viene las partes volverán a la mesa de negociación, donde los trabajadores esperan que las empresas garanticen por fin la subrogación de la totalidad de los puestos de trabajo.

Los estibadores están dispuestos a bajar su sueldo un 6%, del que el 1% iría destinado a facilitar prejubilaciones y un 1% a mejorar la productividad a cambio de que se garantice el 100% del empleo actual.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, representante del Ministerio de Fomento en la pasada reunión, advirtió que la subrogación por ley no es posible ya que es contraria a la sentencia de la UE. Así, la subrogación sólo puede salir de un acuerdo entre patronal y sindicatos.

Este jueves Fomento insiste en que la garantía del 100% del empleo está asegurada con la propuesta del Gobierno, que está dispuesto a elevar el acuerdo a un rango normativo. Lo que no es posible es imponer por ley a las empresas la obligación de contratar a una serie de trabajadores.

El Ejecutivo ofrece importantes ayudas públicas a los trabajadores que voluntariamente rescindan su contrato. Según hicieron público los propios estibadores, podrán acogerse a las ayudas los trabajadores portuarios que lo manifiesten individualmente y a quienes resten 60 meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria a la fecha de entrada en vigor de la norma que ejecute la sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014.

Dichas ayudas consistirían en un subsidio equivalente al 70-80% del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos correspondiente a los seis meses anteriores a la baja, con un mínimo de tres veces el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

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