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Los agricultores ven ‘inútil’ la regulación sobre ‘venta a pérdidas’

Reyes Maroto

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, es la hacedora de la ley (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

ASAJA, COAG, UPA y las Cooperativas aseguran que el Real Decreto aprobado el  pasado viernes por el Consejo de Ministros es «un paso atrás inaceptable»

El sector pide su prohibición efectiva en la Ley de la Cadena Alimentaria

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y las Cooperativas agro-alimentarias han esperado a leer el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio que incluye la prohibición de las «ventas a pérdidas» para poner verde al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Los afectados por esta perniciosa práctica dicen que se han impuesto las tesis del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Reyes Maroto frente a las de Planas.

Auguran serios problemas jurídicos para que cualquier posible infracción derive en apertura de expediente. En este sentido, las organizaciones agrarias y las cooperativas consideran que se ha dado un «paso hacia atrás inaceptable».

En concreto, señalan que se ha legislado en contra de las propuestas del sector agrario, que había pedido que la prohibición de la «venta a pérdidas» se realizara modificando la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. Es más, aseguran que el propio Luis Planas hizo público este compromiso de forma reiterada.

Pero finalmente lo que han hecho es aprobar un Real Decreto-Ley que incluye la prohibición de las «ventas con pérdida» o «ventas a pérdidas» en supuestos en que se consideren prácticas desleales.

Esto significa, según los agricultores, complicar enormemente las denuncias. Advierten de que en la práctica el RDL es inútil para proteger a los productores porque los supuestos que definen la práctica desleal son interpretables y generan indefinición jurídica, lo que hace más difícil aplicar la norma.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, cree que la nueva normativa supone «reintroducir» la prohibición de la venta a pérdidas en la legislación española con mayor seguridad jurídica y conforme a la normativa de la Unión Europea (UE) sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores.

Planas explicó el viernes que el Real Decreto-Ley modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a pérdidas y que declaró nulo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en una sentencia de octubre de 2017.

El ministro de Agricultura concretó que con la norma aprobada y con la Ley para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria se dan «pasos adelante para la preservación del valor de los productos agroalimentarios en toda la cadena, en beneficio de los agricultores y ganaderos».

Pero a los agricultores no les convence los argumentos del ministro y piensan que lo que tenían hasta la sentencia del TJUE era una prohibición general de venta a pérdida al consumidor y bastaba con demostrar que el precio de venta era inferior al precio de compra (factura contra factura) para verificarlo. Pero ahora no sólo debe darse esto último sino que hay que demostrar que la práctica tiene carácter desleal.

Y ¿cuándo se puede considerar que tiene carácter desleal? Pues cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento; cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno; cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado; y cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.

Muy complicado todo, a juicio de los agricultores, que recuerdan que la sentencia del TJUE obliga al Gobierno español a reformular el ordenamiento jurídico para acomodarlo pero no a modificar únicamente la disposición afectada.

Por todo esto, insisten, se ha dado un paso hacia atrás en la eliminación de esta práctica y se complica con una norma «compleja, subjetiva y arbitraria».

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