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Los condenados por rebelión no pueden presentarse a elecciones

Parlament Cataluña

Los lazos amarillos seguirán ahí si Puigdemont, Junqueras, Romeva y los demás son condenados

Cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera la pena

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que no son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado.

La sentencia, que podría aplicarse en un futuro a los líderes independentistas que están siendo procesados en la causa especial 20907/17 abierta por el «golpe» en Cataluña, se ha dictado en un recurso interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de consejero por haber sido condenado por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde durante 9 años.

El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

Sin embargo, el Tribunal Supremo afirma que, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia constitucional, es «certera» la interpretación que hizo el Cabildo, por lo que la declaración de incompatibilidad de González Arroyo para el cargo de consejero del Cabildo de Fuerteventura no vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución.

Considera la Sala que la cuestión se proyecta más allá del archipiélago canario, motivo por lo que la examina desde un plano general. Los magistrados se plantean si la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

La Sala destaca, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, la ejemplaridad social exigible a quien ejerce la función pública, máxime si es representante de los ciudadanos. En este sentido, indica que «lo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público. Incluso, en algún Estado haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo también es causa de inelegibilidad. En Dinamarca, una persona no puede ser elegible si ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Parlamento danés».

El tribunal considera que el artículo 6.2 de la LOREG en su última reforma tiene «un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al artículo 23.2 de la Constitución Española en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público».

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Picó Lorenzo, subraya que «la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito».

Por otra parte, el Tribunal Supremo rechaza que las críticas de un periodista al soberanismo vulnerasen el honor del pueblo catalán. La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el abogado de la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona que consideró que el periodista Federico Jiménez Losantos no vulneró el derecho al honor del pueblo de Cataluña con unas manifestaciones realizadas en su programa en septiembre de 2013, con ocasión de la cadena humana denominada Via Catalana cap à la independència, organizada en la Diada de aquel año.

La sentencia señala que las expresiones proferidas por el periodista no fueron referidas al conjunto de la ciudadanía catalana sino a un determinado sector político y social, el identificado con las tesis soberanistas, y a algunas personas e instituciones que el demandado situaba en ese sector.

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