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Los empresarios piden reformas para invertir los fondos europeos

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Para que la economía funcione es imprescindible que a los empresarios les salgan las cuentas

La CEOE ha remitido al Gobierno una propuesta para agilizar la distribución de los fondos Next Generation EU

Durante los próximos seis años España va a poder gastar 140.000 millones de euros para recuperarse de la crisis económica causada por el covid.

El denominado Next Generation EU contempla el ‘rescate’ a España con transferencias y créditos por valor del 11% del PIB del año 2019.

El Gobierno ha elaborado un plan para, con todo ese dinero, no solo ‘superar la crisis y recuperar el empleo’ destruido ya, sino también ‘modernizar’ la economía española y convertirla en ‘verde, digital, inclusiva y social’.

Suena muy bien pero a juicio de los empresarios el ‘España puede’, que así se llama el plan elaborado por el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos para gastar el dinero del ‘rescate’, es poco operativo por su complicada tramitación. Y eso, advierten los empleadores, podría frustrar la recuperación de la economía española y destruir aún más empresas y empleos. En Bruselas calculan que este año España pederá un 12,4% de su Producto Interior Bruto, siendo la economía de la Unión que acabe peor parada de esta crisis.

Para evitar la desaparición definitiva del tejido empresarial español, la Patronal sugiere eliminar las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones. ¿Cómo? Aprobando una norma de urgencia ad hoc que temporalmente excepcione, sin modificarlas, la aplicación de determinadas disposiciones de la legislación de contratación pública y de subvenciones.

En concreto, proponen aprobar un real decreto-ley con modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, así como de otras normas complementarias, que resulten exclusivamente de aplicación respecto de los procedimientos a los que se destinen los fondos europeos.

Más concretamente, la CEOE quiere acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción suspendiendo la necesidad de que sean calificados de urgentes. Ademas, pretende excluir la exigencia de garantía provisional y generalizar el uso de medios electrónicos. Suavizar las comprobaciones de crédito presupuestario para ahorrar tiempo también es importante para agilizar la tramitación de los procedimientos.

Incentivar la presentación de propuestas particulares a los principios del Plan Nacional, agilizar la colaboración público-privada, e incorporar a las entidades financieras en la concesión de las subvenciones ayudaría igualmente a que los fondos fluyan de forma adecuada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado una gira por España para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que usará para ejecutar 72.000 millones de euros de esos fondos europeos hasta el año 2023.

Y este lunes podrá tomar nota en primera persona de todas las recomendaciones de los empresarios españoles que, según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), contribuyen a crear más del 70% del empleo en España. Por cierto, en ese mismo informe el FMI reconoce que ‘las reformas laborales de 2012 catalizaron la recuperación respaldándose en una mayor flexibilidad del mercado laboral y reduciendo la tasa de desempleo en más de 13 puntos porcentuales’ desde su peor registro…

Pedro Sánchez presidirá en Moncloa la reunión preparatoria de la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia. Acudirán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, además del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Por parte del Gobierno asistirán la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Industria, Comercio y Turismo,  Reyes Maroto, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

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