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Los ERE falsos continúan siendo investigados

Unai Sordo

Comisiones Obreras está metida en esto hasta el fondo…

El juez continúa el procedimiento contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 21,6 millones a Egmasa

El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa

El actual secretario general y candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, fue presidente de Egmasa desde 2004 a 2008

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las ayudas irregulares que la Junta de Andalucía concedió a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) por un importe aproximado de 21.673.680 euros.

Entre los nueve investigados en esta pieza separada del caso ERE se encuentran el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera; cinco representantes y directivos de Egmasa (Javier Serrano Aguilar, María del Mar Espejo Tudela, Antonio del Valle Jiménez, Pedro García González y Juan Jesús Jiménez Martín); un representante de Comisiones Obreras, Antonio Perianes; y dos responsables de la mediadora Vitalia, Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra Egmasa, Vitalia, Comisiones Obreras de Industria, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.

En el caso de Daniel Alberto Rivera, el instructor argumenta en el auto que ‘concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas -objeto específico del presente procedimiento-‘.

Las ayudas se concedieron ‘de forma injusta y arbitraria’ y ‘sin control de la Administración’. El magistrado precisa que el objeto de esta pieza separada del caso ERE ‘lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas excepcionales concedidas a Egmasa por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía’, señalando que ‘habrían sido concedidas de manera ilícita y arbitraria ayudas por importe aproximado de 21.673.680 euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde el año 2004 hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 16.069.391 euros (…), a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados ‘pagos cruzados’ (cantidades que abonaba la agencia IDEA para el pago de la prima de una póliza que, por orden del entonces director general a la compañía aseguradora, ésta aplicaba a otras pólizas o compromisos) ordenados por el titular de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero’.

El juez explica que la empresa pública Egmasa, dependiente de la Junta de Andalucía, presentó el 30 de junio de 2003 una solicitud de ERE para la extinción de 373 contratos de trabajadores por causas productivas y organizativas vinculadas con la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca, tras lo que, el 9 de septiembre de 2003, se firmó el acuerdo alcanzado por la empresa y los trabajadores para la tramitación del ERE mediante un documento donde se pactó una indemnización para los afectados por la extinción de los contratos de trabajo de 348 trabajadores.

El magistrado asevera que, ‘al objeto de financiar las indemnizaciones correspondientes al citado ERE, se conceden las subvenciones y ayudas ilícitas objeto de la presente causa’, agregando que, ‘para materializar tales ayudas y al margen de la legalidad, se suscribieron y elaboraron distintos instrumentos con los que se ofrecía una apariencia -en puridad inexistente- de legalidad al procedimiento de concesión y pago de las mismas’.

El juez considera que de lo actuado se deduce que las ayudas concedidas a Egmasa ‘carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad’, a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo ‘sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (…), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos’.

Y todo, según el juez, ‘sin control administrativo ni fiscalización, sin análisis económico alguno realizado por la Junta o por la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo que pusiera de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes’.

En el auto de 35 páginas notificado hoy a las partes y que puede leer aquí, el magistrado dice seguir con el procedimiento ‘por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos’ de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

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