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Los autónomos ponen deberes al Consejo de Ministros

Nadia Calviño

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene que hacer los deberes (Foto: JM Cuadrado)

Las tres asociaciones de trabajadores por cuenta propia más importantes de España acuerdan tres medidas «extraordinarias y urgentes» que el Gobierno debe tomar para evitar la quiebra de cientos de ellos

Un comercio medio con unas ventas brutas anuales de 120.000 euros perdería 12.000 euros de ingresos totales

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Las tres organizaciones de autónomos más representativas de España han enviado este viernes una carta a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que les ponen negro sobre blanco qué necesitan del Gobierno para no cerrar sus negocios y despedir a sus empleados ante la crisis del coronavirus.

La pandemia del covid-19 está creando innumerables problemas a los autónomos españoles, que ya ayer dejaron ver que las medidas anunciadas por Pedro Sánchez no les sirven para nada.

Previendo que el próximo martes, 17 de marzo, se celebrará un Consejo de Ministros -algunos ministros no podrán acudir por estar infectados o en cuarentena-, ATA, UATAE y UPTA han pedido a los titulares de las carteras que más les afectan que no dejen pasar la oportunidad de aprobar «tres medidas fundamentales y urgentes que pueden ayudar a paliar la crítica situación en la que se están viendo inmersos muchos autónomos».

La primera de ellas tiene que ver con la prestación por cese de actividad. Los autónomos piden al Gobierno que les garantice la prestación por cese de actividad. En relación a los autónomos que se vean obligados al cierre de sus negocios y abandono de su actividad ya sea por las decisiones adoptadas por los diferentes ejecutivos o por la falta de actividad, así como para aquellos que deban permanecer en sus domicilios para el cuidado de hijos y/o dependientes, se propone el reconocimiento y concesión automáticos de la prestación por cese de actividad entendiendo la epidemia como causa mayor.

En el caso de autónomos que se vean obligados a abandonar su actividad por cuidado de hijos o dependientes como consecuencia del cierre de los centros escolares y cuidado de dependientes, se propone la bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social.

En tercer lugar y para aquellos autónomos infectados o en cuarentena, y por tanto en situación de baja asimilada a accidente de trabajo (AT y EP), demandan la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social desde el primer día de la baja.

Actualmente estos autónomos percibirán el 75% de su base de cotización pero se verían obligados a seguir abonando la cuota excepto cuando dicha baja se extendiese más allá de los 60 días, reduciendo de forma importante los ingresos de dicho autónomo en esta circunstancia.

Estas tres medidas son «urgentes», señalan las tres asociaciones más importantes de trabajadores por cuenta propia de España, que no harían ascos a que en las próximas semanas el Ejecutivo de Pedro Sánchez permitiese a aquellos trabajadores autónomos con asalariados a su cargo, que se vean obligados por las circunstancias a realizar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), se bonifiquen al 100% las cuotas de los seguros sociales de los trabajadores afectados por la medida.

Tampoco les vendría mal «dotar de liquidez a todos los sectores de autónomos y establecer mecanismos de flexibilidad para el pago de obligaciones vinculadas a la actividad (hipotecas, alquileres, suministros) durante el tiempo de inactividad y falta de ingresos».

En UPTA han realizado cálculos sobre un comercio medio en el que el titular tenga un trabajador a su cargo y sufra un mes de inactividad. En este supuesto la reducción media de las ventas estaría en el 8% aproximadamente, pero en lo que se refiere a sus rendimientos netos anuales, esta cantidad podría incrementarse hasta un 25%, al tener que asumir gastos imprescindibles para mantener el negocio en funcionamiento. Además, hay que añadir las dificultades financieras y de liquidez que el problema puede acarrear y la pérdida de oportunidades comerciales de futuro.

Un comercio medio con unas ventas brutas anuales de 120.000 euros perdería 12.000 euros de ingresos totales. Teniendo en cuenta que los gastos mensuales correspondientes a los costes efectivos de la actividad se elevan a 7.200 euros, y suponiendo éstos el 60% de gastos sobre facturación, las pérdidas generadas en la renta neta al año podrían llegar a 12.000 euros. 

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