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Los cuidados informales a mayores cuestan el 2,1% del PIB

EM

El 39,8% de los mayores de 65 años presentan soledad emocional (Imagen: EM)

El número de horas dedicadas por cuidadores no profesionales a cuidar a personas dependientes asciende a más de 4.000 millones al año

Se ha producido un cambio en las preferencias de los dependientes sobre sus cuidadores y lugar de residencia

En España hay 1.250.000 personas que cuidan de forma no profesional a familiares dependientes y que, según la última Encuesta de Discapacidad, Dependencia y Estado de Salud, elaborada en el año 2008, dedican cada año a esa tarea, al menos, 4.193 millones de horas.

De acuerdo con el estudio An estimation of the value of informal care to dependent people in Spain, publicado por la revista Applied Health Economics and Health Policy, todo ese tiempo tiene un valor estimado de entre 23.065 millones de euros y 50.160 millones, es decir, entre el 2,1% y el 4,6% del PIB de ese año.

Los estudios presentados hoy en Funcas reflejan que estas cifras son superiores a los recursos que se invierten en España en el sistema de atención a la dependencia (por debajo del 1% del PIB). Asimismo, cifras de otros estudios publicados permiten afirmar que el impacto económico del cuidado no profesional es capital, e incluso superior al gasto sanitario, en enfermedades como el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades raras, entre otras. Los cuidados paliativos ahorran hasta un 35% de los costes sanitarios.

Las mejores condiciones de vida, los avances médicos y la amplia cobertura sanitaria han contribuido a un aumento de la expectativa de vida de tal calibre que se ha convertido en uno de los principales hitos en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, la mayor longevidad se traduce en un incremento del gasto en servicios sociales y en una creciente importancia de los cuidados informales, aquellos que proveen familiares, amigos o vecinos.

Para Juan Oliva, profesor del Departamento de Análisis Económico y del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla-La Mancha y coautor de los estudios, «la valoración monetaria del tiempo permite contemplar mejor el enorme valor social del llamado cuidado ‘informal’ que habitualmente es invisible para la sociedad».

Existe otro prisma menos visible del asunto. La Escuela Andaluza de Salud Pública ha analizado los problemas y las cargas que soportan las personas cuidadoras: 2 de cada 3 refieren problemas de salud asociados a la prestación de los cuidados, 6 de cada 10 problemas en el ámbito laboral y 4 de cada 5 problemas en la esfera sociofamilar. En este mismo estudio se identifica que el apoyo social percibido actúa como protector para las personas cuidadoras, a la vez que las mujeres soportan mayor sobrecarga y presencia de problemas.

Según Oliva, «los cambios demográficos y sociales que estamos experimentando están modificando, aunque muy lentamente, la percepción social hacia este recurso de extraordinario valor en España. En Europa, los sistemas de cuidado de larga duración se están orientando hacia modelos mixtos, donde la responsabilidad en el cuidado es compartida entre el Estado y las familias. Las preguntas clave en este momento son: ¿Qué estamos dispuestos a hacer para cuidar el cuidado «informal»? Y, ¿conocemos los escenarios previsibles a los que nos trasladaríamos si, como sociedad, no tenemos éxito en este empeño?».

Celia Fernández Carro, del departamento de Sociología III de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha escrito un artículo recientemente en el que describe como en 2014 permanecer en casa con un cuidador externo era la primera opción (36%) de los dependientes, seguida de vivir con familiares (33%) y de las residencias o centros (31%). Para las personas de 50 a 74 años, sin embargo, la solución menos deseada era vivir con algún familiar. En este grupo se valoran más las residencias de mayores, especialmente para los varones (37%).

Fernández Carro también señala que el aumento sin precedentes de población mayor acontece en un contexto en el que las condiciones de salud de los mayores y las oportunidades para asegurar su calidad de vida se están transformando. Actualmente, la proporción de personas de 65 años supera a la de los menores de 40 años (más de 8,5 millones de personas cuenta con más de 65 años en España). Por un lado, el aumento de la esperanza de vida ha supuesto una expansión de la discapacidad severa. Las muertes por Alzheimer han aumentado un 61% en los últimos 10 años. Por otro, la disminución de la media de personas por hogar, la plena incorporación de la mujer al mercado laboral o el incremento de la proporción de población sin hijos comprometen la capacidad real de las familias para cuidar. España podría ser el segundo país más viejo de la OCDE en 2050.

Las nuevas directrices europeas proponen actuaciones en materia de vivienda, cuidados y servicios sociales que faciliten a las personas dependientes permanecer en sus viviendas como alternativa a la institucionalización. La reciente implementación de servicios públicos (ayuda domiciliaria, ayudas económicas y fiscales para cuidadores familiares, subvenciones para adaptar edificios y viviendas, dispositivos de teleasistencia, etcétera) y una tendencia creciente a recurrir a la contratación de cuidadores privados han diversificado la asistencia a la población dependiente. Así, el modelo tradicional de cuidados, en el que la única alternativa al hogar familiar eran las residencias, ha cedido protagonismo a una tercera opción: la casa propia con apoyos no familiares.

Si bien estudios previos mostraron que más de la mitad de la población residente en España (56%) escogería vivir con sus hijos o hijas si tuviera limitaciones físicas o cognitivas severas, la evolución reciente de estas preferencias indica una tendencia cada vez mayor a preferir cuidados formales, ya sean privados (costeados por el propio individuo) o públicos (financiados por las administraciones), en todos los grupos de edad y ambos sexos, en exclusiva o combinados con el apoyo de familiares.

Son las personas con bajos ingresos o sin estudios, los que viven en el medio rural o los católicos, los que prefieren residir con algún familiar. Por el contrario, es más probable que las personas con estudios superiores, cuyos ingresos les permiten vivir cómodamente y que residen en núcleos urbanos escojan la residencia para afrontar situaciones de dependencia.

Una vez más, las personas de entre 50 y 74 años que cuidan o han cuidado a un familiar dependiente tanto dentro como fuera del hogar suelen preferir permanecer en casa con ayuda como solución ideal. Sobre todo si las relaciones familiares son buenas. Ahora bien, todas tienen más confianza en que será la familia quien mejor las va a cuidar.

Como siempre las soluciones no son perfectas y esta última querencia genera algún «problema»en las relaciones entre hermanos y su particular forma de encarar los cuidados de sus padres mayores. La Fundación Artyme ha publicado una guía para ayudar en esta complicada tarea en la que en algunas ocasiones la sobreprotección puede llegar a anular la capacidad intelectual de las personas dependientes físicamente.

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